Acuerdo marco para las diputaciones provinciales: PSdeG y BNG pactan las bases de gobernabilidad para A Coruña y Lugo

El PSdeG-PSOE y el BNG han alcanzado un acuerdo para la gobernación de las Diputaciones de Lugo y A Coruña, un documento marco en el que se explicita la apuesta por un modelo de organización administrativa del territorio gallego adaptada a la realidad de la comunidad.

El texto promoverá una nueva organización administrativa basada en ayuntamientos, comarcas y áreas metropolitanas. En cuanto al acuerdo para «llevar el cambio a las Diputaciones», éste pasa por gobiernos de coalición tanto en el ente provincial de A Coruña como en el de Lugo. En la primera, la presidencia recaerá en el candidato del PSOE y la vicepresidencia única en la del BNG; en el segundo, el PSOE asumirá la presidencia y una vicepresidencia segunda, mientras que el BNG ostentará las vicepresidencias primera y tercera. El reparto de responsabilidades obedece a un criterio de proporcionalidad «resultante de la media del porcentaje de diputados y del porcentaje del número de votos en cada provincia», asegura el BNG, según el cual se establecen criterios correctores que permiten un mayor respeto al pluralismo político existente en Galicia.

En ambas Diputaciones se constituirán comisiones paritarias para concretar y desarrollar la aplicación de este acuerdo. El Acuerdo Marco parte de la consideración de que durante 16 años «la hegemonía del PP en la Xunta de Galicia y en las Diputaciones Provinciales» fue un impedimento para que estos órganos, «diseñados para un modelo de organización territorial del Estado anterior a la restauración de la democracia y al hecho autonómico», se adaptasen a la realidad sociogeográfica de la comunidad.

Asimismo, continuó, los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado 27 de mayo expresaron «una voluntad de cambio» por parte de la sociedad gallega que las dos fuerzas políticas entienden que debe tener reflejo «en la composición de las Diputaciones provinciales». Por ello, PSOE y BNG acordaron impulsar, además de una nueva organización administrativa del territorio, la coordinación de las Diputaciones mediante una Ley de Coordinación de las Diputaciones provinciales y la elaboración de un Plan Único de Obras y Servicios.

En cuanto a los compromisos programáticos, en primer lugar ambas formaciones políticas se comprometen a revisar las «competencias ejercidas por los diferentes niveles político-administrativos» para evitar «las duplicidades» en la prestación de servicios.
En segundo lugar, se establece que el poder gallego ejercerá los mecanismos de control en el ámbito autonómico contemplados en la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Ésta establece que «la Xunta coordinará la actividad de las Diputaciones provinciales en cuanto afecte directamente al interés general de la Comunidad Autónoma y para estos efectos se unirán los presupuestos que aquellas elaboren y aprueben a los de la Xunta».

Así, se promoverá la comparecencia reglada de los presidentes de las Diputaciones en el Parlamento gallego. También se establecerá como prioridad en la acción política de las Diputaciones la cooperación y asistencia a los ayuntamientos «introduciendo baremos objetivos en la implementación de estas políticas», y se coordinará la gestión con la Xunta «en los ámbitos en los que la comunidad autónoma es la titular de las competencias». Una comisión de seguimiento con representación paritaria de las direcciones de ambas organizaciones velará por el seguimiento global de los acuerdos marco nacionales para ayuntamientos y Diputaciones suscritos por PSOE y BNG.