La oposición denuncia un retroceso demcrático en la Ley de Acompañamiento y la Xunta defiende que este mecanismo no es nuevo ni oscurantista

Tras un debate en el que la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se ha defendido de las críticas a esta figura legislativa afirmando que el Gobierno gallego "no está innovando" al recurrir a la misma y que "no responde a criterios oscurantistas", los miembros de PSdeG y BNG han acudido a la votación con carteles en los que se podía leer: "Lei de Acompañamento. Ataque á democracia-Ley de Acompañamiento. Ataque a la democracia". Los votos en contra del PPdeG han valido para rechazar las enmiendas de devolución presentadas por PSdeG y BNG a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta para el año que viene, en una votación en la que los diputados de los dos grupos de la oposición se han puesto en pie con carteles que tachaban la norma de "ataque a la democracia". Durante el debate, los grupos de la oposición han coincidido en calificar de "retroceso democrático" la inclusión de la Ley de medidas fiscales y administrativas, que han tachado de "ley trampa y ley fraude".

Fernández Currás ha indicado que el Gobierno central comenzó a usar esta fórmula en 1994 y que se extendió a las comunidades. En concreto, Galicia recurrió a ella por primera vez en 1998. "Es una norma ordinaria vinculada a una de carácter especial, la de Presupuestos, y que tiene su razón de ser en la complementaridad que le aporta", ha defendido. a titular de Facenda ha considerado que en la actual situación de "incertidumbre económica resulta necesario recuperarlas -estas leyes-" como instrumento "adecuado" para desarrollar las políticas económicas del gobierno y conseguir objetivos de carácter plurianual. Además, ha justificado el cambio en la Ley de Suelo a través de esta normativa, que permite desarrollar parques empresariales, de forma "excepcional" en suelo rústico protegido, por la "dificultad existente para promover parques empresariales en Galicia". Por ello, ha dicho, "se realizan modificaciones para resolver problemas que pueden comprometer la viabilidad urbanística del desarrollo del suelo industrial".

El uso de leyes de acompañamiento, ha agregado, ha permitido que las leyes de presupuestos "se mantuviesen de forma menos controvertida dentro de sus límites conceptuales". Las modificaciones que introduce la norma presentada por el Gobierno "dan respuesta a necesidades urgentes", ha defendido y ha pedido a "todos los miembros" de la Cámara gallega que "analicen cada una de las medidas que contiene con el ánimo de que el debate parlamentario pueda enriquecer y clarificar cuestiones que sin duda pueden ser mejoradas".

La portavoz del PSdeG en el debate, María José Caride, ha afirmado que con esta ley la Xunta pretende introducir modificaciones "por la puerta de atrás" con un mecanismo "ilegal" y que supone una "vuelta del PP a las viejas mañas", en alusión a que esta fórmula era utilizada durante los gobiernos de Fraga. "Es una chapuza y ya tuvieron que enmendarla", ha dicho, pues el PPdeG ha avanzado que introducirá matices en cambios como el de la Ley del Suelo. Caride ha citado informes de expertos juristas y varios organismos como el Consejo General del Poder Judicial para advertir de que esta norma es "cuando menos, peligrosa" y ha sostenido que se trata de un mecanismo "que no debería ser utilizado" y que "fomenta la inseguridad jurídica". "Creemos que es ilegal porque no cumple los requisitos de una ley; es la prueba de la improvisación y la incapacidad de gestión del Gobierno gallego", ha criticado. "Es un 'tótum revolutum', mezcla churras con merinas y es una tomadura de pelo a esta Cámara", así como una "burla a los ciudadanos", ha continuado la portavoz socialista. Así, ha aludido a que se toman decisiones que modifican leyes en trámite parlamentario o que se han cambiado hace unos meses. "¿No les da vergüenza?", ha preguntado y se ha interesado también por el impacto económico de las medidas fiscales tomadas.

El portavoz en materia de economía del BNG, Fernando Blanco, ha tachado la norma de "ley trampa y ley fraude" y ha acusado también al Gobierno de hacer modificaciones en más de 20 leyes "por la puerta falsa". "La ley acredita que fueron ineficaces", ha dicho, pues presenta cambios que se podían haber tramitado durante el año y medio desde que el actual equipo ha llegado a la Xunta. "No se atreven a hacer estos cambios por el trámite ordinario", ha acusado Blanco, que ha considerado que este trámite "hurta el debate" al Parlamento y a los ciudadanos. "Es una burla al Parlamento y a los gallegos", ha insistido y ha censurado que para permitir, por ejemplo, el desarrollo de parques empresariales "no era necesario un cambio tan desregulador". Por ello, ha pedido la devolución del proyecto, pues la ley "no es ni necesaria ni justa ni mejora aspectos fundamentales para Galicia en la función pública o en la Ley del Suelo".

