La Xunta de Galicia y las cuatro diputaciones firman un acuerdo de cooperación y fijan en un mes el plazo para iniciar el diálogo

Tras las demandas incluidas en los minutos previos a la concreción del protocolo, cuya firma se retrasó casi una hora sobre el horario previsto debido a la negociación con Besteiro, tanto Núñez Feijóo como los representantes de las diputaciones constataron la importancia del paso dado e incidieron en que hay que "mejorar la cooperación" en la prestación de servicios para optimizar la atención de los ciudadanos.

Besteiro prometió "lealtad institucional", mensaje que repitió posteriormente en declaraciones a los medios, ante los que agradeció que se incorporasen cuestiones de peso para Lugo, como la preocupación por el sector primario y la despoblación, o que se incluyesen "concreciones" relevantes para las cuatro diputaciones como la financiación de los servicios sociales comunitarios. Junto con Besteiro, han sido varias las voces -como las de un grupo de alcaldes nacionalistas- las que expresaron preocupación por el decreto autonómico que regula la prestación de estos servicios, al enteder que delega competencias que no van acompañadas de recursos para hacerles frente. De hecho, la Diputación de Lugo amenazó con recurrirlo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El acuerdo firmado reconoce "la importancia" de la prestación de estos servicios "por parte de las corporaciones locales para mantener "una sociedad justa en el marco de un Estado social". Eso sí, la Xunta se compromete a suscribir con las diputaciones convenios en los que se recojan las "actuaciones y aportaciones" de cada administración para facilitar la prestación de los servicios sociales comunitarios en los municipios.
Además, el conjunto de administraciones implicadas se comprometen a iniciar "en un mes" las conversaciones necesarias para articular estos convenios bilaterales de colaboración "concretos". "En un mes tendremos la prueba de algodón y veremos si el protocolo es papel mojado", ha constatado el presidente de la Diputación de Lugo al término del acto, tras celebrar que se hayan tenido en cuenta sus demandas.

Núñez Feijóo ha aplaudido el logro de cerrar esta "agenda conjunta" de colaboración, después de situar entre las "posibles" causas de la crisis económica la "ausencia de cooperación", así como "cierta tendencia autárquica", a su entender, instalada en las administraciones en la "época de bonanza". "Uno se pregunta como ocurrió", ha reflexionado el presidente, quien ha esgrimido que "no hay razón cultural" para este comportamiento, pues España demostró que "sabe cooperar" en periodos difíciles como el de la Transición. "Tampoco se explica por experiencias erradas que lleven al escepticismo porque cuando nos pusimos de acuerdo, las cosas fueron bien".

Feijóo ha apuntado que la "falta de colaboración" entre las administraciones públicas es "un fracaso político y colectivo". Frente a ello, ha defendido que los "fracasos" deben tener "una solución" y ha proclamado que el protocolo suscrito este miércoles, además de "pionero, constituye "la prueba de la evolución del país en los últimos años". No en vano, ha interpretado que articular este acuerdo "estable" y abrir una agenda común en asuntos de peso como servicios sociales o actividades formativas y de empleo sería imposible "hace tiempo". "Pero hoy estamos aquí en vez de tropezar otra vez en la piedra de la autarquía administrativa". "Hoy convergen generosidad, responsabilidad y anticipación", ha continuado, para recordar que, mientras en el Estado empieza a debatirse la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, Galicia vuelve a "anticiparse", como ya hizo con las medidas de "austeridad", y da "un paso firme" para la cooperación. "Espero que no tenga vuelta atrás", ha agregado, convencido de que todos los firmantes "cumplirán con su responsabilidad".

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán ha destacado que hay que superar "la descoordinación y la ineficacia" a la espera de que el actual Gobierno central acometa "la reforma en profundidad" de la Ley de Bases de Régimen Local y clarifique las competencias de las administraciones, algo que, a su entender, "será pronto una realidad". Ha coincidido con Feijóo en la idea de que el acuerdo firmado en Galicia supone "una anticipación" y ha ratificado que la institución que él dirige tiene "las puertas abiertas a avanzar" en el camino de la colaboración. También ha aprovechado para ratificar ante su jefe de filas y presidente gallego el "compromiso firme" de la Diputación que preside de lograr "deuda cero" en un plazo "de cinco o seis años".

