El TC admite los recursos de Galicia, Madrid, Cataluña y Extremadura contra el FROB. El PSdeG apoya a Feijóo para que haya fusión en 48 horas

Sobre el plazo marcado, afirmó no tener información al respecto, pero interpretó que el presidente de la Xunta tendrá datos que avalen que "se puede cumplir". Así las cosas, en rueda de prensa, entendió que la integración de las dos entidades de ahorro está hoy "más cerca que nunca", fundamentalmente, por el "aval" del Banco de España a la "viabilidad y solvencia" del proyecto. Además del apoyo socialista a este acuerdo, Vázquez avanzó que se reunirá con las cúpulas de las dos cajas para tratar de "estimular acuerdos y consensos" y lograr así que "esa gran caja gallega salga adelante". De hecho, remarcó que el principal escollo para la fusión estriba "en las propias cajas", debido a que las dos "tienen visiones legítimamente distintas" porque "han sido competencia durante mucho tiempo". "Es un proceso lento, farragoso", subrayó.
Después de explicar que el proceso de fusión es complicado debido a la necesidad de combinar 70.000 millones de euros en activos, decenas de empresas asociadas y miles de trabajadores y oficinas, celebró contar con la "garantía" de la principal entidad reguladora, el Banco de España.
Tras haber sugerido en diferentes ocasiones que el coste de la fusión podría exceder los límites del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el 2% de activos ponderados por riesgo para que no sea preceptivo el visto bueno de Bruselas), Pachi Vázquez asumió como válida la cifra que la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, reveló que fue estimada por el Banco de España: 1.160 millones de euros.
"Me quedo con lo que diga el Banco de España", indicó, tras señalar que maneja datos de distintos informes "que pueden ser opinables" y que elevan el coste de la fusión. En todo caso, sostuvo que la cuantía se conocerá "cuando acabe" el proceso y que, en ese momento, se verá "quién tenía razón". Por el momento, mostró su "máximo respeto" a la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El líder de los socialistas gallegos aseguró que su apoyo a Feijóo es "sincero" y "total" debido a que "se dan las circunstancias" para poder llevar adelante la fusión, es decir, que el Banco de España siente a las cajas y avale su unión y que la Xunta acepte "obviar buena parte" del articulado de la Ley de Cajas para que "deje de ser un obstáculo". "Siempre defendimos una fusión consensuada entre las cajas, con una solvencia avalada por el Banco de España y que dé como resultado un equilibrio territorial", proclamó, para recordar que "hubo quien dijo que la fusión se hacía sí o sí" y que incluso "puso una ley para forzar a las cajas".
En cuanto al rechazo del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, a una fusión de ambas entidades de ahorro si no se efectúa como "una absorción" de la caja viguesa a Caixa Galicia, Vázquez consideró "legítimo" que los alcaldes opinen "en defensa de sus territorios". "Pero habrá fusión siempre que sea equilibrada", insistió, para concluir augurando que este proceso "llegará a buen puerto".
El Constitucional admite los recursos de Galicia, Madrid, Cataluña y Extremadura contra el FROB
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia y la Junta de Extremadura contra la normativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según la providencia dictada el pasado 14 de abril publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Pleno del TC ha unificado los cuatro recursos en un sólo procedimiento, ya que todos ellos pretenden impugnar el Real Decreto Ley de 9/2009 del pasado 26 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
Las cuatro comunidades autónomas coinciden en afirmar que la normativa del FROB invade sus competencias autonómicas y, en concreto, atenta contra el modelo de gestión de las cajas de ahorro. La normativa del FROB habilita al Banco de España para forzar procesos de reestructuración con independencia de la opinión de las comunidades autónomas. En este sentido, la competencia de las autonomía queda relegada a la emisión de un informe no vinculante. En concreto, el TC tendrá que estudiar la constitucionalidad de los artículos 6, 7, 7.8 y 8 del Real Decreto Ley, así como las disposiciones finales tercera y sexta de la normativa, publicada el BOE del 27 del pasado 27 de junio.
El Gobierno afirmó a principios de abril que no temía que estos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las comunidades contra el FROB obstaculizasen la reordenación financiera en España ni las fusiones entre cajas de ahorros. Así, el Ministerio de Economía y Hacienda ha sostenido que todos los informes de que dispone avalan el respeto del FROB a la Constitución, indicaron a Europa Press en fuentes oficiales.
A pesar de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite estos recursos contra el FROB, éste instrumento no queda paralizado. Sólo los recursos de inconstitucionalidad que presenta el Gobierno tienen la potestad de impugnar las normas dictadas por las comunidades autónomas, como ha sucedido con la ley de cajas gallega. La impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha expresado en reiteradas ocasiones su confianza en que el proceso de reestructuración financiera en España culmine antes de que acabe el plazo dado por Bruselas al FROB, hasta el próximo 30 de junio.
El Banco de España ha autorizado ya tres procesos de fusión, entre los que figuran el de Caja Duero y Caja España, y dos entre cajas catalanas, operaciones que conllevarán recursos del FROB por importe global de 2.155 millones de euros. Concretamente, la integración de Caixa Manlleu, Sabadell y Terrasa, lleva aparejada recursos del FROB por 380 millones de euros, y la de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona, 1.250 millones.
R.