El representante del PPdeG, Pedro Puy, ha acusado a la oposición de estar "montando lío" porque esta norma "demuestra" que la Xunta tiene una política económica, lo que desmonta, a su juicio, los argumentos de los dos grupos. Además, ha criticado las acusaciones del PSdeG, mientras que los socialistas introducen, en el Gobierno central, modificaciones mediante disposiciones adicionales en los propios Presupuestos Generales.

El rechazo del PP a una ley del Consello da Muller provoca otro rifirrafe con BNG y PSOE en materia de igualdad

El rechazo del PPdeG a tramitar una proposición de ley del BNG para la creación del Consello Galego das Mulleres ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la parlamentaria Paula Prado y la oposición en materia de igualdad, discrepancias ya frecuentes en discusiones de este tipo en pleno y comisión entre la diputada del grupo mayoritario y Ana Pontón (Bloque) y Silvia Fraga (PSdeG). Así las cosas, tras presentar la diputada nacionalista su proposición de ley en base a la necesidad de dotar a las mujeres de un "arma" -pacífica- para "la revolución pendiente de que desaparezca la discriminación de la mitad de la humanidad", Paula Prado acusó a los grupos de la oposición de tener una visión del respeto de derechos "selectiva". Dedicó, así, sus casi cuatro primeros minutos a denunciar que el líder del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, ha hecho muestra de su "intolerancia" al "mofarse" de la religión católica para "reírse de la conselleira" de Sanidade, Pilar Farjas -la semana pasada el socialista mencionó la condición de católica de la responsable autonómica y, en la misma frase, la acusó de contar "muchas mentiras"-. "No respeta la libertad religiosa", ha reprochado Prado.

Prado, que ha reivindicado que hay que "respetar todos los derechos fundamentales", no sólo la igualdad, también reprobó que Pachi Vázquez acudiese a la manifestación del domingo en defensa de la sanidad pública y luego defienda "los intereses privados" en este mismo ámbito. Del mismo modo, continuó con censuras al grupo que "se burla" y se "mofa" de la libertad religiosa, que practica su "oposición en los tribunales", y quien está "ausente en los debates" (parlamentarios) y "no dudó en postrarse" ante el Papa Benedicto XVI en su visita a Galicia. "Viene a hablar del señor Vázquez", ha lamentado Pontón en el turno de réplica, quien le acusó de no dedicar tiempo en su exposición a hablar de la problemática de las mujeres. Además, le reprochó que se defina como "feminista" y como "mujer defensora de la igualdad", pero "no se sienta ofendida porque, con fondos públicos, el Papa venga a decir que las mujeres tienen que estar en el hogar". "Respeto es lo que pedimos", evidenció Pontón a la parlamentaria del PPdeG, quien previamente había calificado de "disparate" impulsar una normativa para crear el Consello Galego das Mulleres, porque "ya está creado", según aseguró Prado, en virtud de la Ley de Igualdad gallega.

La parlamentaria impulsora de la iniciativa lamentó que este martes no se pueda "reeditar el acuerdo" parlamentario de 2007 con el que nació la normativa de igualdad y prevención de la violencia de género y lo ha atribuido a la "falta de voluntad" del Gobierno gallego para impulsar las políticas en favor de la igualdad, lo que, a su juicio, permitiría avanzar en la erradicación de la violencia de género. "El origen de la violencia de género es la desigualdad", ha sentenciado. Paula Prado ha insistido en que la normativa ya recoge la creación, pero los grupos de la oposición consideran que este órgano consultivo no está activado porque el Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo no quiere "voces autorizadas que critiquen" sus políticas de igualdad. "A ustedes no les interesa, traen esta iniciativa como pueden traer cualquier otra, lo que se trata es de usar (este asunto) como arma arrojadiza y les duele que el Gobierno esté haciendo las cosas bien", contrapuso la parlamentaria del PPdeG. Asimismo, Pontón y Silvia Fraga advirtieron de que el Ejecutivo de Feijóo no se puede amparar en la "austeridad" para no poner en marcha el Consello das Mulleres, puesto que, en palabras de la nacionalista, su coste es "mínimo" y es "asumible". Por su lado, la parlamentaria del PSdeG reflexiona acerca de que ese argumento "rozaría el ridículo" en este caso. En vísperas de la celebración del Día contra la violencia de género, Fraga sostuvo que la igualdad es de "obra y de palabra" y avisa al Gobierno gallego de que el "compromiso en políticas de igualdad tiene que traducirse en números además de en gestos".

