La Xunta dice que ninguna industria seguirá en las costas gallegas sin su aprobación, en alusión a la nueva Ley de Costas y la situación de Ence

"No hay novedades, ninguna noticia", insiste Feijóo que indica que la postura del Gobierno autonómico será "determinante" y ha dado por hecho que, pese a la puerta que abre la nueva Ley de Costas, el Ejecutivo central no consentirá ninguna decisión diferente a la que avale la Comunidad gallega, para añadir que lo "evidente" hasta ahora es que "la concesión finaliza en 2018".

En la línea de lo planteado por el vicepresidente Alfonso Rueda, el mandatario autonómico ha garantizado que su Gobierno analizará antes de elaborar su informe la actitud de la empresa y posibles "mejoras económicas", además de tener en cuenta las aportaciones de sindicatos y agentes económicos en el ámbito del empleo, así como la postura de las "instituciones democráticas de Pontevedra". Después de que el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, se mostrase en contra del traslado de Ence, Feijóo ha recordado que la norma no establece "ninguna prórroga automática", de forma que todas las industrias del litoral "tienen que tener un informe determinante" de la Xunta. "Que lo emitirá y lo hará".

El presidente gallego ha reiterado que lo "evidente" es que la concesión finaliza en 2018, por lo que cualquier decisión que se adopte tiene que ser una decisión "meditada". "Y actualmente lo que está en el programa del PP es que esa concesión caduca en 2018", ha insistido, para reafirmarse en que la Xunta tomará una decisión tras escuchar todas las opiniones. "No hay una prórroga automática ni la Xunta ha decidido hacer ese informe determinante favorable a ella; vamos a ver qué dicen las instituciones, qué oferta Ence, que mejoras económicas está dispuesta a hacer la empresa y, con toda esta información, decidiremos qué hacemos".

Núñez Feijóo ha destacado que la nueva Ley de Costas responde "a una reivindicación histórica", en alusión al reconocimiento de los núcleos gallegos tradicionales. "Una reivindicación que estaba avalada en el Parlamento autonómico por los grupos, que cuando se van al Congreso votan de forma distinta" y ha celebrado la "solución" que da la nueva norma, puesto que abre la "posibilidad" a "legalizar 8.000 viviendas en Galicia", que se ubican en los núcleos tradicionales de una comunidad "específica" que suma 2.500 kilómetros de costa. "La ley da seguridad jurídica y seguridad en las viviendas". Eso sí, ha advertido de que la ley "no es un cheque en blanco" ni opera "automáticamente", ya que se necesita que los ayuntamientos "delimiten los núcleos tradicionales" y una actuación urbanística "sensata y responsable" de los municipios, que la Xunta "apoyará claramente".

La secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, ha insistido en el Parlamento de Galicia que "ninguna ocupación industrial" se mantendrá en la costa gallega sin contar con la "aprobación" del Gobierno autonómico y ha destacado que la nueva ley de costas aprobada en el Congreso "permite por primera vez que sean las comunidades autónomas las que evalúen los efectos ambientales que las industrias tienen en el litoral".

La secretaria xeral ha lamentado que la cuestión sobre si Ence se mantiene o no en su ubicación actual en la ría de Pontevedra sea "un arma política" y que "no sea la cuestión en sí la que preocupe". Ha agregado que la ley que permite las prórrogas de las concesiones se aprobó en 1988, con un Gobierno del PSOE en Madrid. Ahora, ha añadido, el nuevo texto "no ampara" las prórrogas automáticas.

Esta modificación legislativa, que sacó adelante el PP en solitario, "ya no ampara la prorroga automática de ocupaciones industriales en el dominio público marítimo terrestre", ha incidido la secretaria xeral en respuesta a una pregunta de la diputada del PSdeG Patricia Vilán sobre el canon que paga Ence, formulada en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial. Vilán protestó por la respuesta dada por Rivas, quien especificó la normativa que determina cómo se calcula el canon a pagar, pero no dio la cifra concreta. La responsable de ordenación territorial ha argumentado que esa cuestión compete en realidad al Estado. "Esta información ya es conocida; supongo que la Xunta manejará datos más concretos", ha replicado la socialista, que ha pedido a la Xunta que no "juegue al gato y al ratón" con los ciudadanos.

La comunidad, ha indicado, deberá dar su opinión sobre los efectos de las industrias en el litoral, "en un proceso en el que esa emisión del informe autonómico responda al compromiso adquirido por el Gobierno del Estado". "Ninguna ocupación industrial se va a mantener, ni Ence ni ninguna otra, en el dominio público marítimo terrestre del litoral de Galicia sin tener la aprobación de la comunidad autónoma". Además, ha señalado que "cualquier industria" que desarrolle su actividad en el litoral deberá cumplir la normativa urbanística y ambiental y "contar con la aquiescencia de la Xunta" para continuar con su actividad en el esa localización. "Así lo recoge la ley que se acaba de aprobar y eso va a hacer el Gobierno de Galicia".

El director xeral de Mobilidade, Miguel Rodríguez Bugarín, ha sostenido que el problema de muchas conexiones ferroviarias de media distancia no es "su privatización o liberalización", sino "que son insostenibles". En respuesta a una pregunta del diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) David Fernández Calviño, ha incidido en que no se pueden mantener paradas con menos de un viajero de media al día. Frente a la postura de Fernández Calviño, que ha defendido mantener servicios por su "rentabilidad social", aunque no sean rentables desde el punto de vista económico, Bugarín ha rechazado subvencionar "la ineficiencia de un servicio". Ha apuntado que desde 1995 a 2012 la Xunta ha abonado a Renfe en concepto de ayudas 41,16 euros para transportar a 2.635.298 personas, lo que representó una subvención media de 15,62 euros por pasajero y "no así se cubrían los costes de los servicios".

El director xeral ha considerado que "es hora de que en España se hagan las cosas de otra forma" y ha instado a basarse "en datos objetivos" y a actuar "con criterios racionales y buscando la mejor solución antes que la más fácil".