El titular de la Diputación de Ourense, el también popular Manuel Baltar, ha proclamado que "más que nunca" en el actual escenario de crisis la palabra "clave" es cooperación y ha hecho hincapié en que, "en la era de la intermunicipalidad", es necesario que las administraciones "caminen juntas". Asimismo, ha vuelto a defender la "fusión de facto" de servicios y acciones para mejorar la atención a los ciudadanos. "Tenemos que dar ejemplo", ha apuntado, a su vez, el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, quien ha dado por hecho que los tiempos de "bonanza" volverán y que éste documento "impedirán que se repitan los errores del pasado". Además, ha pronosticado que los "resultados" del acuerdo se verán "pronto" y sus beneficios repercutirán "en los ciudadanos".
"Estoy convencido de que tras su firma las cosas no volverán a ser igual y que saldrá muy reforzado el papel de las diputaciones", ha zanjado Calvo.

El único firmante socialista, José Ramón Gómez Besteiro ha comprometido lealtad y, aunque ha mostrado su confianza "en que se cumpla" para evitar "un fracaso" conjunto, ha advertido de que si no se actúa conforme a los "plazos" y se revela que es "papel mojado", él lo dirá y exigirá su cumplimiento. Sobre las discrepancias previas a la firma, ha subrayado que la Diputación lucense remitió "con tiempo" un documento con sus alegaciones y ha restado importancia a que no se haya cerrado el acuerdo hasta el último momento. "Lo importante es que lo hay y las cuestiones se deciden cuando se tienen que decidir".

Sobre su postura crítica con respecto al decreto de servicios sociales comunitarios, ha insistido en que no se pueden traspasar competencias sin recursos porque eso "incrementaría las cargas" para los lucenses y, por extensión, para el resto de ciudadanos de cada provincia. Por ello, ha defendido que no sería para "rasgarse las vestiduras" que la Diputación formalice un recurso contencioso-administrativo contra este decreto, si bien ha matizado que aún no ha presentado y que será el pleno de la institución el que tome la decisión final. En todo caso, aunque finalmente se interponga, ha subrayado que hay "margen" para alcanzar el acuerdo con la Xunta.

La Xunta y las diputaciones han asumido el compromiso de incrementar "la transparencia y evaluación de la eficacia" de las distintas subvenciones públicas que gestionen en el ámbito de sus competencias, según recoge el protocolo marco que firmaron este miércoles el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y los cuatro responsables provinciales. En el documento, que incorporó a última hora algunas demandas de la Diputación de Lugo, se estipula, además, que "siguiendo la orientación ya impulsada por la Xunta", las diputaciones "favorecerán" también en sus ayudas a los proyectos que impliquen la gestión compartida de los servicios entre varios municipios.

Constata que el Gobierno gallego "se comprometerá" a primar en sus convocatorias de subvenciones a los ayuntamientos que participen en fórmulas de prestación de servicios públicos de forma conjunta "en las que participen" las diputaciones. En relación al compromiso de "aumentar la transparencia y la evaluación de la eficacia", el acuerdo recoge que el reto alcanzar "una mayor homogeneidad" en la tramitación y gestión de las líneas de ayuda. Con carácter "orientativo", vincula con este objetivo a subvenciones a deportistas, ayudas de promoción de la igualdad y de lucha contra la violencia de género, y subvenciones a ayuntamientos y entidades para actividades culturales, entre otras.

Sobre la base de estas orientaciones, las administraciones implicadas prevén elaborar un "catálogo inicial" con aquellas líneas de ayuda en las que se observa "un mayor grado de concurrencia" entre los dos niveles de gobierno, con el fin de "unificar esfuerzos, créditos presupuestarios y prioridades". El protocolo suscrito por los presidentes de las diputaciones y Feijóo recoge que las instituciones provinciales "reforzarán" sus servicios de asistencia "jurídica, económico-financiera y técnica" a los municipios, intentando garantizar "con personal propio" a todos los ayuntamientos que lo pidan la elaboración, por ejemplo, de dictámenes jurídicos y la representación procesual en juicio. También se busca "garantizar" el asesoramiento y la emisión de informes que los municipios puedan precisar en materia económico-financiera y la realización de informes técnicos en materia urbanística. En todos los casos, la prestación de la asistencia "se dirigirá preferentemente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".

