Reforma de la Ley de la Función Pública: los sindicatos y la Xunta acuerdan que la movilidad de los funcionarios sea siempre voluntaria

Las partes acordaron que la movilidad de los funcionarios será siempre de carácter voluntario, que los planes de ordenación de los recursos humanos se negociarán con los sindicatos y que se exigirá la plena disponibilidad horaria a los puestos clasificados como libre designación. El director general de la Función Pública, José María Barreiro, acordó con los sindicatos UGT y CSIF -CC.OO. y CIG votaron en contra- una reforma parcial de la Ley de Función Pública, que se tramitará con el anteproyecto de Ley de presupuestos que mañana aprobará el Consello de la Xunta. El departamento autonómico aceptó las demandas de los empleados públicos y contó con el voto favorable de UGT y CSIF en la Comisión de Personal que avaló estas modificaciones, que tienen por objeto «alcanzar una administración más ágil y eficiente», destaca una nota de la Xunta.

Además, el cambio previsto en la Ley de incompatibilidades de altos cargos se sustituye por una modificación en la Ley de función pública que excluye al personal eventual, excepto a los jefes de gabinete, de la posibilidad de percibir el plus de altos cargos, por lo que los asesores no se podrán beneficiar del mismo. La Xunta y los sindicatos firmantes también llegaron a un acuerdo sobre la regulación de la excedencia por prestación de servicio en el sector público, al cambiarse la adscripción de los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo para garantizar la ocupación de todas las vacantes. En virtud del acuerdo alcanzado se integrará al personal que en la entrada en vigor de la ley ocupe un puesto con carácter definitivo en la administración gallega.

La votación de los 14 puntos de la modificación, que la Xunta tramitará a través de la Ley de Presupuestos de 2011 que aprobará en un Consello extraordinario, formaba parte del orden del día de la comisión de personal. La movilidad, la libre designación y el plus de altos cargos han sido -cuando la Dirección Xeral de Función Pública presentó el borrador del texto a los sindicatos- algunos de los puntos que han causado mayor contestación por parte de las centrales.

La Consellería de Facenda destaca en un comunicado que la "aceptación de demandas" de los representantes de los empleados públicos ha provocado el establecimiento de una movilidad "siempre de carácter voluntario" y que los planes de ordenación de los recursos humanos "se negociarán" con los sindicatos. Resalta que "se substituye" el cambio previsto en el régimen de incompatibilidades -por el que los asesores no debían atenerse al mismo- por otro en la Ley de Función Pública, de forma que se excluye al personal eventual -excepto a los jefes de gabinete- de la posibilidad de percibir el plus de altos cargos.

Asimismo, enumera otras cuestiones que se incluirán en la norma autonómica como la "ampliación" de los beneficios para las empleadas públicas víctimas de violencia de género, la regulación de la excedencia por prestación de servicio en el sector público y el cambio de la adscripción de las personas que cesen en un puesto "para garantizar la ocupación de todas las vacantes". En suma, el departamento que dirige José María Barreiro defiende que los cambios responden "en gran medida" a la adaptación de la normativa gallega al Estatuto Básico del Empleado Público, y asegura que repercutirán en la consecución de una administración "más ágil y eficiente".

Sin embargo, y en cuanto se refiere a la libre designación de altos cargos, la Consellería sólo especifica que "otro de los aspectos que se modifican es la exigencia de plena disponibilidad horaria a los puestos clasificados como libre designación". La designación "a dedo" de los jefes de servicio constituye uno de los motivos "fundamentales" de la votación en contra de CIG y CC.OO. en la comisión de personal, según han subrayado, en declaraciones a Europa Press, el secretario nacional de CIG-Autonómica, Fernando García y el secretario xeral de la Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO., Ramiro Otero.

El portavoz de CIG denuncia que el Ejecutivo "mantiene" lo mismo "con otra redacción un poco más barroca", el responsable de CC.OO., aunque reconoce que "sí hay avances", expresa su oposición porque el compromiso de la conselleira de "no incluir" esta modificación mediante las cuentas de la comunidad. Otero apunta que CC.OO. estudia la presentación de "recursos" a esta ley, algo en lo que incide Fernando García: "Vamos a luchar por la vía del trámite parlamentario, a ver si entran en razón, y por la vía judicial por una cuestión de forma, ya que no se nos convocó".

En relación con la movilidad, CC.OO. cree que "hubo avances" pero critica que "no se clarificaron criterios". Por su parte, CIG apunta que "se suprimió la comisión de servicios forzosa" pero "se articuló otro sistema", en referencia a las Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT). De esta forma, asegura García, la Xunta "se reserva la posibilidad de adscribir un puesto a una consellería, unidad, organismo o agencia diferentes", con lo que "sigue habiendo una movilidad forzosa", incide.

