La oposición denuncia el "autoritarismo" de la presidenta del Parlamento gallego que decide cerrar las sesiones plenarias al público

La oposición en el Pazo do Hórreo -PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG- ha manifestado su rechazo hacia la decisión de la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, de retirar a los grupos políticos la potestad de llevar invitados a las sesiones plenarias, lo que, a su entender, se traducirá en "cerrarlas al público". El portavoz del Grupo Socialista, Abel Losada, ha denunciado el "autoritarismo" del PPdeG y de Rojo al "obstaculizar el acceso" de los ciudadanos a las sesiones parlamentarias. "Restringe la autonomía de los grupos y vulnera la libertad de la ciudadanía de acceder a las sesiones parlamentarias".

El PP de Feijóo y Rojo "sientan un peligroso precedente" para "blindar" el Parlamento de los "problemas reales" de la ciudadanía "causados por sus propias políticas". Lo hacen, ha añadido, "en contra del discurso mediático de los conservadores a favor de acercar el Parlamento a los problemas de la calle". El portavoz socialista ha interpretado que este paso evidencia "tics autoritarios" que arrastra "desde siempre" la derecha con la que ahora los ciudadanos tienen "la desgracia de convivir en las instituciones". "Intentan usar la coartada del orden público para amordazar las protestas de la gente".

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha remitido un escrito a la presidenta de la Cámara en el que se insta a "rectificar de forma inmediata" la decisión de "prohibir la presencia de los ciudadanos" en los plenos por considerarla "una extralimitación infundada en sus atribuciones". De no atender a esta reclamación, AGE ha anunciado que procederá por las vías legalmente disponibles contra dicha decisión y la pauta de conducta de la Presidencia que se traduce, ha reprobado, en "actos injustificados y que atañen a los más elementales principios y normas constitucionales que inspiran y regulan una democracia parlamentaria".

El BNG también ha ratificado "su oposición frontal" a una medida que, a su entender, prueba que el PP camina "hacia un secuestro de la democracia". "Parece que su modelo es el de las cortes franquistas", han alertado los nacionalistas en un comunicado, en el que han instado a Rojo a "rectificar".
Al igual que AGE, en un comunicado, el Bloque ha anticipado que si Rojo no reconsidera su posición, "defenderá por las vías legales y de protesta social" el derecho de los gallegos a participar en los plenos del Parlamento.

La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ha decidido retirar a los grupos políticos la potestad de llevar invitados a las sesiones plenarias y asumirá en exclusiva la decisión sobre quiénes podrán sentarse en la tribuna del hemiciclo. Con esta medida, que ha sido comunicada este viernes a los cuatro grupos con representación parlamentaria, Rojo pretende asegurar "el mantenimiento del orden" en los plenos tras los incidentes protagonizados por afectados de distintos colectivos.

La jefa del Legislativo pretende poner freno a los episodios de protestas por parte del público durante las sesiones, toda vez que, en la última, un pequeño grupo de damnificados por la comercialización indebida de participaciones preferentes llegó a proferir insultos y amenazas a diputados del PP y miembros del Gobierno.

Será Rojo la que gestionará la lista de invitados antes de recurrir a medidas como las decididas en la Asamblea de Madrid, donde ya se ha prohibido la presencia de invitados después de que se exhibiesen pancartas en defensa de la sanidad pública desde la tribuna, y que "se ajustarían al Reglamento del Parlamento de Galicia". Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han aseverado que la decisión de regular las visitas tiene "respaldo jurídico", toda vez que las invitaciones son una facultad de la Presidencia de la Cámara que, "por cortesía", se cedían a los grupos políticos.

En este escenario, Rojo ha asegurado que "por supuesto" que seguirá habiendo invitados en el Pazo do Hórreo, puesto que "no debe ser un órgano cerrado", pero ha dejado claro que "tiene que ser un lugar en el que imperen el respeto y los principios democráticos". Se reserva el derecho a adoptar "cualquier otra decisión" en base al reglamento con el objetivo de "preservar el normal funcionamiento de la institución".