Nuevo mapa financiero: Caixa Galicia y Caixanova proponen tramitar las prejubilaciones voluntarias a partir de 55 años a través de un ERE

Directivos de Caixa Galicia y Caixanova han propuesto a los sindicatos tramitar a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) las prejubilaciones, que se aplicarán a partir de los 55 años y cuyo carácter será voluntario. Las cajas han aclarado que no promoverán el ERE, sino que sólo lo aceptarán si hay acuerdo en la mesa de negociación.
En relación a esta vía para "instrumentalizar" las prejubilaciones, que cuenta con el rechazo inicial de CIG, UGT y CGT, Csica ha precisado que las dos entidades no la reconocen como "evidente" o "inmediata", mientras que CC.OO. ha subrayado de que sería "un ERE atípico" por tratarse, en este caso, de una medida "voluntaria".

En declaraciones a los medios tras la segunda reunión de la mesa laboral, los sindicatos han informado de que la oferta de las cajas se centra en conceder entre un 70 y 75 por ciento del salario fijo a los empleados que se acojan a las prejubilaciones. En concreto, defienden mantener un 70 por ciento del salario fijo y seguir realizando aportaciones al plan de pensiones o bien el 75 por ciento sin esas asignaciones. El objetivo de las dos entidades es cubrir la totalidad de los "excedentes" de sus plantillas, que estiman en torno a los 1.200 trabajadores, con prejubilaciones de empleados, cuya antigüedad mínima en ambas empresas ha de ser de 15 años. En un principio, tendrán prioridad aquellos que tengan cumplidos los 55 años hasta el 31 de diciembre y, en caso de que no sean suficientes, se incorporarían los que cumplan 55 en 2011.

En un comunicado, Caixa Galicia y Caixanova han sostenido que unos 1.200 trabajadores podrían acogerse a las prejubilaciones, aunque han apuntado que en su programa de reordenación también incluyen bajas voluntarias incentivadas, ofertas de reducción de jornada y otras fórmulas para tratar el "excedente de plantilla" durante los próximos cinco años". Sobre las bajas incentivadas, han propuesto compensar -según han asegurado los sindicatos- con 35 días de salario por año trabajado con un tope de 33 mensualidades. Al igual que en el caso de las prejubilaciones, ambas entidades han resaltado el carácter voluntario de esta opción. Asimismo, han abogado por indemnizar con 3.000 euros a los trabajadores que tengan que desplazarse de sus oficinas actuales a otras situadas en un entorno de entre 25 -tope máximo establecido en el convenio colectivo de las dos entidades- y 100 kilómetros, mientras que esa cuantía ascenderá a 10.000 euros en caso de superarse los 100 kilómetros.

En cuanto a los oficinas que se verán afectadas por el proceso de fusión, cuyo total asciende a 300, según las estimaciones iniciales de las cajas, éstas han adelantado este martes que 180 de ellas están ubicadas en la comunidad gallega; entre 80 y 85 en otros puntos del Estado y el resto en empresas y ámbito internacional.

A raíz de estos datos, la CIG ha estimado que de los 1.200 trabajadores que se verán afectados por el proceso de fusión, unos 900 corresponderían a Galicia. CC.OO. ha advertido de que este no es un dato oficial, pero ha admitido que podrían situarse "en ese entorno". No obstante, Csica ha huido de ese cómputo y ha abogado por recurrir a datos "serios, de rigor y eficientes". Respecto a la homologación de las condiciones laborales, ambas entidades han destacado la necesidad de respetar las actuales y de no incrementar el coste salarial bruto.

El representante de CC.OO. en la sección sindical de Caixa Galicia, Luis Mariño, ha calificado de "infumable" y "un tanto raquítica" la propuesta esbozada este martes por los directivos de las cajas. En concreto, ha criticado que no se disponga de un estudio en el que se concrete cuánta gente podrá acogerse a prejubilaciones. En esta línea, se ha posicionado el secretario general de Csica, Carlos Peso, quien ha reclamado datos "pormenorizados" sobre los "excedentes" de personal y su distribución por provincias, al igual que en el caso del solapamiento de oficinas. "Pontevedra y Ourense son cruciales", ha señalado en referencia a que es donde puede haber más oficinas "enfrentadas". Para la CIG, la oferta de las cajas es "cicatera" e "insuficiente", como ha considerado su secretario general de Banca e Aforro, Clodomiro Montero, que la ve "lejos" de anteriores procesos de prejubilaciones en las cajas. Asimismo, la responsable de Aforro de UGT, Marita Pita, ha interpretado que las condiciones planteadas este martes "se alejan mucho" de las de las cajas y el delegado de CGT, Julián Horche, ha criticado que no se detallasen datos como los referidos al personal de las fundaciones.

