Los altos cargos deberán esperar al menos dos años después de su cese para trabajar en empresas privadas vinculadas con sus poderes

Las personas que desempeñen un alto cargo en la Xunta no podrán realizar actividades privadas que estén relacionadas con los expedientes sobre los cuales dictasen resoluciones hasta que no hayan transcurrido dos años desde su cese y tampoco podrán firmar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con administraciones públicas en ese mismo plazo. Así lo estipula el decreto aprobado hoy por el Consello de la Xunta para regular los registros de actividades, que tendrá carácter público, y de bienes patrimoniales, que será reservado al acceso de los ciudadanos.

Ambos registros, que suponen actualizar la ley de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de 1996 y desarrolla la normativa de transparencia promovida por el bipartito en 2006, serán gestionados por la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, que se creará próximamente. El decreto obliga a que los altos cargos presenten ante esta oficina, en un plazo de tres meses desde su toma de posesión y desde su cese, sus declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, así como cualquier modificación en sus circunstancias.

Así, cuando un miembro de la Xunta cese en su cargo, también deberá dirigir a este registro una comunicación en la que conste la actividad, bien pública o privada, que va a desarrollar y que especifique si va a ser por cuenta propia o ajena.

En virtud de este decreto, los miembros del Gobierno autonómico, los secretarios y directores xerais, los delegados y representantes en entes con personalidad jurídica pública, los responsables de organismos autónomos, el personal eventual con tareas de confianza o asesoramiento, los representantes en empresas en las que la Xunta tenga más del 50% del capital y en general, los trabajadores cuyo nombramiento sea aprobado por Consello deberán suscribir una declaración en la que conste que no incurren en ninguna incompatibilidad. El registro de actividades en el que los altos cargos harán constar cualquier operación, negocio, empresa o sociedad pública o privada que les proporcione ingresos económicos o en los cuales tengan participaciones o intereses se hará público en el Diario Oficial de Galicia y a través de Internet. Por contra, el registro de bienes patrimoniales, que recogerá los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de las que sean titulares altos cargos, los valores o activos financieros negociables o sus participaciones en sociedades, así como las últimas declaraciones tributarias del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, tendrá un carácter reservado. De esta forma, sólo podrán acceder a sus datos el Parlamento, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y el Valedor o el Defensor del Pueblo.

Propuesta de reducción de altos cargos

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, planteó la conveniencia de que la Xunta reduzca el 20% de sus altos cargos para hacer frente a la actual situación de crisis económica y se comprometió a que los ayuntamientos gallegos gobernados por los populares congelarán sus gastos. Al término del Comité de Dirección del PPdeG, Feijóo consideró "necesario" y "factible" este "plan de austeridad" con el que, según sus cálculos, la comunidad ahorraría entre 15 y 20 millones de euros. Además, para demostrar que es una propuesta "razonable", recordó que la Comunidad de Castilla y León --gobernada por el PSOE-- o la de Madrid --gobernada por el PP-- ya han puesto en marcha planes similares.

Así, aseguró que si él estuviese al frente del Gobierno gallego reduciría en un 20 por ciento el número de los directores y secretarios xerais que componen el organigrama de la Administración autonómica así como de los presidentes de organismos y entidades públicas. En la misma línea, propuso rebajar entre un 25 y un 30 por ciento el personal de confianza y los gastos de representación, protocolo y publicidad de la Administración autonómica.

El "plan de austeridad" propuesto por el PPdeG incluye también a otras instituciones y administraciones. De este modo, defendió congelar tanto los salarios de los 75 diputados del Parlamento gallego como los sueldos de los alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones. También reivindicó la necesidad de reducir las dedicaciones exclusivas de los ediles en las siete grandes ciudades gallegas.

Según Feijóo, su partido es "el primer obligado" por la propuesta, de modo que, según anunció, los ayuntamientos gallegos gobernados por el PP aprobarán mociones para congelar los salarios y los gastos ordinarios de las administraciones locales. El presidente del PPdeG destacó que estas propuestas son "de sentido común" y no tienen "color político" y las justificó por la necesidad de que la clase política dé "un ejemplo de coherencia" a las familias con dificultades económicas. "Hay dos formas de afrontar la crisis: subir los impuestos y que los ciudadanos ayuden a los gobiernos o reducir impuestos y que sean los gobiernos los que ayuden a los ciudadanos", razonó, y, tras sentenciar que "no se pueden subir" los gravámenes a la población, instó a la Xunta a "recobrar la lógica presupuestaria" para dar "estabilidad" y "confianza".

Feijóo explicó que este fue el principal asunto tratado en la reunión de los populares porque es el que "más preocupa" a los ciudadanos debido al "desplome" de los indicadores económicos en los últimos meses. Aunque el PPdeG "ya advirtió" el pasado año 2007 de que la mala situación económica iba a recrudecerse, Feijóo consideró que esta es "más intensa" de lo que había previsto y lo achacó a la "división" de la Xunta -gobernada en coalición por PSdeG y BNG-.
"Simplemente no se entienden", dijo respecto a los socios del bipartito y, por eso, ironizó con que no va a pedir al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que reduzca el número de conselleiros. En cualquier caso, opinó que el "problema anímico, entendimiento y de imagen" de socialistas y nacionalistas tiene una "enorme repercusión" en la estabilidad económica de la comunidad gallega.
Por eso, apeló a la "responsabilidad" de la oposición y se mostró dispuesto a seguir haciendo propuestas de cara a "buscar caminos para transitar la crisis". En su opinión, es "fundamental" la unidad de las fuerzas políticas gallegas para afrontar las dificultades económicas, que ejemplificó con la inflación, la subida del paro o la caída de la venta de automóviles en Galicia.

Respecto a este último indicador, el presidente del PPdeG se refirió también al anunció de Citroen de reducir la producción en su fábrica de Vigo y lanzó un "mensaje de esperanza" tanto a los trabajadores como a los directivos de la factoría olívica.