Comisión Ciudad de la Cultura: El ex conselleiro Pérez Varela asegura que tiene las manos limpias y defiende la gestión del proyecto que hizo el PPdeG

El ex conselleiro de Cultura, Comunicación e Turismo y ex presidente de la Fundación de la Cidade da Cultura (CdC), Jesús Pérez Varela, afirmó que tiene "las manos limpias" en relación a las críticas del BNG respecto a que el complejo en construcción en el Monte Gaiás, en Santiago de Compostela, era "un gran negocio personal y político" para él. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la Cidade da Cultura, Pérez Varela admitió sentirse "muy orgulloso" del complejo promovido por la Xunta a partir del diseño del arquitecto norteamericano Peter Eisenman, del que dijo estar convencido de que "cada euro invertido por todos los gallegos se van a recuperar diez" y que será "un icono" que difunda una nueva imagen de Galicia.

El ex conselleiro hizo una primera intervención en la que recordó que la Cidade da Cultura "estuvo dos veces en los programas electorales del PP" y resaltó que este complejo arquitectónico y cultural "va mucho más allá de un proyecto de partido" y es "un proyecto de pueblo" y "un proyecto de Estado" que se inserta en el "ámbito internacional". También resaltó que era un proyecto "diseñado milimétricamente por un equipo interdisciplinar de la Xunta", para detallar la concepción de que "tres edificios emblemáticos" como la Biblioteca Central de Galicia, el Museo da Historia de Galicia y un Centro de Nuevas Tecnologías, a los que se sumaban un Teatro da Música o de la Ópera para "liderar el Noroeste peninsular" y un Bosque de Galicia para atender al medio ambiente y dar prioridad a las especies en peligro de extinción.
Así, Pérez Varela aludió a la Cidade da Cultura como un proyecto "emblemático" y llamado a "romper los tópicos" vinculados a los gallegos. Asimismo, defendió que la gestión del proyecto desde su gestación en 1999 -con un concurso de ideas internacional que admitió fue "polémico y discutido"- hasta 2005 fue "impecable" y que "no hay una sola irregularidad", algo que además consideró "imposible" por la actuación realizada por los 60 técnicos y funcionarios.

Según Pérez Varela, "no hay en la historia de la comunidad un proyecto más visto con una lupa que la Cidade da Cultura". También subrayó que el proceso "estuvo controlado con un sistema interconsellerías". Así, puntualizó que los "reproches" recogidos en el Informe del Consello de Contas de 2004 --que originaron la creación de la comisión de investigación-- son "terriblemente opinables y que ninguno tiene fundamento legal". En relación a la adjudicación de los dos últimos edificios del complejo por un gobierno autonómico en funciones, el ex conselleiro admitió que fue "duro", pero lo relacionó con el adelanto electoral --de octubre a junio de 2005-- y con el hecho de que el regidor de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG) --al que calificó de "gran alcalde"-- "pidió que se siguiese" el ritmo previsto. En un momento, el portavoz del PSdeG en la comisión, Xaquín Fernández Leiceaga, preguntó a Pérez Varela sobre si el desvío de "más de 200 millones de euros" sobre el presupuesto del concurso de ideas -de 108 millones en 1999 a 373 millones previstos en 2005- se debió a que "se encaprichó Eisenman y él lo dejó". Al respecto, el ex conselleiro concretó en 284,5 millones de euros -la obra contratada por el anterior Ejecutivo- el "coste total" de la Cidade da Cultura, al que habría que sumar 37 millones de euros en lo que está presupuestada la segunda fase de urbanización. Así, aseguró que "lo que suba de ahí no es responsabilidad" del anterior gobierno del PP en la Xunta. "Será de ustedes", añadió.
Sobre este asunto, el portavoz del PPdeG en esta comisión, Ignacio López Chaves, recordó que el BNG habla ahora de 500 millones de euros -por una estimación realizada tras la visita al complejo por el portavoz nacionalista Carlos Aymerich- y sobre este aumento del coste se preguntó "en qué obras si está todo adjudicado"

