La edil de Educación de Santiago (PPdeG), imputada en la Operación Pokemon. El Tribunal Supremo levanta el secreto de sumario sobre el socialista José Blanco en la Operación Campeón

La jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara Cifuentes, ha citadoa declarar, el jueves día 20 de diciembre, a la concejala de Educación y Normalización Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez Iglesias, en calidad de imputada. Así lo ha confirmado, en declaraciones a los medios, el propio regidor compostelano, el popular Ángel Currás, quien ha explicado que esta concejala, que accedió al acta de edil en mayo tras la dimisión del exalcalde Gerardo Conde Roa, lo llamó para comunicárselo.

"No sé mucho. Sé que está citada para declarar el día 20 y poco más. En estos casos siempre mantengo lo mismo, la presunción de inocencia y el respeto máximo a la Justicia, pero no puedo dar más datos porque realmente lo desconozco", ha comentado el alcalde compostelano. Al ser preguntado si la citación judicial está vinculada con la adjudicación de una escuela infantil en Salgueiriños, Currás ha recalcado que "no se sabe porque ella lo único que tiene es una citación para declarar el día 20 pero tampoco tiene conocimiento de porqué".

Cuestionado sobre si el proceso se efectuó bien, el regidor municipal se ha mostrado "convencido" de que "se ha hecho con todos los parámetros exigibles a cualquier adjudicación". "Entiendo que está presente el secretario y el asesor jurídico. No creo que haya ninguna duda sobre ello".

Rebeca Domínguez sustituyó el 11 de mayo al exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, tras la dimisión del que fuera primer edil de Santiago por su imputación debido al impago en 2010 de unos 290.000 euros del IVA correspondientes a la venta de 61 viviendas. Preguntado sobre si el Ayuntamiento tomará medidas tras trascender la imputación de la concejala, Ángel Currás afirmó que "no", para añadir "¿pero medidas de qué tipo?". "Tiene que declarar y hay que esperar lógicamente a su declaración". Además de la concejala Rebeca Domínguez, ha sido imputado por la jueza instructora de la Operación Pokemon un funcionario del Ayuntamiento compostelano adscrito al departamento de Educación.

El Supremo levanta el secreto sobre la investigación a Blanco

El juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga la presunta relación del exministro de Fomento José Blanco con la supuesta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas desarticulada en la Operación Campeón, ha levantado el secreto que pesaba sobre una pieza separada del sumario y ha decretado que se de traslado a las partes. El magistrado instructor señala en un auto que la prórroga del secreto de la investigación se cumplió el viernes 7 de diciembre y que, no habiendo interesado el Ministerio Fiscal ni la Policía Judicial una nueva actuación de esta naturaleza, procede su alzamiento y traslado a las partes por diez días para su conocimiento y demás efectos.

En el auto, fechado el pasado 7 de diciembre, el juez alza el secreto de la pieza sobre la investigación patrimonial a Blanco que prolongó el pasado 27 de noviembre a petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Brigada de Blanqueo de Capitales, enviando al Supremo el correspondiente oficio. Pese a que la Policía pretendía prorrogar el secreto por 15 días más, finalmente el magistrado incrementó el secreto en 10 alegando que siguen subsistiendo las razones que lo motivaron, "entre las que destacan las necesidades de la instrucción, la naturaleza del delito perseguido y el carácter de las diligencias que se están practicando", y con el fin de no perjudicar la actividad investigadora en marcha.

El secreto se justificaba en el hecho de que las investigaciones que se están realizando, dirigidas a la obtención de información financiera, afectan a personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados. En este caso, sobre Blanco pesan las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias. El pasado mes de julio, dentro de la instrucción de esta causa, las exvicepresidenta económica Elena Salgado y la exministra de Sanidad Leire Pajín negaron por haber recibido presiones o indicación alguna del extitular de Fomento José Blanco para favorecer al empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo a la hora de obtener ayudas económicas o acelerar algún tipo de expedientes.

Este empresario, principal imputado en la 'Operación Campeón' por una jueza de Lugo, acusó a Blanco de favorecer sus intereses a cambio del pago de determinadas cantidades en metálico -en una gasolinera en Guitiriz (Lugo)- y mediante el inflado de facturas de una empresa de instalaciones eléctricas regentada por su primo político.