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Feijóo destaca el Plan básico autonómico y la Ley de ordenación del territorio como claves para hacer de Galicia una de las comunidades con la legislación territorial más avanzada

Feijóo recordó que bajo la triple premisa de impulsar un urbanismo que favorezca el crecimiento ordenado, que respete el medio y el paisaje y que contribuya a la vertebración territorial, Galicia hizo una apuesta muy importante por actualizar y mejorar su marco normativo urbanístico, elaborando documentos tan importantes como las Directrices de ordenación del territorio; el Plan de ordenación del litoral; la nueva Ley del suelo; la Ley de medidas urgentes; la Estrategia del paisaje gallego; el Catálogo de los paisajes, que divide el territorio en 12 grandes áreas; o la Guía de colores y materiales.

Asimismo, se refirió al Plan básico autonómico, que identificará los 38.000 asentamientos de población de Galicia y pondrá al servicio de la cartografía de la Comunidad más de 43.000 planos, que recogen todas las afecciones sectoriales, desde las costas y las aguas a los elementos patrimoniales, pasando por las infraestructuras de transporte y las vías de comunicación; además de incluir la normativa aplicable en los diferentes casos.

Un plan que sustituirá a unas normas provinciales que tienen ya 27 años y que beneficiará a los 49 ayuntamientos que se rigen por estas normas y a los 170 municipios sujetos a normas subsidiarias municipales o PGOM no adaptados a la nueva Ley del suelo. Y, sobre su base se asentarán los futuros planes básicos municipales que, con la previsión de que estén listos antes de que finalice 2019, beneficiarán a los 49 ayuntamientos de menos de 5000 habitantes que no tienen planeamiento general. “En definitiva, el Plan básico autonómico beneficiará a más de 270 ayuntamientos que contarán con esta herramienta”.

Sobre la Ley de ordenación del territorio, cuya aprobación está prevista también en el próximo año, Feijóo incidió en que este documento pondrá a la Comunidad a la vanguardia a nivel nacional en cuanto a la seguridad jurídica de los instrumentos de ordenación supramunicipales. “Tendremos la legislación territorial más avanzada de España junto a Aragón y la Cataluña”, dijo, asegurando que con todos los avances urbanísticos, el Gobierno gallego aspira a que no haya ningún ayuntamiento sin PGOM (“desde 2009, se triplicó el número de ayuntamientos que cuentan con este instrumento, pasando de 33 a 98”), a avanzar en el desarrollo ordenado y sostenible del rural y a proteger el paisaje.

Feijóo concluyó destacando el trabajo de la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística que, el pasado año, realizó más de 1250 inspecciones con carácter preventivo, y batió el récord histórico de verificaciones de reposición de la legalidad, con más de 205 actuaciones, más del cuádruple que en 2009.

En relación a la APLU, subrayó además dos novedades que se implantan este año: la agencia asume las competencias delegadas de disciplina en todo tipo de infracciones, no sólo en las sujetas a licencia, sino también en las que requieren sólo comunicación previa; así como la competencia de resolver los recursos administrativos de reposición, siempre que el Ayuntamiento esté de acuerdo.
R.