El Parlamento de Galicia vota en contra de los parques eólicos marinos por el impacto en los sectores de la pesca y del marisqueo

Además, la proposición pide que sea elaborado, en el plazo de tres meses, un informe sobre el estudio del Gobierno central, que establece que gran parte de la costa gallega sería apta, con condicionantes, para estas instalaciones. Asimismo, piden que el Parlamento tenga conocimiento, en 15 días, de la documentación sobre los proyectos existentes en Galicia y su estado de tramitación.
Durante el debate de la iniciativa, el diputado del BNG Bieito Lobeira, autor de la propuesta, explicó que los parques eólicos marinos tendrían "consecuencias demoledoras" para la flota de bajura y serían una "amenaza real" para la seguridad marítima. Así, sostuvo que, además de las motivaciones de carácter económico expuestas, existen otras políticas y competenciales. "Nos enfrentamos a un problema competencial y político. Hay que dejar claro al Gobierno central que el mar de Galicia es de los gallegos y nuestro viento es nuestro", dijo.
En este mismo sentido, la responsable de las áreas de medio ambiente y pesca del PSdeG, Carmen Gallego, recordó que el anterior gobierno presentó un "conflicto positivo de competencia" -un recurso ante el Tribunal Supremo- para que se estudiase una posible invasión de competencias en el caso de las aguas interiores. Además, Gallego instó al nuevo Ejecutivo de la Xunta a que presente un recurso contra el estudio estratégico del Gobierno estatal, para lo cual existe un plazo de un mes.
Por su parte, el diputado del PPdeG José Manuel Balseiro culpó al bipartito de que el pleno haya debatido de nuevo esta cuestión, sobre la que ya hubo consenso en noviembre de 2007. "El bipartito no hizo los deberes", afirmó y acusó al BNG de pretender "esconder su propia incompetencia" al presentar esta iniciativa. "Ni el Bloque ni el PSOE hicieron lo suficiente", agregó y consideró que, si bien transmitieron su postura contraria a los parques eólicos marinos, lo hicieron "son pulso y sin posición de fuerza", por lo que "no obligaron al Gobierno central a asumir este compromiso".