Pérez Varela se centró en responder a las preguntas sobre el desvío de fondos formuladas por Leiceaga (PSdeG) e, inicialmente, eludió las realizadas por el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, que calificó de "actuación" la primera intervención del ex alto cargo e insinuó que éste se benefició del proyecto. Así, las preguntas de Aymerich en torno a que la construcción de la Cidade da Cultura era "un gran negocio personal y político" para Pérez Varela, debido a un presunto entramado de empresas, originó un cruce de descalificativos. A la alusión a la empresa que ha creado con su mujer -Chuvieira SL-, el ex conselleiro exclamó primero fuera de micrófono "miserable", el parlamentario nacionalista le contestó con un "delincuente". Este asunto provocó que el diputado del PPdeG, Ignacio López Chaves, reclamase que se retirase el descalificativo aplicado al compareciente, algo que Aymerich hizo al final del debate, aunque en un principio se limitó a añadir el término de "presunto". Inicialmente el ex conselleiro aseguró que "no iba a replicar" a Aymerich, al que le acusó de "no poner documentación" para sustentar sus acusaciones y sobre el que dijo él sí tiene "un camión" de documentos. Cuestión a la que el parlamentario nacionalista respondió con: "El señor de las listas negras, de la poca honradez y de la poca verdad no me va a dar lecciones de democracia".

El diputado del BNG insistió en preguntar "cómo y cuánto había crecido" el patrimonio de Pérez Varela desde que entró como conselleiro hasta que dejó su cargo. Una cuestión sobre la que el parlamentario del PSdeG recordó al ex conselleiro la "obligación" de declarar su patrimonio y que dijo serviría para "clarar" lo que señaló como "alguna sobra de duda". En este punto, López Chaves (PPdeG) respondió "a las falsedades, insultos y mentiras" reprochando al bipartito que "se coloque afiliados y sus redes familiares". "Se están empezando a poner nerviosos por las próximas comparecencias", aseveró en alusión a la proximidad de las intervenciones de altos cargos de la actual Xunta. Según el parlamentario popular, tendrán que explicar el retraso de obras para "encargar estudios a empresas de miembros del BNG", la contratación de personas con menor cualificación y los contratos "sin someterse a la Intervención Xeral de la Xunta".

Al final, el ex conselleiro afirmó que "no quiere llamar miserable a nadie", pero recriminó que "no se puede comenzar insultando". Afirmó que "tiene las manos limpias" y que su patrimonio está en la Declaración de la Renta, al tiempo que dijo que "no es rico" y que, como cualquier gallego, está "hipotecado". Admitió que tiene "una modestísima empresa" que gracias a "gente de fuera de Galicia" le da "pingües beneficios".
Por último, acabó elogiando a su mujer y a sus tres hijos y bajo un tono de voz que mostraba su emoción le advirtió a Aymerich que "no toleraba lo que dijo" y recordó que las personas aludidas en relación al entramado de empresas son "mayores de edad". Por último, concluyó: "A seguir para adelante aunquE no tenga un peso, Jesús Pérez Varela".

El conselleiro de Economía durante las cuatro legislaturas del PPdeG, José Antonio Orza, defendió el "exquisito control" que su departamento hizo de las partidas reguladas para la Cidade da Cultura hasta su salida del poder, en agosto de 2005, pero subrayó que su Gabinete no era "responsable de la gestión ni de la ejecución directa" del proyecto. En su intervención en la comisión parlamentaria de investigación sobre las obras del Gaiás, Orza recordó la fijación de una cuantía máxima anual para evitar "poner en riesgo proyectos importantes" para Galicia o "dejar de atender necesidades de gasto social y productivo" y aseguró que la supervisión de las cuentas y el control interno "se hizo exquisitamente". Así, destacó la necesidad de informar al Consello de la Xunta de cualquier decisión que superase los tres millones de euros y, en respuesta a las críticas de los grupos que apoyan al Gobierno sobre el oscurantismo en la ejecución de la Cidade da Cultura, declaró: "No eludo mis responsabilidades, pero tampoco voy a tomar las que no me constan".

En este sentido, explicó que, aunque era vicepresidente del Patronato de la Fundación Cidade da Cultura -en su calidad de conselleiro-, sus funciones no eran "ejecutivas" y "no se diferenciaban de las habituales" de un número dos en un órgano de estas características, a excepción de que su firma debía acompañar determinados contratos. Además, aprovechó para reivindicar que se "esforzó en ejercer" sus competencias como titular de Economía, tanto en las funciones de intervención como en el control de la financiación. En esta línea, explicó que, aunque las fundaciones requieren un control financiero, desde 1999 se decidió adoptar uno de tipo permanente para dar cuenta de "determinados gastos" a la Intervención Xeral de la Comunidad. "Y se hizo exquisitamente", reiteró.

