El gobierno local de A Coruña llevará a Pleno una moción de apoyo a las actuaciones encaminadas a recuperar la titularidad y el uso público del Pazo de Meirás

La propuesta del grupo de gobierno solicita también que sea el Ayuntamiento de Sada la institución que lleve a cabo esta tarea. De hecho, la iniciativa que se presentará ante la Cámara propone que el Ayuntamiento de A Coruña se adhiera a los acuerdos adoptados por la corporación sadense el pasado 12 de agosto, así como apoyar, dentro de sus competencias, “todas las iniciativas que se desarrollen para garantizar el cumplimiento del acordado”.

En concreto, y entre otras cuestiones, la Corporación municipal del Ayuntamiento de Sada acordó en una sesión plenaria de carácter extraordinario instar a la Xunta de Galicia la que le permita gestionar directamente el régimen de visitas al Pazo de Meirás, así como demandar al gobierno autonómico que “realice todas las actuaciones tendentes a evitar y, en su caso, no autorizar, que sea la Fundación Nacional Francisco Franco quien gestione las visitas” a la antigua residencia de verano del dictador.

El grupo de gobierno local de A Coruña destaca también que el acuerdo adoptado por la corporación sadense solicita a la Xunta qué “exija a los y a las propietarias que detentan el inmueble a que cumplan con el régimen de visitas al BIC dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, con independencia de la resolución de los expedientes por los incumplimientos reiterados ya incoados, con la imposición de la máxima sanción prevista en dicha normativa para dichas infracciones”, así como formalizar una declaración institucional de condena expresa “ante los comunicados emitidos por la Fundación Nacional Francisco Franco, así como de apoyo a la memoria de las víctimas del franquismo”.

“Tanto la Xunta de Galicia como el gobierno del Estado deben dar el apoyo institucional necesario a todas aquellas actuaciones encaminadas a recuperar el Pazo de Meirás para la titularidad y el uso públicos”, advierte el grupo de gobierno coruñés, que recuerda que “la razón democrática exige que las víctimas obtengan memoria, justicia, respeto, reconocimiento y reparación”. “Esta no tendrá lugar mientras no se ponga fin al expolio que significó la adquisición del pazo por medio de la amenaza, la extorsión y la presión de la propiedad del Pazo de Meirás por el dictador, propiedad que siguen la detentar sus descendientes directos”, añade. “Hace falta reparar la honra y la dignidad de las personas que fueron robadas y forzadas a ceder dinero y propiedades bajo riesgo de represalias”, destaca.

El grupo de gobierno incide, del mismo modo, en que tanto la Ley de Memoria Histórica como la vigente legislación estatal de fundaciones deben tener como objetivo común “tanto un mayor reconocimiento de las víctimas de la represión en el primero caso, como el impedimento legal para que entidades como la Francisco Franco puedan impunemente y mismo al amparo de la legalidad democrática divulgar, louvar y difundir el terror franquista, en el segundo”.