Sectores en crisis: Bruselas pide una drástica reforma de la política pesquera y España defiende al naval ante la Unión Europea

La comisaria de Pesca, María Damanaki, ha planteado cambios drásticos en la reforma de la política pesquera común (PCP) más allá de 2013, como, por ejemplo, basar en datos científicos y no tanto en la negociación política el reparto de cuotas de pesca entre la flota comunitaria, con el objetivo de proteger unos recursos cada vez más explotados. También apuesta por crear un "mercado de derechos de pesca" para que los pescadores de un mismo Estado miembro puedan comercializar entre sí con las cuotas que le son asignadas, con ello se quiere dar un "sentido económico" a la buena gestión de los recursos, porque el valor de estos derechos lo fijará el mercado, según ha explicado la comisaria en rueda de prensa.

Damanaki cree que la revisión de la PCP es una oportunidad para redefinir las relaciones con países terceros como Marruecos y Guinea Bissau y fijar nuevas prioridades en los acuerdos bilaterales que se establecen con ellos. El objetivo es que los nuevos acuerdos que se negocien se cimenten en tres pilares: la buena gobernanza, una pesca sostenible y el respeto de los Derechos Humanos.

La propuesta de Damanaki sugiere la necesidad de establecer ciertas "salvaguardas" para que este nuevo sistema de cuotas transferibles (o 'concesiones') no sea discriminatorio ni favorezca que pescadores de un determinado país puedan esquivar la norma y comprar los derechos de otros países. Los gobiernos nacionales tendrán "flexibilidad" para decidir sobre estas salvaguardas. Se trata de una iniciativa que despierta "reservas" entre algunas organizaciones ecologistas que temen una "privatización de los mares" y de algunos países que ven el riesgo de que otras flotas comunitarias se hagan con sus derechos. Además, sería una forma de ofrecer ayudas a los pescadores en un momento en el que Bruselas también quiere acabar con la "dependencia de los subsidios" que a su juicio tiene el sector.

La comisaria cree probado que las ayudas a la reconversión de la flota "no han funcionado" para combatir la sobrecapacidad y considera que no hay fondos para seguir destinando a este objetivo. "No puede haber dinero para aumentar la capacidad de los buques", ha replicado en la rueda de prensa al ser preguntada por si prevé retirar las ayudas a la reconversión. En la presentación de su propuesta, la comisaria ha sido tajante y ha advertido de que si no se llevan a cabo cambios "estructurales" sobre las prácticas actuales, entonces "iremos perdiendo una población tras otra". "Hay que acabar con este círculo vicioso", ha insistido, antes de anunciar un proyecto basado en tres pilares: "sostenibilidad, eficiencia y coherencia". También ha anunciado un peso "fundamental" para el desarrollo de la acuicultura.

La responsable comunitaria de Pesca ha recalcado que la política actual no funciona porque "no obra a favor de la sostenibilidad", tampoco funciona para el mercado comunitario, que tiene que importar dos tercios del pescado que consume y "muchos pescadores dependen de las subvenciones". Además, ha rechazado que los cambios que defiende sean una amenaza para el sector y ha asegurado que "ya se pierden muchos puestos de trabajo" con la política pesquera actual. Bruselas tiene "preocupación" por el desempleo pero afirma que habrá "apoyos, compensaciones" para, por ejemplo, los pescadores que realicen buenas prácticas.

Damanaki propuso recientemente recortar en al menos un 25% en 2012 las capturas de los recursos para los que no se dispusiera de suficientes datos científicos para establecer el estado de la población, una idea a la que se oponen la mayoría de los Estados miembros por considerarla "exagerada". Pero la comisaria defiende esta posibilidad porque ve "urgente" reducir la sobrepesca que impide en la actualidad la reproducción sin riesgo de muchos recursos y lamenta la falta de esfuerzos por parte de algunos Estados miembros para obtener datos científicos de calidad y fiables. Según datos de Bruselas, el 82 por ciento de las poblaciones mediterráneas y el 63 por ciento de las atlánticas están sobreexplotadas. La cifra del 25 por ciento no aparece en la propuesta que este miércoles presenta la comisaria, pero sí conserva el "espíritu" de la iniciativa para defender planes multianuales para cada pesquería basados en la opinión científica y que apliquen el principio de precaución, según han explicado fuentes comunitarias.

En la actualidad existen planes plurianuales para poblaciones específicas y Bruselas quiere redirigirlos para que cada plan cubra una pesquería con la idea de hacer una gestión más eficaz y favorecer la consecución del objetivo de una pesca sostenible en el horizonte de 2015. Además de una gestión de los recursos que se apoye en un "enfoque ecosistémico" y a la creación de planes específicos, la comisaria quiere impulsar un tercer eje en la reforma para "regionalizar" la política pesquera comunitaria. Así, se podrían pensar "soluciones locales" que se adapten a las especificidades de cada región, siempre partiendo de "los mismos principios" de una pesca sostenible, matizan las fuentes.

Entre las principales medidas que Damanaki ve necesarias para lograr estos objetivos figura el fin de los descartes, esto es, de la pesca no deseada que es devuelta al mar, y que en la actualidad representa en torno al 23 por ciento de las capturas. La comisaria ha criticado en numerosas ocasiones una práctica que considera "inmoral" y en su propuesta plantea un veto progresivo que empezaría a aplicarse a algunas especies como la anchoa, el atún rojo o el jurel a partir de 2014 y se extendería a otras en 2015 y 2016. El objetivo es que en 2016 estén prohibidos todos los descartes y que los pescadores estén obligados a desembarcar toda la pesca comercial capturada.