El acuerdo contempla que Xunta y diputaciones "podrán firmar convenios de colaboración" en los que se establezcan aportaciones económicas por parte de la Administración autonómica para alcanzar este objetivo. Igualmente, recoge la colaboración de todas las administraciones implicadas en la puesta en marcha de un "plan integral de asistencia a las emergencias" que tenga como objetivo "la cobertura de la totalidad" del territorio de la Comunidad.

Asimismo, se prevé la elaboración de un plan de formación para el personal al servicio de la Administración local de Galicia y se compromete el esfuerzo de Xunta y diputaciones para avanzar en la "planificación conjunta y la coordinación" de las inversiones que se desarrollan para la implantación de la administración electrónica. Además de incorporar el compromiso de impulsar de forma conjunta un plan gallego de cooperativismo agroganadero y forestal y de formular propuestas "concretas" contra el envejecimiento poblacional, dos extremos a los que la Diputación de Lugo otorgó una importancia clave, las instituciones implicadas prometen "coordinarse" en la ejecución de políticas activas de empleo.

La Xunta suscribirá con las diputaciones convenios de colaboración en los que se recogerán "las aportaciones económicas" aportadas por la Administración autonómica para "facilitar" la ejecución, por parte de las instituciones provinciales, de estas políticas. El protocolo constata que las previsiones recogidas en el mismo se desarrollarán "sin perjuicio" de las funciones que en las materias que abordan ejerza la futura área metropolitana de Vigo en su ámbito territorial, cuando la ley entre en vigor, y siempre en lo que se refiere a las competencias que le transferirán a este ente Xunta y Diputación de Pontevedra.

El acuerdo marco, en cuya firma estuvieron presentes también el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el titular de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, prevé la constitución de una comisión general de seguimiento. Dicha comisión estará presidida, de forma rotatoria, por el titular de la consellería con competencias en materia de régimen local y los presidentes de las diputaciones. Este órgano se reunirá al menos una vez al año y "cuantas veces sea convocada" por el presidente, pudiendo solicitarse la convocatoria por la cuarta parte del número de miembros.

El BNG critica que Feijóo "refuerce las diputaciones" mientras la "mayoría de la ciudadanía" quiere que "desaparezcan"

El BNG ha acusado a la Xunta de firmar un protocolo de colaboración con las diputaciones provinciales con el que, "bajo la coartada de la cooperación y colaboración institucional", lo que "en realidad pretende" es dar "respiración asistida" a estas instituciones, es decir, "reforzarlas" pese a que -añade- "la mayoría de la ciudadanía juzga que son inservibles".

Según manifiestan los nacionalistas en un comunicado, la firma de este protocolo es "un paso atrás", al modificar el papel de las diputaciones para "dotarlas de mayores competencias en detrimento de los ayuntamientos", pese a que ello -afirma-, "no asegura mejor calidad de servicios, sino únicamente la perpetuación de administraciones que destacan por el uso clientelar que hacen de los fondos públicos". Además, los nacionalistas se fijan en que esta firma coincide con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en la cual se pretende otorgar a las diputaciones provinciales un "papel llave" en la reforma del mapa local, encomendándoles la gestión de servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Esto significaría en Galicia que asumirían "nada menos que competencias sobre servicios del 93 por ciento de los ayuntamientos gallegos --294--", critica el BNG. "El PP pretende buscar una solución irreal, la de atribuir competencias a una administración que no tiene ni genera recursos por sí misma, ya que más del 90 por ciento de los ingresas son transferencias de otras administraciones".

El Bloque considera que se trata de un "camino errado y fracasado", ya que, ante la insuficiencia de recursos económicos de los ayuntamientos para atender servicios públicos, "agravada en los últimos años como consecuencia de la crisis económica", se hace "imprescindible" racionalizar el aparato burocrático local. En este sentido, advierte de que ello no debe hacerse "con fórmulas que persiguen duplicidades de nuevo, sino apostando por otro modelo de administración local en base a un nuevo mapa de entes locales que prescinda de las diputaciones provinciales y "avance" en la mancomunización y comarcalización de servicios locales.

