Aprobada la creación en Vigo de la Agencia Europea de Pesca, tras el acuerdo de los ministros de Pesca de los 25 países miembros de la UE
Los ministros de Pesca de los Veinticinco alcanzan un acuerdo político por unanimidad sobre la creación de la Agencia Europea de Pesca que estará ubicada en la localidad gallega de Vigo, después de que decidiesen que la Comisión Europea (CE) dispondrá de seis miembros con derecho a seis votos en el Consejo de Administración del citado centro europeo. La cuota de poder de la CE en la Agencia de Pesca era el último obstáculo para lograr el consenso entre los ministros de Pesca. La propuesta inicial de Bruselas era que hubiera un representante de cada Estado miembro con zona costera en total son 20 y cuatro de la
CE, y que los países tuvieran un voto individual en las votaciones mientras que los representantes comunitarios un total de 10. Este punto fue rechazado en los últimos meses por la mayoría de los Estados miembros ya que consideraron que el Ejecutivo comunitario
tendría un poder superior al que ostenta en otras agencias europeas. Ante el consenso de que los Veinticinco de que cada miembro del Consejo de Administración tuviese un voto, el Ejecutivo comunitario exigió que se le aumentase su representación en el mismo. De ahí que
ahora se pase de cuatro a seis el número de representantes de Bruselas. Aún así, la cuota de poder de la CE en Vigo será superior a la que tenga en otras agencias europeas repartidas por los Veinticinco. Por ello, los Veinticinco aprobaron una declaración anexa, secundada por España, en la que se subraya que el número de representantes de Bruselas en esta Agencia se ha determinado por la naturaleza específica del tema de la pesca.
Además, se hace hincapié en que esta distribución entre Estados miembros y la CE no constituirá un precedente para la futura composición de otras agencias sectoriales europeas. Los Veinticinco ya se habían puesto de acuerdo sobre las competencias de la Agencia de Pesca pasando de cuatro a ocho las áreas de trabajo que inicialmente propuso Bruselas. Las cuatro misiones planteadas por la CE, y que habían sido aceptadas por los Veinticinco, se centran en primer lugar en la coordinación en el control e inspección de las capturas mediante el despliegue conjunto de los medios nacionales de control e inspección (buques, aviones, vehículos y otros equipos de vigilancia e inspectores, observadores y personal auxiliar). En segundo lugar, la Agencia acordará los planes de despliegue conjuntos con arreglo a una serie de criterios, parámetros de referencia, prioridades y procedimientos comunes de inspección, seguido de la asistencia a los Estados miembros para cumplir las
obligaciones que les incumben no sólo en aguas de la UE, sino también en el marco de los acuerdos pesqueros celebrados con países extracomunitarios. En cuarto término, el centro de Vigo asistirá a las capitales para cumplir sus tareas y obligaciones contraídas por la Política Pesquera Común (PCC). A estas cuatro, se añadieron la ayuda a los Estados miembros para armonizar la aplicación de la PCC, así como la contribución al trabajo de los Veinticinco en la investigación y el desarrollo de los equipos de inspección técnica. La séptima prioridad se refiere al entrenamiento y formación de inspectores y la coordinación en el intercambio de experiencias entre los socios europeos, mientras que la octava y última supone la coordinación de operaciones para combatir la pesca ilegal en aguas comunitarias.
Tras el acuerdo político falta una próxima tramitación formal en el seno del Consejo como punto sin discusión. A partir de ahí, el Ejecutivo comunitario iniciaría el proceso de selección para elegir al director ejecutivo de la Agencia de Pesca. Los dos candidatos más cualificados serán presentados al Consejo de Administración, que deberá elegir a uno de ellos por mayoría de dos tercios. El siguiente paso sería la captación de funcionarios comunitarios y el traslado administrativo a Vigo, con el fin de que el centro esté operativo en algún momento de 2006. Bruselas ya recomendó a los Veinticinco que este centro comunitario disponga de 49 empleados y un presupuesto anual de 5 millones de euros para el primer año, aunque la asignación de cuatro tareas suplementarias podrá incrementar ambas cifras.
CE, y que los países tuvieran un voto individual en las votaciones mientras que los representantes comunitarios un total de 10. Este punto fue rechazado en los últimos meses por la mayoría de los Estados miembros ya que consideraron que el Ejecutivo comunitario
tendría un poder superior al que ostenta en otras agencias europeas. Ante el consenso de que los Veinticinco de que cada miembro del Consejo de Administración tuviese un voto, el Ejecutivo comunitario exigió que se le aumentase su representación en el mismo. De ahí que
ahora se pase de cuatro a seis el número de representantes de Bruselas. Aún así, la cuota de poder de la CE en Vigo será superior a la que tenga en otras agencias europeas repartidas por los Veinticinco. Por ello, los Veinticinco aprobaron una declaración anexa, secundada por España, en la que se subraya que el número de representantes de Bruselas en esta Agencia se ha determinado por la naturaleza específica del tema de la pesca.
Además, se hace hincapié en que esta distribución entre Estados miembros y la CE no constituirá un precedente para la futura composición de otras agencias sectoriales europeas. Los Veinticinco ya se habían puesto de acuerdo sobre las competencias de la Agencia de Pesca pasando de cuatro a ocho las áreas de trabajo que inicialmente propuso Bruselas. Las cuatro misiones planteadas por la CE, y que habían sido aceptadas por los Veinticinco, se centran en primer lugar en la coordinación en el control e inspección de las capturas mediante el despliegue conjunto de los medios nacionales de control e inspección (buques, aviones, vehículos y otros equipos de vigilancia e inspectores, observadores y personal auxiliar). En segundo lugar, la Agencia acordará los planes de despliegue conjuntos con arreglo a una serie de criterios, parámetros de referencia, prioridades y procedimientos comunes de inspección, seguido de la asistencia a los Estados miembros para cumplir las
obligaciones que les incumben no sólo en aguas de la UE, sino también en el marco de los acuerdos pesqueros celebrados con países extracomunitarios. En cuarto término, el centro de Vigo asistirá a las capitales para cumplir sus tareas y obligaciones contraídas por la Política Pesquera Común (PCC). A estas cuatro, se añadieron la ayuda a los Estados miembros para armonizar la aplicación de la PCC, así como la contribución al trabajo de los Veinticinco en la investigación y el desarrollo de los equipos de inspección técnica. La séptima prioridad se refiere al entrenamiento y formación de inspectores y la coordinación en el intercambio de experiencias entre los socios europeos, mientras que la octava y última supone la coordinación de operaciones para combatir la pesca ilegal en aguas comunitarias.
Tras el acuerdo político falta una próxima tramitación formal en el seno del Consejo como punto sin discusión. A partir de ahí, el Ejecutivo comunitario iniciaría el proceso de selección para elegir al director ejecutivo de la Agencia de Pesca. Los dos candidatos más cualificados serán presentados al Consejo de Administración, que deberá elegir a uno de ellos por mayoría de dos tercios. El siguiente paso sería la captación de funcionarios comunitarios y el traslado administrativo a Vigo, con el fin de que el centro esté operativo en algún momento de 2006. Bruselas ya recomendó a los Veinticinco que este centro comunitario disponga de 49 empleados y un presupuesto anual de 5 millones de euros para el primer año, aunque la asignación de cuatro tareas suplementarias podrá incrementar ambas cifras.
R.
