La Fiscalía del Tribunal de Cuentas detecta indicios de responsabilidad contable en la gestión de la Ciudad de la Cultura

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia "indicios de responsabilidad contable" en la gestión del proyecto de la Cidade da Cultura (CdC), complejo arquitectónico y cultural en construcción en el Monte Gaiás de Santiago de Compostela a instancias de la Xunta de Galicia, según confirmaron a Europa Press fuentes del órgano fiscalizador. Estos indicios fueron detectados a raíz de la revisión del informe del Consello de Contas que fiscaliza el ejercicio de 2004 referido al proyecto ideado por un gobierno de la Xunta presidido por Manuel Fraga (PP). A partir de ahora, según la citadas fuentes, se abre un procedimiento que es "largo y durará varios meses", ya que habrá que comprobar que realmente existe delito o ver si se debe suspender la causa.

A partir de ahora el consejero ponente del Tribunal de Cuentas tendrá que examinar la documentación que dio pie a la Fiscalía -que depende de la Fiscalía General del Estado- y, si lo considera oportuno, demandar más; ya que deberá comprobar los indicios. En el caso de que se confirmen las sospechas de irregularidades y se determine la existencia de delito contable una sentencia puede establecer "la devolución al erario público" del dinero.

Fuentes del Consello de Contas de Galicia señalaron a Europa Press que el organismo "no se pronuncia" sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de abrir diligencias a raíz del contenido del informe fiscalizador de 2004.

El portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario del PPdeG, Ignacio López-Chaves, aseguró hoy que su grupo está "de acuerdo" con investigar todo lo referido a la Cidade da Cultura y analizó que lo que sucede ahora con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas es "lo mismo" que ocurrió en Galicia, donde la Fiscalía inició un procedimiento que inicialmente un Juzgado de Santiago decidió archivar y contra el que se presentó recurso. Por tanto, López-Chaves analizó que "no es ninguna novedad", ya que recordó que el fiscal actuó en Galicia y ahora lo hace también en Madrid. De hecho, el parlamentario del PPdeG recordó que "el fiscal del Tribunal de Cuentas es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del fiscal general del Estado".

Por su parte, al conocer la noticia, el alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG), en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, analizó que lo que sucede es que el Tribunal de Cuentas "no ve claro un tema" y, por ello, "abre diligencias para pedir aclaración". Puntualizó que "no quiere decir" que haya irregularidades, sino que se abre un proceso para decidir si se toma en cuenta o no lo detectado a raíz de la revisión del informe del Consello de Contas y, a partir de ahí, tomar otras iniciativas.

El proyecto comenzó en 1998 con unas estimaciones de 108,5 millones, según el concurso internacional de ideas para escoger el proyecto arquitectónico; una cantidad que subió hasta unos 132 millones con los proyectos iniciales y se cuantificó en 373 millones, según recoge el informe del Consello de Contas referido a la fiscalización de la Fundación Cidade da Cultura en el ejercicio 2004. Sin embargo, a raíz de la comisión de investigación del Parlamento de Galicia, celebrada en los últimos meses de 2007 y que tuvo también por origen el informe del Consello de Contas, el actual Gobierno gallego --integrado por PSdeG y BNG-- reconoció que estima el coste final de la actuación en 475,9 millones.

El informe del Consello de Contas de Galicia referido a 2004 fue aprobado por el órgano fiscalizador en mayo de 2007 y siguió su procedimiento habitual. Así lo reconoció a mediados del pasado octubre en la Cámara gallega el actual conselleiro maior de Contas, Antonio López, quien dijo que hubo "unanimidad" en la aprobación del informe y le dio "el trámite habitual", sin entrar en la existencia o no de responsabilidades contables o penales, que atribuyó al Tribunal de Cuentas y a los correspondientes órganos judiciales, como la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El pasado 13 de agosto 2007 una particular, vinculada con la CIG, remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el informe del Consello de Contas acerca de la Fundación Cidade da Cultura referido al ejercicio de 2004. Entonces la Fiscalía del alto tribunal gallego apreció "aparentemente indicios de criminalidad" aunque "intuitivos". Por ello, emplazó a la sala de guardia de Santiago que indagara, lo que hizo, finalmente, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega, María Elena Fernández Currás, quien dio por concluida sus pesquisas con el auto fechado el 25 de octubre.

A principios del pasado mes de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela decidió archivar provisionalmente la causa abierta para aclarar las supuestas irregularidades detectadas en el informe del Consello de Contas en la gestión del complejo cultural de la Cidade da Cultura al no considerarla constitutiva de delito. Este auto judicial admitía la existencia de un "desfase presupuestario", pero al comprobar una "contraprestación, no existe malversación y, por tanto, no hay causa penal".

A los pocos días, la propia Fiscalía del TSXG interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al auto de archivo de la causa dictado por el Juzgado de Santiago y argumentó la necesidad de indagar si la desviación de gasto "desmesurada" esconde "un fraude que benefició a alguien". Así, desde la Fiscalía del alto Tribunal gallego se abogó por practicar "pericias contables o financieras" para determinar si el actual nivel de gastos "es ajustado o no" porque existe "una desviación presupuestaria" que hay que aclarar si se debe "a las peculiaridades de la obra o si esconde beneficios para alguien". Este recurso está pendiente de resolverse.