Bronca en el hemiciclo con alusiones personales en el debate por uso de fondos privados para centros de salud

El debate de una moción impulsada por el BNG para evitar que los centros de salud se construyan a través de la colaboración público-privada propició una bronca en el hemiciclo con alusiones personales en las que el diputado del PPdeG Miguel Santalices sacó a colación que el líder del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, obtiene "ingresos" de la sanidad privada. Entre enfrentamientos verbales, desde su escaño y aunque no formaba parte del debate, el socialista Abel Losada llamó "sinvergüenza" al parlamentario del grupo mayoritario. La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, atribuyó este calificativo a que era "fruto de la tensión del momento" y entendió que el propio diputado lo retiraría -sino ella misma se encargaría-, frente a las llamadas desde la bancada popular para que se eliminase del debate (si bien en el diario de sesiones no se recogen las manifestaciones fuera de micrófono, con lo que en todo caso no figurará). Así las cosas, los reproches entre la oposición y el grupo mayoritario se encendieron con la intervención del popular Miguel Santalices, quien tachó de acto de "cinismo" la participación del líder del PSdeG en la manifestación del pasado domingo en defensa de la sanidad pública, ya que "sus ingresos proceden de la sanidad privada" y "no son pequeños".

En ese momento, la viceportavoz del PSdeG, Mar Barcón, también médica de profesión, se marchaba del hemiciclo, acto que llamó la atención de Santalices, quien le instó a "quedarse" porque "para ella también sabe" de lo que estaba hablando. "Tiene razón, me voy a quedar", retrocedió la parlamentaria socialista, que recuperó su lugar en el escaño para atender el discurso del popular. Santalices atacó también a la diputada socialista porque -dijo- "compartió una clínica privada". "Por eso tengo potestad para acusar de cinismo", reivindicó Santalices, al que Barcón le invitó a enseñar "su declaración de la renta". "Mis ingresos siempre fueron públicos", subrayó el popular, que en ese momento fue llamado "sinvergüenza" por el socialista Abel Losada ante lo que las bancadas del grupo mayoritario le apelaron a "relajarse".

Mientras que Barcón pedía desde su sitio que no se aludiese a su "vida privada", Santalices explicó el "cinismo" que observa en los socialistas argumentando que mientras que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acude junto a una "pancarta" en la que se podía leer "Povisa non"; luego, en el ámbito local, "no tiene reparo en decir que es imprescindible". Dicho esto, y tras varias apelaciones de la jefa del Legislativo para poder continuar el debate, Santalices sentenció que el sistema del pago aplazado "permite desarrollar las infraestructuras" sanitarias y defiende que la gestión será "pública".

Poco antes de abandonar el atril, garantizó que "el futuro alcalde de Ourense, que está ahí (por el portavoz de Sanidad del grupo, Rosendo Fernández), no va a rechazar" un hospital construido con esta fórmula. Para rebatirle en uso de la palabra, sólo tuvo turno la nacionalista Ana Luísa Bouza, quien ha lamentado que el popular utilizase el pleno para "hacer campaña electoral" y "defender" a Rosendo Fernández, lo que, a su juicio, "demuestra la debilidad del candidato". Además, ha cuestionado las críticas del diputado del PPdeG al preguntarse si "no se puede estar a favor de la sanidad pública y trabajar en la privada".

En medio de la bronca con aplausos en cada bancada aplaudiendo a los suyos, el portavoz parlamentario del Bloque, Carlos Aymerich, pidió la palabra por alusiones, ya que Santalices también le mencionó para decir que en la pasada legislatura había calificado con un "deficiente" la gestión sanitaria. Al respecto, negó haber hecho eso e instó a demostrarlo documentalmente. Tras él, Barcón también reclamó la palabra para aclarar que la manifestación "era contra la venta de la sanidad pública" y no para hablar de "dónde trabajan los médicos".

En este escenario, que la presidenta Pilar Rojo calificó -lamentándose- de "espectáculo", la diputada del Bloque defendió su moción en la que, aseguró, ofrecía una "plan B" a la Consellería de Sanidade, para evitar la construcción de centros de salud a través de la financiación público-privada. A este respecto, advirtió de que si "en época de bonanza es doloso, en crisis es suicida". Para sostener su argumentación, aseguró que "los que lo inventaron, ya descubrieron que no funcionaba", algo que también corroboró la socialista Carmen Acuña, quien subrayó que "otros ya comprobaron que fue un gran error".

Los grupos protagonizan el tercer enfrentamiento del día al discrepar sobre los funcionarios de la Xunta

La jornada parlamentaria, más tensa de lo que suele ser habitual en el hemiciclo del Parlamento de Galicia, ha vivido un nuevo momento de tensión esta tarde cuando diputados de PPdeG y BNG protagonizaron el tercer enfrentamiento del día, esta vez debido a discrepancias sobre la cifra de empleados públicos de la Xunta y su incremento durante la etapa de gobierno del bipartito. La bronca se produjo al término del debate de una moción sobre la racionalización de la Administración pública gallega, cuando el diputado del PPdeG Pedro Puy pidió la palabra para defender que él no es "ningún mentiroso", como sugirió en el debate presupuestario de este lunes el nacionalista Fernando Blanco, cuando señaló que los datos que dio el popular sobre el aumento de los funcionarios "era falso".

