La Xunta de Galicia espera recaudar 600 millones de euros en 20 años por el canon eólico y concluye que el decreto es inconstitucional

La Xunta prevé recaudar con el canon eólico unos 600 millones de euros en 20 años, cuando el anterior Gobierno autonómico había estimado unos 270 millones mediante la participación pública en los parques. Así lo ha avanzado el conselleiro de Economía, Javier Guerra, durante la rueda de prensa en la que ha confirmado que su departamento anulará en el Consello del jueves 6 de agosto el concurso eólico, noticia que hoy cuenta La Voz de Galicia.

Guerra informará al Consello semanal del Gobierno de un anteproyecto que regulará el aprovechamiento eólico en Galicia que creará un canon eólico y un fondo de compensación ambiental, dirigido a los ayuntamientos en los que están implantados los aerogeneradores. El proyecto legislativo recogerá un nuevo procedimiento para la adjudicación de parques que añadirá mayor transparencia y las obligaciones contraídas por quienes explotan la energía eólica, y mientras, igualmente, regulará la transmisión de parques. Según los responsables de la Xunta, la decisión no supondrá retraso en la puesta en funcionamiento de los proyectos industriales. Así, han calculado que la ley se tramitará de urgencia en septiembre, previa consulta con todo el sector, con lo que esperan que a finales de año estará aprobado y a en el segundo semestre habrán aprobado las aprobado las autorizaciones administrativas.

Guerra y el responsable de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, han explicado que la decisión de revocar el concurso por el que se adjudicaron provisionalmente 2.3000 megavatios se tomó porque, según informes jurídicos, el proceso presenta «tachas graves de legalidad».

El concurso eólico fue resuelto el pasado 26 de diciembre, en que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, de los que cerca del 14%quedaba en manos públicas. En este proceso se habían generado roces entre los dos socios de Gobierno, socialistas y nacionalistas, mientras el PP prometió en campaña que anularía el proceso.

Preguntado por si cree que las empresas inicialmente beneficiadas pueden litigar ante la decisión de anular el proceso, Tahoces ha insistido en que cualquier acto administrativo está sujeto a recurso pero apuntó que las medidas que se tomarán contribuirán a «pacificar el sector». A este respecto, Javier Guerra insistió en que las empresas conscientes de la «tacha de ilegalidad» del concurso; que hay tres recursos presentados y que la situación es de inseguridad jurídica y, finalmente, señaló que, si en unos años la justicia «tumba» el proceso, se generaría unas responsabilidades económicas «incalculables» para la Xunta.