La Xunta apuesta por un gran pacto para afrontar el pago de la deuda del sistema sanitario gallego

Una instrucción de la Xunta sobre la posible sanción a pacientes que hagan un "uso irresponsable" de la sanidad pública ha levantado fuertes críticas por parte de los grupos de la oposición -PSdeG y BNG-, que han acusado al Gobierno que dirige Núñez Feijóo de "abrir la puerta" al copago sanitario en la comunidad. A raíz del accidente que sufrió el jefe del Ejecutivo gallego y presidente del PP, al chocar el automóvil en el que viajaba con dos jabalíes al volver de un mitin en Verín (Ourense), los periodistas le han preguntado si hizo un uso responsable del sistema sanitario. "Sin duda, hay que hacer siempre un uso responsable de la sanidad", ha replicado y ha agregado que "cuando no tienes nada, lo mejor es no abusar de los servicios sanitarios".

El presidente gallego ha indicado que el copago es un sistema que se ha anunciado pero "nunca" se ha llegado a implantar y ha defendido que "lo mejor que se puede hacer para la sanidad es hacer un gran acuerdo para pagar todo lo que debe el Sistema Nacional de Salud". "Puedo asegurar que lo que va a haber es mejor sanidad y se va a pagar lo que se debe", ha concluido.

Sanidade pondrá "las cosas muy difíciles" a los que hagan uso de la sanidad gallega "sin tener derecho a ella"

La Consellería de Sanidade "pondrá las cosas muy difíciles" a las personas que hagan uso de la sanidad pública gallega "sin tener derecho a ella" ni "contribuir" a sostener la misma, según ha señalado este miércoles la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Sagrario Pérez. Así se ha manifestado en sede parlamentaria la responsable autonómica con respecto al decreto publicado el martes por el Diario Oficial de Galicia (DOG) que regula las tarifas a terceros obligados al pago de servicios sanitarios prestados en el Sergas.

Pérez Castellanos ha querido "transmitir a todos los gallegos", antes de responder a la pregunta formulada por una diputada del PPdeG -que trataba sobre la no caducidad de la tarjeta sanitaria-, que "pueden estar muy tranquilos", dado que la Xunta está "haciendo todo lo que está en su mano para blindar la asistencia sanitaria gratuita y universal". "Así lo estamos haciendo con los que hacen un uso irresponsable de nuestro sistema", ha indicado la secretaria xeral, que ha garantizado que la Administración actuará en el caso de personas que "no contribuyen" a sostenerlo y "tienen cubierta su asistencia por otro sistema". "Es una obligación legal que estamos dispuestos a cumplir".

En cuanto a la decisión de la Xunta de no hacer caducar la tarjeta sanitaria, Sagrario Pérez ha asegurado que esta medida supondrá el ahorro de 500.000 euros anuales y ha señalado que el cobro por extravío o deterioro hará "concienciarse" a la ciudadanía de que "la tarjeta sanitaria es un documento con valor".

Asociación en Defensa da Sanidade Pública pide al PP que "dé marcha atrás" en su "estrategia de recorte de derechos"

La Asociación en Defensa da Sanidade Pública ha reclamado al PP que "dé marcha atrás" en su "estrategia de recorte de derechos sanitarios a las personas más desfavorecidas" que, según el colectivo, "deberían ser el objetivo prioritario de las actuaciones de los servicios sanitarios". Así lo ha manifestado la asociación en un comunicado en el que rechaza las manifestaciones del portavoz de Sanidad del PPdeG, Miguel Santalices, en las que atribuía a este colectivo "ser un apéndice del Partido Socialista" o de haber sido remunerados por el gobierno bipartito.

"La mayor parte de los socios son profesionales sanitarios sin adscripción política alguna, aunque en la misma hay socios militantes del PSdeG, BNG, Esquerda Unida, CIG, UGT, CCOO, CSIF, Satse, Agamfec... y de otros sindicatos y organizaciones profesionales políticas y sanitarias", ha aclarado el portavoz de la asociación, Manuel Martín. Por ello, la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública considera que "de lo que se deberían preocupar los dirigentes del PP es de dar marcha en su estrategia de recorte de derechos sanitarios a las personas más desfavorecidas".

En este sentido, ha insistido en que "es inaceptable desde la óptica de cualquier sanitario que restrinja la atención sanitaria exigiendo seis meses de empadronamiento en un ayuntamiento gallego para acceder a la sanidad pública o ser operado". Así, ha reiterado que "esta decisión supone una vulneración flagrante de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Extranjería, la Ley de Cohesión Sanitaria, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos".