Más del 60% de los municipios gallegos tienen menos de 5.000 habitantes y no alcanzan la población mínima que podría imponer el Gobierno

Esta realidad demográfica de Galicia, caracterizada por la dispersión, no se atajará fusionando ayuntamientos. Es lo que defiende el documento que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entregó al Gobierno como base del debate sobre la reforma de la administración local y de su financiación.

Las provincias más afectadas por este posible baremo serían Ourense, ya que 82 de sus 92 municipios tienen menos de 5.000 vecinos, y Lugo, con 54 localidades de este tamaño de las 67 totales. Por detrás se sitúa A Coruña, donde concerniría a más del 40% de sus 94 ayuntamientos, hasta 41; y Pontevedra, porque casi un tercio de sus municipios no superan la cifra que baraja el ministerio (22 de 62).

Se pone, así, de manifiesto que la supresión de ayuntamientos "no modifica" la realidad de los asentamientos de población, que "seguirán existiendo" pese a la consideración jurídica que se les otorgue. Es también la opinión de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), cuyo presidente, José Manuel Rey Varela, ve "altamente perverso" abordar la reforma de la planta local desde una cifra de habitantes.

Lo ha dejado patente en una entrevista que se publicará en el próximo número de la revista 'Concellos Galegos', a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella evidencia que utilizar el tamaño como criterio podría "forzar" una alianza entre un ayuntamiento "sin problemas de déficit" con otro "en números rojos". "No parecería razonable", ha profundizado el líder de la institución municipalista, quien se ha mostrado "radicalmente en contra" de las fusiones "por decreto" porque únicamente supondrían "ahorrar el sueldo del alcalde y cuatro o cinco concejales". "Y muchos, ni siquiera cobran", como ha comentado en este sentido el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro.

El dirigente provincial también ha rechazado decidir fusiones en base al número de habitantes y ha dado por hecho que se trata de "un globo sonda" del Gobierno para "despistar sobre las verdaderas reformas" que está acometiendo. Además, ha enmarcado este debate en el camino "recentralizador" que tiene en mente "un PP al que molestan las autonomías".

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, no se opondría a reformar la planta local con este baremo, pero siempre que sea "a nivel nacional" y por "un criterio general de política económica". "Lo que no veo claro es que se haga por territorios", ha explicado, aun convencido de que la medida "puede ser beneficiosa". En todo caso, dado que ordenar fusiones supone "menoscabar la autonomía política" de los ayuntamientos, ha recordado que "existe" un mecanismo legal que permite que se hagan "de forma voluntaria".

Frente al establecimiento de este mínimo de habitantes, Rey Varela ha apostado por generar "economías de escala" para la prestación de servicios conjuntos a través de la "colaboración" entre ayuntamientos. Eso sí, sin crear "más organismos que sólo generan gasto improductivo".

Cree que la anunciada fusión de los coruñeses Cesuras y Oza dos Ríos "se puso sobre la mesa tras años de cooperación entre ambos". En la misma línea, Besteiro, que ha insistido en lo "absurdo" de imponer alianzas, se ha mostrado partidario de "trabajar en la agregación de servicios y no obsesionarse con las fusiones". Si los ayuntamientos y "los ciudadanos" ven "los beneficios de trabajar en común", ha interpretado, podrían producirse más uniones. Para reforzar su tesis, ha señalado que la UE "no se construyó a base de decretos", sino que la alianza económica dio paso a la política. "Pero aquí se quiere hacer una unión política para llegar a una mejora económica, y es un camino equivocado".

Baltar ha considerado la fusión de servicios "uno de los caminos posibles", toda vez que su prestación es "el objetivo de toda administración". En este punto, ha reivindicado el papel de las diputaciones como "patrocinadoras y promotoras" de la cooperación intermunicipal. Esta filosofía también es defendida por la FEMP, cuyo documento distingue entre la entidad política y la administrativa, admitiendo que esta última "no tiene por qué ser propia" de cada municipio. De hecho, propone que las diputaciones se hagan cargo de las competencias que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes no puedan ejercer.

Con ello está "completamente de acuerdo" Baltar Blanco, quien ha recalcado que "todos los ayuntamientos" de Ourense con la sola excepción de la capital cumplen este parámetro y que ya tiene en marcha "procedimientos en diversas áreas competenciales para la gestión conjunta de servicios". De hecho, ha diferenciado entre "la identidad política" y "la prestación de servicios" para concluir que "el camino" es ofrecerlos "con ayuda de las diputaciones".

También Besteiro se ha mostrado conforme con que "la actividad prioritaria de la diputación" se centre en los pequeños y medianos ayuntamientos, pero ha llamado la atención sobre la importancia de que las competencias estén acompañadas de la financiación "necesaria". Pero, tras aseverar que "no es un mecanismo extraño" para las diputaciones "el trabajo en red", ha advertido de que "la prestación de servicios es distinta" en cada provincia debido a las características de cada zona. "Tanto orográficas, como de envejecimiento y dispersión".

Desde las provincias de Lugo y Ourense, las que resultarían más afectadas de imponerse el criterio que estudia el Gobierno, los presidentes de ambas diputaciones han indicado que no tienen constancia de que ninguno de sus ayuntamientos haya dado pasos hacia una fusión. Rey Varela ha expresado "dudas" sobre la posibilidad de que el Ejecutivo legisle en este sentido, si bien ha admitido que la UE podría "decidir dentro de seis meses o un año que tal o cual país debe proceder a una reestructuración administrativa". Por si eso se produce, ha insistido, deben estar "ensayados los modelos de cooperación".

En paralelo, el alcalde del municipio más pequeño de Galicia, Negueira de Muñiz (Lugo), en el que residen 224 personas, ha tildado de "auténtica tontería" la posibilidad de agrupar los ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos. "No me vale lo de que no hay dinero", ha subrayado José Manuel Braña, para quien "antes" que las administraciones locales "habrá que "tocar el Senado". "Ferviente defensor de las mancomunidades de servicios", ha explicado a Europa Press que su ubicación geográfica únicamente le permitiría unirse a A Fonsagrada, municipio del que se escindió en 1925, ya que por el este linda con Asturias. "Y yo, sinceramente, no quiero ser parte de A Fonsagrada", ha recalcado, convencido de que "los vecinos tampoco quieren".

Y, tras apuntar que "ningún alcalde es tan malo para querer que sus vecinos sean de otro ayuntamiento", ha advertido a aquellos a quienes atrae sumarse "a otro más dinámico o con más actividades" de que "el dinero no lo regalan". "Si se hacen más cosas es porque salen de los impuestos", ha incidido. En lugar de potenciar el papel de las diputaciones, el regidor socialista ha planteado "retomar las comarcas". "Fraga, que tenía una visión de Estado completamente genial fue el promotor de la comarcalización de Galicia".