29-S: El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma los servicios mínimos de la Xunta y rechaza los recursos de los sindicatos

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la suspensión del decreto de servicios mínimos promulgado por la Xunta para la huelga general de mañana reclamado por los sindicatos. La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha resuelto los cuatro autos interpuestos por los sindicatos CCOO y UGT denegando la suspensión del decreto de servicios mínimos para la huelga general.

De esta manera, el alto tribunal ha rechazado los recursos de los sindicatos que calificaron de «abusivos» estos servicios mínimos -un 22% para transportes, el 30% en educación-, porque «atentan contra el derecho de huelga» y no respetan la «necesaria proporcionalidad» entre ambos, lo cual resulta «atentatorio» contra este derecho constitucional, según denunció CCOO.

Por su parte, UGT-Galicia impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia los servicios mínimos decretados por la Xunta para sanidad, educación y el ente de radiotelevisión, aunque su petición también ha sido rechazada. Por otro lado, fuentes del tribunal ha informado a Efe que no tienen constancia de ningún recurso presentado por el sindicato CIG, que el pasado 23 de septiembre anunció que interpondría.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó que los sindicatos acatarán los servicios mínimos, pero advirtió de que la responsabilidad «de cualquier cosa que pueda ocurrir» no va a ser de las organizaciones sindicales, sino de los que pretenden cercenar el derecho a la huelga. En declaraciones a los medios antes de participar en la Universidad, junto al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en el último acto público antes de la huelga general, Méndez subrayó que los sindicatos serán respetuosos con la ley.

No obstante, subrayó que serán responsables de lo que pueda pasar quienes imponen unos servicios mínimos abusivos «sin ningún tipo de proporcionalidad y equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el del derecho al trabajo». En este sentido, insistió en la coacción que ya se está ejerciendo contra muchos trabajadores a los que se les exige, «cuando no tienen por qué decir nada», que se pronuncien si van a ir o no a la huelga ante el empresario o se les avisa con que si van a la huelga el 29 «que no vuelvan el 30 porque están despedidos».

Toxo dijo que los sindicatos recurrirán los servicios mínimos y que no sabe si los tribunales llegarán a tiempo para dar la razón a los sindicatos, como ha ocurrido en otras ocasiones, «cuando el daño estaba hecho». «Yo no digo que sea legítimo o no», aseguró Toxo, pero «es normal que la gente esté muy enfadada cuando se le impide el ejercicio de un derecho constitucional», añadió. Por ello, aseguró que los sindicatos se comportarán dentro de la legalidad vigente y que hay algunas comunidades autónomas que están fuera de los márgenes de la ley.

Preguntados sobre la intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de intentar pactar los reglamentos de la reforma laboral con los sindicatos, ambos coincidieron en que lo que el Ejecutivo debe hacer es rectificar. Méndez afirmó que Zapatero tiene un problema «muy serio», y es que cualquier llamamiento al diálogo que haga a la luz de lo ocurrido en los últimos tiempos «no tiene credibilidad». El líder de UGT le acusó de haber roto el diálogo social cuando impuso el recorte de los empleados públicos, de imponer una reforma laboral «cuando decía que jamás lo haría» sin diálogo y ha puesto al «borde del precipicio» el Pacto de Toledo con la congelación de las pensiones. Por tanto, en vez de «operaciones de distracción y de intentar amortiguar el impacto de la huelga», que «sabe que ha tomado cuerpo», intenta sortear su impacto.

Toxo afirmó que «hay que hablar», pero no sólo del reglamento de la reforma laboral, y añadió que Zapatero «tiene una magnífica ocasión» de hacerlo con los presupuestos de 2011. «Una ley se cambia con otra ley», dijo, por lo que espera que lo que suceda mañana «que será sin duda una gran explosión democrática contra la resignación y el pensamiento único» le lleve, «si le queda algo de sensibilidad», a aprovechar el trámite de los presupuestos para dar pasos de verdadera rectificación.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia ha asegurado que la oposición a esta convocatoria supera el 70%

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha asegurado que «todo el mundo esta dispuesto al trabajo» ante la huelga general de mañana y que la mayoría de empresas abrirá sus negocios, por lo que confió en que los piquetes no lo impidan. En declaraciones a Efe, Fontenla explicó que, según sus datos, la oposición a esta convocatoria supera el 70 por ciento, porque se trata de una huelga «política», basada en cuatro motivos: la reforma laboral, el recorte presupuestario del Gobierno en 5.000 millones, las pensiones y la normativa sobre la negociación salarial en los convenios. No obstante, subrayó que habrá «bastantes» piquetes que intentarán que la gente «no pueda ir a trabajar» y quizá lo consigan si no hay la posibilidad de desplazarse o se ejercen presiones.

Por ello, entre las indicaciones que han recibido los empresarios figura que, «si en algún momento la empresa o local corre peligro, que cierren», porque «tienen derecho a ello».
«Cuando los sindicatos ven un ambiente que no es propicio para la huelga tienen que buscar una situación que les permita no quedar mal, porque está en juego su credibilidad», explicó Fontenla, quien confío además que las fuerzas del orden público «impidan que los piquetes actúen de forma inadecuada». A su juicio, los piquetes no deberían actuar, día de huelga, porque tiempo han tenido con anterioridad para explicar la situación, al igual que cuando se celebran elecciones se establece un periodo de reflexión.

En este sentido, opinó que la jornada «va a tener muy poca importancia» en cuanto a apoyos, porque las repercusiones económicas en los empresarios serían «tremendas», teniendo además en cuenta, agregó, que «la gente que acuda a la huelga va a dejar de cobrar» esa jornada. La pérdida económica estimada supondría un 2 por ciento de lo que se produce y la mitad la asumiría el empresario, por lo que el coste es «muy difícil» de asumir, aseveró. Desde el punto de vista político, esta huelga «no nos hace ningún favor de cara a nuestros socios europeos», matizó el presidente de la CEG, quien recordó que en España el paro ronda el 20 por ciento mientras que la media europea se sitúa en el 10 por ciento. «Algo estaremos haciendo mal», concluyó.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

A Xunta reafirmase en que os servizos mínimos esenciais decretados para folga do 29 de setembro establecéronse en base estrita á lei e conciliando os dereitos á folga e ao traballo. Así o ratifica un auto emitido esta mañá polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no que se denega a suspensión dos servizos mínimos decretados pola Xunta para a folga xeral, solicitada por UGT, CC.OO. e CIG a través de varios recursos contencioso-administrativos.

O texto do TSXG determina que a motivación do Decreto 151/2010, polo que se garanten os servizos mínimos para a folga é “exhaustiva” e está “amplamente razoada, é dicir, contén unha xeral e particular causalización”. Ao mesmo tempo recoñece que non aprecian que co seu establecemento “se frustre no exercicio do dereito de folga” e afirma que, por exemplo no eido sanitario, a norma da Xunta “preserva un ben protexido constitucionalmente, como é a saúde dos cidadáns”, recollido este no artigo 43 da Constitución española.

Con todo isto, desde a Xunta de Galicia esperase un comportamento responsable por parte de todo o mundo, incluídos polos servizos mínimos, cumprindo estritamente co ratificado ao 100 % polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.