Frente al cierre "prematuro" de las diligencias, la Fiscalía defendió que, en relación a la CdC, "aparecen datos más que suficientes" como para "entender que ha de desarrollarse una investigación profunda, seria y pormenorizada de muchos de los aspectos relativos a esta obra, su adjudicación y gasto". Por su parte, la autora de la denuncia por supuestas irregularidades en la gestión de CdC, también presentó a principios de noviembre un recurso -sin el apoyo de su sindicato, pero sí de la 'Plataforma Cultura Si, Mausoleo No'- contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de archivar las diligencias sobre responsabilidades penales en relación a las obras y cuentas del complejo.

Este recurso solicita al juzgado compostelano que dicte una nueva resolución "con el fin de depurar las posibles responsabilidades penales", tras su decisión el pasado día 2 de noviembre de archivar provisionalmente la denuncia al considerar que, aunque hubo "desfase presupuestario", no se produjo "malversación y, por tanto, no existe causa penal".

En este contexto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también aprecia "indicios de responsabilidad contable" en la gestión del proyecto de la CdC, complejo arquitectónico y cultural en construcción en el Monte Gaiás de Santiago de Compostela a instancias de la Xunta de Galicia, según confirmaron hoy a Europa Press fuentes del órgano fiscalizador. Estos indicios fueron detectados a raíz de la revisión del informe del Consello de Contas referido al proyecto ideado por un gobierno de la Xunta presidido por Manuel Fraga (PP). A partir de ahora se abre un procedimiento que es "largo y durará varios meses", ya que habrá que comprobar que realmente existe delito o ver si se debe suspender la causa.

Una vez que se determine el consejero ponente del Tribunal de Cuentas encargado del proceso, este tendrá que examinar la documentación que dio pie a la Fiscalía -que depende de la Fiscalía General del Estado- y, si lo considera oportuno, demandar más; ya que deberá comprobar los indicios. En el caso de que se confirmen las sospechas de irregularidades y se determine la existencia de delito contable una sentencia puede establecer "la devolución al erario público" del dinero.

Junto a estos procesos judiciales abiertos, la gestión de la CdC también fue objeto de investigación en una comisión creada en el Parlamento de Galicia, que en durante los últimos tres meses y medio de 2007 analizó 40.000 folios de 55 bloques de documentación, escuchó a 33 comparecientes y trató de elaborar unas conclusiones conjuntas, aunque finalmente no fue posible.

En un pleno extraordinario de la Cámara gallega, el último del pasado diciembre, los votos de los diputados socialistas --todos menos el del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño-- y nacionalistas se unieron para aprobar el dictamen que previamente habían pactado ambos grupos parlamentarios y aprobado en comisión, mientras que el PPdeG defendió en solitario su voto particular. Touriño, que también es secretario general del PSdeG, abandonó su escaño durante la votación en pleno del dictamen para escenificar su rechazo a que las conclusiones sean remitidas a la Fiscalía del TSXG, una medida que fue aprobada con los votos de su propio grupo parlamentario y del BNG. Entonces explicó que evitó votar el dictamen "por coherencia", ya que defiende que "no es lo mejor contribuir a judicializar la vida política en ningún caso" y defiende que la función del Parlamento "acababa" es la de poner "luz y taquígrafos, transparencia y rigor a investigar lo sucedido en la gestión por el anterior Gobierno".

Las conclusiones aprobadas por los socios en el bipartito recuperan la información existente sobre la Cidade da Cultura y establece conclusiones referidas al periodo 1997-2005, donde se denuncia la "falta de transparencia" del anterior gobierno del PP en la Xunta y otras consideraciones; y al periodo 2005-2007, donde alude a la redefinición del proyecto y a una "buena administración", entre otras cuestiones.

Las conclusiones y recomendaciones del dictamen acordado por PSdeG y BNG hacen alusión a la convocatoria de concursos arquitectónicos; a que proyectos de similares al complejo en construcción en el Monte Gaiás, en Santiago, se fundamenten "en una motivación precisa"; a la necesidad de "regular" la actuación de ejecutivos en funciones para "evitar que hipotequen o condicionen al gobierno entrante"; a la regulación para el control económico-financiero de los entes instrumentales; y a otras consideraciones. También inciden en que se debe pedir al Gobierno gallego, "con certificación de Hacienda", la copia de declaración de bienes patrimoniales del ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela y al Consejo de Administración de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) que remita informe de "eventuales incompatibilidades" de este representante del PP por su empresa Chuvieira SL. Por último, establecen que se envíe al Ministerio Fiscal todas las conclusiones, "porque ya tiene actuaciones en marcha" respecto a la CdC.

El Parlamento de Galicia aún tiene que remitir a la Fiscalía el informe de la comisión de investigación sobre la CdC, un asunto que deberá decidir la Mesa, previsiblemente en las próximas reuniones.