De esta manera, para los nacionalistas, "no tiene sentido" que a "estas alturas se pretenda reivindicar y reforzar", como atribuye al PP, "una organización territorial e institucional" de los entes locales en el Estado que "apenas ha variado en casi dos siglos, ni desde la perspectiva de la función política, ni de su racionalidad y eficacia administrativa, ni tampoco de su adecuación a la realidad de cada territorio".

El BNG insiste en que "las diputaciones son una disfunción evidente en la actualidad", dado que su génesis "fue la de asegurar una aplicación homogénea de la acción política del poder central". Sin embargo, ha señalado que "desde sus comienzos supuso una inserción artificial en el territorio, desaprovechando la oportunidad de que otras realidades que presentan una mayor cohesión, como es el caso de las comarcas". Por eso, el Bloque "rechaza" el protocolo firmado y la propuesta de reforma de la Ley de Régimen Local, ya que "ni racionaliza las competencias ni la prestación de servicios", sino que "multiplica las situaciones de competencias compartidas y/o tuteladas que, en la práctica, son una fuente permanente de problemas, disfunciones y sobre costes para la ciudadanía".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que coa sinatura do protocolo de cooperación entre Xunta e Deputacións, Galicia dá un paso firme para ser pioneira á hora de poñer en práctica a filosofía do principio da cooperación, da unidade e da coordinación entre as administracións.

Feijóo subliñou deste xeito que, cando no ámbito estatal se está comezando a debater unha posible Lei de Réxime Local, Galicia volve a anticiparse coa sinatura deste documento, “como nos anticipamos cando iniciamos a senda da austeridade e cando iniciamos a senda da estabilidade orzamentaria”. “Hoxe, volvemos a anticiparnos cun documento que é útil, en primeiro lugar, para as deputacións, porque a cooperación é fundamental para que as propias deputacións aforren no seu funcionamento; é útil para os concellos, porque se as deputacións e a Xunta camiñan xuntas os concellos son os últimos e grandes beneficiarios; e é útil para os cidadáns, que son os que piden aos políticos a maior responsabilidade nun momento tamén de maior dificultade”.

O titular da Xunta aseverou que a falta de colaboración entre as administracións públicas é sinxelamente “un fracaso político, un fracaso colectivo” que debemos tentar reverter. “Por iso este acto –dixo- é unha proba da evolución do noso país nos últimos anos. É un cambio xeracional dos políticos que están ao fronte das deputacións e dos políticos que están ao fronte da Administración autonómica. Non hai tanto tempo esta firma podería resultar estraña; hoxe, aquí estamos, en plena crise económica, dicindo que é moito máis o que nos une que o que nos separa e demostrando que, en lugar de tropezar outra vez na mesma pedra da autarquía administrativa, apostamos pola unidade, polo acordo e pola cooperación”.

Neste sentido, Feijóo lembrou que “na Xunta entendémolo así desde o primeiro día desta lexislatura e, ao longo da mesma, intentamos acordar e cooperar”. “Fraguou o acordo no ámbito universitario e temos unha lei consensuada cos reitores e cos claustros, que entrará no Parlamento para ser aprobada; fraguou nos distintos acordos alcanzados no Diálogo Social; fraguou en moitos aspectos no ámbito da cooperación municipal co anterior presidente da Fegamp e co actual; e, hoxe, volve a fraguar nun acordo estable e permanente que non é outra cousa que poñer unha axenda mutua a disposición das administracións públicas, é dicir, abrir unha axenda común en servizos sociais, en investimentos en equipamentos culturais, en equipamentos deportivos, en equipamentos turísticos, en infraestruturas hidráulicas, en emerxencias ou en actividades formativas e de emprego”.

Por último, o presidente do Goberno galego explicou que para que isto sexa así, amais da anticipación, converxen outros dous factores: a xenerosidade e a responsabilidade. “A xenerosidade, porque a cooperación ten que ser algo habitual e o acordo ten que ser un compromiso de todos; e a responsabilidade, porque hoxe estamos aquí, cada un xogando o seu papel pero todos xuntos xogando o único papel que é distribuír os recursos públicos para os cidadáns con criterios de eficacia e con criterios de eficiencia”.

Fotografías: Xunta de Galicia.