En el debate de esta tarde, el parlamentario del BNG Alfredo Suárez Canal insistió en que el Gobierno gallego "miente impunemente" en relación a la dimensión de la Administración paralela y al "ahorro" de sus supuestos recortes, cuando los presupuestos "dicen otra cosa, que el gasto aumenta". En este escenario, Puy demandó la palabra al considerarse aludido, lo que provocó el malestar de las bancadas nacionalistas -y también de las socialistas, aunque en menor medida-, desde donde se lanzaron duras acusaciones a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, por atender la petición del diputado popular. "¡Esto no es un casino, es un Parlamento!", proclamó el diputado del BNG Bieito Lobeira, quien, desde su escaño, la acusó de ejercer de "presidenta del PP". "No fue aludido, no tiene derecho a hablar", agregó, también desde su escaño, el parlamentario socialista Francisco Cerviño, antes de advertir el portavoz del BNG en la Cámara, Carlos Aymerich, de que estaba "reabriendo el debate". "Supongo que no me están pidiendo que no deje hablar a este lado de las bancadas", replicó Pilar Rojo, en referencia a los escaños del PPdeG, y, visiblemente molesta con la actitud de Lobeira, le llamó al orden hasta en dos ocasiones, antes de pedirle a Pedro Puy una intervención "de 30 segundos".

Cuando el diputado popular tomó la palabra, se reafirmó en que a él le molesta que le llamen "mentiroso" y subrayó que las estadísticas oficiales del Ministerio de Presidencia, que pueden consultarse en su página web, constatan que los empleados públicos de la Xunta "crecieron en más de 14.000 efectivos a lo largo de toda la etapa del bipartito, 12.000 de ellos desde 2006", tal y como había señalado en el debate presupuestario. Frente a ello, Suárez Canal tomó la palabra para advertir de que al BNG lo que le vale es el documento de los presupuestos gallegos y no la página institucional del ministerio. "Y esos datos -los de las cuentas- confirman que usted es un mentiroso, señor Puy", ratificó.

Estas palabras aumentaron el revuelo en las filas populares, hasta el punto de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba en el hemiciclo, se giró hacia sus diputados y les pidió "dejar el tema" en repetidas ocasiones. Previamente, durante la sesión de la mañana, el rechazo del PPdeG a tramitar una proposición de ley del BNG para la creación del Consello Galego das Mulleres había provocado un rifirrafe dialéctico en materia de igualdad protagonizado por la parlamentaria Paula Prado y la oposición, discrepancias ya frecuentes en discusiones de este tipo en pleno y comisión entre la diputada del grupo mayoritario y Ana Pontón (Bloque) y Silvia Fraga (PSdeG).

El debate de una moción impulsada por el BNG para evitar que los centros de salud se construyan a través de la colaboración público-privada propició una bronca en el hemiciclo con alusiones personales en las que el diputado del PPdeG Miguel Santalices sacó a colación que el líder del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, obtiene "ingresos" de la sanidad privada, y calificó de "cínica" su participación en la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado domingo. Entre enfrentamientos verbales, desde su escaño y aunque no formaba parte del debate, el socialista Abel Losada llamó "sinvergüenza" al parlamentario del grupo mayoritario en el debate, por mantener esas acusaciones al líder de su grupo y a la diputada Mar Barcón.

La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, que calificó la escena dada de "espectáculo", atribuyó este calificativo a que era "fruto de la tensión del momento" y entendió que el propio diputado lo retiraría -sino ella misma se encargaría-, frente a las llamadas desde la bancada popular para que se eliminase del debate (si bien en el diario de sesiones no se recogen las manifestaciones fuera de micrófono, con lo que en todo caso no figurará).
Tras el tercer enfrentamiento de la jornada, fue rechazada con los votos del PPdeG la moción presentada por el PSdeG, defendida por el diputado José Manuel Lage Tuñas, en la que instaba a la Xunta a proceder a la reestructuración del sector público autonómico, activando el adelgazamiento de la denominada 'administración paralela y a llevar a cabo antes de que finalice 2010 la disolución de la totalidad de las fundaciones comarcales.
El parlamentario popular Antonio Rodríguez Miranda justificó la postura de su grupo en base a que la Xunta está trabajando en ello y a que es la "primera" administración impulsora de un plan conjunto para racionalizar el sector público, al tiempo que defendió su actuación "transparente".