Salgado descarta sustitutos "transitorios" al 'tax-lease'

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha descartado que España pueda aplicar un sistema "transitorio" e "inmediato" que sustituya a la bonificaciones fiscales para la construcción de barcos (tax lease) mientras la Comisión Europea decide sobre el expediente abierto, porque también debería contar con una "autorización previa" de Bruselas. Salgado ha pedido la "máxima prudencia" ante esta propuesta, lanzada por el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, en el transcurso de una interpelación en el Congreso. Precisamente, este debate dará lugar a una moción que los nacionalistas llevarán al Pleno del Congreso del martes 19 de julio y que incluirá esta idea.

Salgado ha recalcado que el Gobierno está trabajando para la "mejor resolución" de ese expediente en los "mejores tiempos posibles" y ha remarcado que el Ejecutivo está "plenamente convencido" de que el sistema de amortizaciones se ajusta al marco comunitario. Asimismo, ha culpado al PP por provocar esta situación, al no haber recabado la autorización de Bruselas cuando puso en marcha las bonificaciones en 2002, lo que ha influido en que ahora se considere "ayuda ilegal". Para Salgado, la mejor solución es que la Comisión cambie su criterio, o al menos no declare el 'tax-lease' incompatible con la normativa comunitaria.

Azpiazu ha advertido del impacto que está teniendo la suspensión del sistema desde el pasado 1 de julio en los astilleros de Andalucía, Galicia o País Vasco, y ha advertido del riesgo de que el expediente declare las ayudas ilegales "con efectos retroactivos", lo cual obligaría a su devolución y supondría su "muerte definitiva".
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha reprochado al PP su "irresponsabilidad" y "declaraciones temerarias" y "populistas" sobre las bonificaciones fiscales para la construcción de barcos ('tax lease'), hablando de ellas como "ayudas", cuando precisamente el Gobierno está intentando demostrar que no lo son ante el expediente abierto por la Unión Europea.

En respuesta a una pregunta del diputado 'popular' ferrolano Arsenio Fernández de Mesa durante las sesión de control en el Congreso, Salgado ha dicho que el Gobierno ha suministrado información a la UE alegando que "no se trata de bonificaciones en sentido estricto", sino de un sistema de amortización. Frente a ello, ha situado las declaraciones "irresponsables" del PP y de la Xunta de Galicia, que hablan de "ayudas" sin pensar que sus palabras pueden perjudicar gravemente el proceso abierto en Bruselas. Además, ha reprochado al PP que el sistema dio comienzo en 2002, pero la Comisión afirma que no le fue notificado. "Nos encontramos con un planteamiento erróneo que hicieron ustedes cuando gobernaban, como ocurrió con las ayudas a Izar", ha denunciado.

Los populares han calificado de "gravísima" la situación generada por el expediente abierto a España y han afirmado que, desde 2002, se construyeron en nuestro país 273 buques mediante el sistema 'tax lease', unas construcciones que generan "un volumen de negocio de 9.000 millones que España tendría que devolver si se declaran ilegales". En este escenario, Fernández de Mesa ha reclamado al Ejecutivo socialista que defienda que se paguen a los astilleros "todas las cantidades devengadas" por los beneficios fiscales generados antes de la apertura del expediente. Asimismo, el PP ha exigido al Gobierno que se preocupe de "problemas reales" como éste, que afecta "directa o indirectamente a 35.000 empleos", y "se olvide" de la política "de altos vuelos".

La Xunta insiste al Gobierno que haga "todo lo posible" para defender el sector naval ante la UE

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha instado al Gobierno central a hacer "todo lo posible" para defender el sector naval en la Unión Europea ante la "crítica" situación por la que atraviesa. Por otra parte, ha considerado una "buena idea" el proyecto para el astillero vigués Barreras de construcción de un dique flotante de acero para la reparación de buques, aunque ha precisado que no está confirmado un aval por parte de la Administración autonómica.

Preguntado por la negociación de este contrato, por importe de 20 millones de euros, Guerra ha explicado que su departamento ya tiene "encima de la mesa" el proyecto y que lo está estudiando, tanto desde el punto de vista de mercado como financiero. No obstante, ha subrayado que no está "confirmado" un aval por parte de la Xunta de Galicia. Al respecto, ha indicado que "faltan datos importantes para poder confirmar esa ayuda", aunque ha reconocido que se trata de un proyecto que requeriría "el compromiso de los astilleros, de las instituciones financieras y de la Xunta", ha apostillado.

Guerra ha incidido también en que el sector naval es "prioritario" para la Xunta de Galicia y ha admitido que su situación es "crítica y complicada". Por ello, ha asegurado que la Administración autonómica está "haciendo todo lo posible", aunque ha pedido al Gobierno que haga lo mismo, "para defender este sector porque si se pierde, difícilmente tendrá vuelta atrás", ha apostillado. Por otra parte, el conselleiro de Economía ha avanzado la intención de la Xunta de presentar "en días" una propuesta sobre las ayudas fiscales a los astilleros (tax lease) "encajada en la normativa comunitaria" tras su suspensión por parte de la Comisión Europea.