"¿Qué control más importante puede hacer un conselleiro que fijar una cuantía máxima sin poner en riesgo proyectos importantes para Galicia y sin dejar de atender otras necesidades de gasto, social y productivo", cuestionó el actual diputado, quien mantuvo a lo largo de su comparecencia que la "única decisión" adoptada por su departamento se refirió a las cuantías de crédito para programa.
Al respecto, garantizó que "se actuó correctamente" y declaró que, en la periodificación de los gastos, "Economía cumplió". En consecuencia, preguntado por si daría luz verde igual al complejo si hubiese conocido la cuantía que finalmente exigirá de las arcas públicas, se mostró convencido de que la Cidade da Cultura recuperará la inversión porque "dará beneficios en muchos ámbitos". En este sentido, confirmó que en principio no se conocía el coste global, puesto que se había estipulado uno inicial de mera "referencia general", pero que "precisaba ser explicitado" a medida que se dispusiese de los proyectos, ya que se trataba de una iniciativa "compleja" surgida de un concurso de ideas para un "programa por desarrollar".

Según él, estas circunstancias, "en mayor o menor medida, incrementaron los costes de inversión" -"no es necesario insistir en que el coste era una referencia genérica y global", reiteró- y recordó el límite anual de 50 millones para asegurar la continuidad del proyecto sin "desatender otras políticas de gasto prioritarias". De igual modo, admitió que "se pueda cuestionar" si la fundación era el "instrumento adecuado", puesto que este tipo de organismos "no prevén control a priori, sino que están sujetos a control financiero", pero apuntó que era una fórmula beneficiosa desde la "perspectiva fiscal" para atraer inversión privada. No obstante, en respuesta al parlamentario del BNG Carlos Aymerich, reconoció que "no sabe" si en 2002 se elaboró el informe de la auditoría interna de la Intervención Xeral de la Comunidad. "No lo sé y no sé si puedo trasladar datos al respecto porque están en la consellería. Si tuviera alguna fórmula para verificar si ese informe se emitió, lo haré, pero no hay razón para pensar qué pasó", explicó. En este sentido, interpelado por qué desde 2001 no se hicieron controles al respecto, consideró que "lo importante era tener una primera información" en una doble dirección: explorar fórmulas de financiación extrapresupuestaria y conocer una "aproximación" económica, dado que la entrada en servicio del complejo -en el horizonte de 2010- "no era cercano".

No obstante, las explicaciones del ex titular de Economía no convencieron a los grupos que apoyan al bipartito, que denunciaron la discrecionalidad del funcionamiento de la fundación y el incremento de los gastos, al punto de que el nacionalista Carlos Aymerich denunció la existencia de una "red que intentó sacar tajada de la Cidade da Cultura". Así, aunque admitió que el alcance de la actuación de Orza fue relativo, subrayó que fue "responsable porque era vicepresidente del Patronato, porque no controló como conselleiro y porque no puso reparo a todo lo que se hacía". "Aplaudió todas sus actuaciones", reprobó al durante 16 años responsable de la gestión económica del Gobierno de Fraga, a quien recordó la malla de personas próximas al PP que se "beneficiaron" de obras en el Gaiás, como Eladio Cuiña, hermano del ex conselleiro de Política Territorial.
Por todo, lo acusó de "abdicar y asumir la teoría de Pérez Varela", por entonces titular de Cultura, de quien recordó la frase que trasladó al arquitecto, Peter Eisenman, de que "el control del dinero público es un mero trámite". "¿Por qué desde 2001, cuando se elaboró el informe de la auditoría, no tomó ninguna iniciativa más para estudiar la viabilidad financiera, ya desistió cuando vio que era imposible de controlar", se preguntó.

Por su parte, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga censuró el incremento presupuestario, con cifras que multiplicaron por tres la inicial, y cuestionó si existió algún documento que cuantifique los nuevos costes o la necesidad de "someterse a algún criterio de gestión". "Conocemos la auditoría de la Intervención de 2000 y 2001, pero no consta otra y eso que a partir de entonces es cuando el proyecto cogió una mayor velocidad de crucero", declaró. Mientras, el diputado del PPdeG Ignacio López-Chaves acusó al bipartito de no haber remitido a la comisión parte de la documentación requerida y aseguró que las evaluaciones que no se han realizado corresponden al período del nuevo Gobierno, al que acusó de "tratar de ocultarlos" a la Intervención Xeral. De igual modo, detectó en el nuevo Gobierno un "desvío de fondos e irregularidades" que, según él, "pueden conllevar consecuencias", y aprovechó para subrayar que el informe del Consello de Contas que, en parte, motivó la creación de esta comisión, "no tiene una sola palabra que hable de irregularidades", así como que no existe "ninguna sentencia anulando ningún contrato de los muchos que existieron".