Los representantes de CIG, UGT y CGT coincidieron en rechazar la instrumentalización de las prejubilaciones a través de un ERE y CC.OO., pese a precisar que no le gusta "esa palabra", ha considerado que podría "hablar" de esta posibilidad al sostener que "puede tener ventajas en porcentaje de salarios" para algunos empleados. La aceptarían si hay acuerdo y es voluntaria. Csica ha insistido en que esta alternativa exige un acuerdo previo y ha evitado pronunciarse sobre ella al sostener que "socialmente" tiene "impacto". Sin embargo, ha entendido que habrá que ver sus exenciones fiscales. CIG ha descartado analizar estas "medidas traumáticas", que ve "fuera de tono". "No es el momento de la negociación para hablar de ese tipo de medidas", ha señalado Montero, convencido de que este sindicato no negociará ERE para "abaratar costes" a las cajas, de las que ha recordado recibirán 1.162 millones de euros del FROB. Así, ha criticado que pretendan "transferir" a la Seguridad Social los gastos del proceso de reestructuración. A su vez, CGT ha afirmado que "bajo ningún concepto" el sindicato respaldará un ERE.

Las cajas, representadas por los responsables de relaciones laborales de Caixa Galicia, Miguel Ángel Prado y Benito Couceiro; y de Caixanova, Rubén Martínez y Gonzalo Iglesias, han emplazado a los delegados sindicales a una nueva reunión el martes, día 20 de julio.

La Xunta analiza "ajustar" la Ley de Cajas a la nueva Lorca

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que es cierto que la Ley de Cajas gallega "se va a ver afectada" por el Real Decreto que modifica la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) y que habrá que ver si es "necesario" ajustar la norma gallega a la Lorca. "Es cierto que se va a ver afectada por la Lorca que hoy se publica en el BOE. Hay seis meses para ajustar una ley a la otra y lo que haremos, como siempre hacemos en Galicia, es cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y ver si es necesario ajustar la ley gallega a la Lorca, como es obligatorio en el resto de las CC.AA.", ha expresado Núñez Feijóo en declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en la conferencia 'Periodismo y poder: una relación apasionada y apasionante', en los Cursos de Verano 2010 organizados por la Universidad Complutense de Madrid.

Feijóo ha expresado que lo que en este momento le preocupa a la Xunta de Galicia, "como a todo el mundo, es tener cajas solventes, cajas en las que vuelva a fluir el crédito y que sean útiles a la economía y al sistema productivo, cajas que sean capaces de captar ahorro y de prestar ese dinero para mover la economía". "Ese es el problema que hemos tenido en los últimos años y por fin el Gobierno central, apoyado por el PP, se está dando cuenta de que una de las claves de la economía es que fluya el crédito, que las cañerías financieras vuelvan a tener circulación", argumenta. "El proyecto de caja gallega es hacer una caja solvente, como en este momento se está intentando cerrar ya el protocolo de fusión para que a partir de otoño podamos construir una de las cinco o seis primaras cajas de toda España, una de ellas por supuesto, la caja gallega", ha explicado el presidente de la Xunta de Galicia

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la Ley de cajas gallega, ha recalcado que el dictamen del alto tribunal ha venido a decir que "el Parlamento gallego había actuado conforme a la Constitución". "El alto tribunal viene a levantar la suspensión de la inmensa mayoría de la Ley de cajas gallega", ha subrayado.
"Al final, lo que hemos podido comprobar es que tenemos una ley constitucional y un recurso de inconstitucionalidad sectario, sectario porque se recurrió determinados aspectos de la ley gallega que están ya refrendados, desde hace muchos años, en otras leyes de cajas de otras CC.AA. Por lo tanto, ha habido un trato desigual y el trato desigual no está amparado en la Constitución. Ahora tenemos una ley que vamos a implementar y vamos a completar", apostilla.