En lo que se refiere a CSIF, el presidente del sector autonómico, Juan Carlos Rivas, ha explicado su voto a favor de la reforma porque Facenda inició un proceso de negociación "express" que supuso un "punto de inflexión" y "acercamiento importante" entre ambas partes. Así, la central sindical "presentó una batería de alegaciones" al texto que la Dirección Xeral de Función Pública "aceptó en casi su totalidad", sobre todo, en el "caballo de batalla" de CSIF, la movilidad forzosa. "Satisfecho" por un proceso de negociación "real", Rivas ha visto un "logro importante", asimismo, en el "compromiso" de la Administración de redactar una nueva ley "plenamente adaptada" al Estatuto básico del empleado público el año que viene. También ha valorado el comienzo de un proceso de "funcionarización" del personal laboral y cambios en la escala de agentes facultativos medioambientales.

Ambas cuestiones, al igual que la garantía de una negociación en 2011, han sido referidas por el secretario nacional del sector de Autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Francisco Núñez, quien ha destacado, al igual que Rivas, que "se han aceptado la mayoría de las alegaciones". "No ha quedado ningún punto igual", sino que todos "han sido mejorados", ha recalcado.

El representante de CSIF ha tachado de "irresponsable" la actitud de "otros sindicatos", en alusión velada a CC.OO. y CIG, pues "sin el apoyo sindical, la propuesta aprobada habría sido la inicial", ya que el voto de las centrales no es vinculante. "Nuestro voto a favor está plenamente justificado y atiende a la demanda de los funcionarios", ha remachado. Por contra, la CIG ha manifestado "no comprender" el "aval" de CSIF y UGT a la Xunta.

Previamente a la reunión de la comisión de personal, en la que se ha votado la reforma, los sindicatos estaban convocados a la mesa de la Función Pública, en la que Facenda les ha presentado el Capítulo I de los Presupuestos, que incluye las cuestiones salariales y son "un calco de los del Estado", según Fernando García. Las centrales coinciden en este apartado, ya que critican la "congelación salarial" y señalan una pérdida "adicional" de poder adquisitivo del 2,1 por ciento, relativa al IPC, con lo que sitúan "el recorte" en un 7 por ciento. Por ello, Otero apunta que están "a la espera" de "ver qué sale" de la vía judicial iniciada por la Audiencia Nacional en la rebaja de los sueldos de los funcionarios ejecutada por el Gobierno central.

Además, la CIG asegura que la Xunta de "no aprovecha el pequeño margen" que tiene para "compensar" los recortes estatales mediante la convocatoria de ofertas de empleo público, al acusarla de "reducirlas al 10 por ciento" de la reposición de efectivos del personal. Esto quiere decir, concluye, que de cada 100 vacantes "no se pueden sacar más de 10 plazas".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O director xeral da Función Pública, José María Barreiro, acordou con sindicatos a reforma parcial da Lei de Función Pública, que se tramitará co anteproxecto de Lei de Orzamentos que mañá aprobará o Consello da Xunta.

O departamento autonómico, dependente da Consellería de Facenda, aceptou demandas dos representantes dos empregados públicos e contou co voto favorable de UGT e CSIF na Comisión de Persoal que avaliou estas modificacións, en gran medida para adaptar a normativa galega ao Estatuto Básico do Empregado Público e acadar así unha administración máis áxil e eficiente.

José María Barreiro e os representantes sindicais estableceron que a mobilidade dos funcionarios será sempre de carácter voluntario e os plans de ordenación dos recursos humanos negociaranse cos sindicatos. Outro dos aspectos que se modifican é a esixencia de plena dispoñibilidade horaria aos postos clasificados como libre designación.

Ademais, o cambio previsto na Lei de Incompatibilidades de Altos Cargos substitúese por unha modificación na Lei de Función Pública que exclúe ao persoal eventual, agás os xefes de gabinete, da posibilidade de percibir o plus de altos cargos, polo que os asesores non poderán beneficiarse do mesmo.

Por outra banda, esta reforma amplía os beneficios para as empregadas públicas vítimas de violencia de xénero. Así, pasa de dous a tres meses a percepción das retribucións íntegras e mantense ata 18 meses a reserva do posto de traballo que desempeñase.

Entre outras medidas incluídas nesta modificación da norma, regúlase a excedencia por prestación de servizo no sector público, cámbiase a adscrición das persoas funcionarias que cesen nun posto de traballo para garantir a ocupación de tódalas prazas vacantes e intégrase ao persoal que na data en vigor da lei se atope ocupando un posto con carácter definitivo na Administración galega.