Las administraciones gallegas destruyen más de 5.000 empleos en seis meses, según Hacienda. El IPC sube tres décimas en Galicia en mayo

En el caso de Galicia, la tasa interanual ha aumentado en mayo hasta el 1,8%, frente al 1,3% que había registrado en el mes de abril. En la comparación respecto a mayo del año pasado destaca el incremento experimentado en medicina (un 13%), así como en bebidas alcohólicas y tabaco (un 4,4%) y en la enseñanza (un 4%). También se han encarecido los alimentos y bebidas no alcohólicas (un 3,3%); otros bienes y servicios (un 3,2%); el menaje (1,8%); el ocio y la cultura y los hoteles, cafés y restaurantes (un 1,4%); la vivienda (un 0,6%) y el vestido y calzado (un 0,2%). Por el contrario, han registrado descensos las comunicaciones (un 4,1%) y el transporte (un 0,2%) en la comparación respecto al año pasado.
Las tasas intermensuales, por su parte, muestran que el mayor aumento se da en vestido y calzado (un 2,4%) y en los alimentos y bebidas no alcohólicas (un 0,7%), aunque también han experimentado incrementos la medicina (un 0,4%); los hoteles, cafés y restaurantes (un 0,3%); las bebidas alcohólicas y tabaco, el menaje, las comunicaciones y otros bienes y servicios (0,1%).
No registró variaciones la enseñanza y se produjeron descensos en el transporte (0,8%), el ocio y la cultura (0,3%) y la vivienda (0,2%). En lo que va de año, el IPC acumula un descenso de tres décimas en la Comunidad gallega, influido fundamentalmente por el vestido y el calzado (un 4,1% menos) y las comunicaciones (un 3,6% menos).
Según ha explicado el INE, los grupos con mayor influencia en la variación de la tasa interanual estatal fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa repuntó ocho décimas, hasta el 3,4%, debido a la subida de los precios de las frutas frescas, las legumbres y las hortalizas frescas; el ocio y la cultura, que elevó más de un punto su tasa interanual, hasta el 1,6%, por el menor descenso de los precios del viaje organizado, y el transporte, cuya tasa interanual aumentó seis décimas, hasta el -0,1%, debido a que los precios de los carburantes bajaron en mayo de este año menos que en igual mes de 2012. En contraste con estos incrementos, el grupo de vivienda recortó en mayo cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,1%, como consecuencia de que los precios del gas aumentaron menos que el año pasado y de la mayor bajada del coste del gasóleo para calefacción.
El repunte mensual de mayo, el cuarto consecutivo, se ha debido, sobre todo, al encarecimiento del vestido y el calzado por la temporada primavera-verano, y también a la subida de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y del menaje. Concretamente, el grupo de vestido y calzado registró una tasa mensual del 2,2%, mientras que la de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,6% a causa de las frutas frescas, las legumbres, las hortalizas frescas y las patatas y sus preparados, y la del menaje creció un 0,4% por el encarecimiento de los muebles, los artículos textiles para el hogar y los artículos de limpieza.
Frente a estos aumentos, en mayo se experimentaron descensos mensuales de precios en la vivienda (-0,1%) por el abaratamiento del gasóleo para calefacción; en el transporte (-0,8%) por las bajadas de los precios de los carburantes y lubricantes, y en el ocio y la cultura (-0,4%) por el recorte de precios en la mayoría de sus componentes, especialmente de los viajes organizados y de los juegos y juguetes.
En toda España, el incremento en el quinto mes del año fue del 0,2% respecto a abril, con lo que se elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 1,7%, debido al encarecimiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y al menor descenso experimentado por los carburantes respecto a mayo de 2012. La tasa interanual del 1,7% alcanzada en mayo es la segunda más baja desde junio de 2010, cuando la inflación se situó en el 1,5%. El pasado mes de abril, el IPC experimentó un recorte de un punto en su tasa interanual, dejando la tasa en el 1,4%, su menor nivel en tres años. Pese al avance de la inflación interanual registrado en mayo, el Gobierno espera que el IPC acabe el ejercicio en el entorno del 1% e incluso por debajo.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en mayo en el 1,8%, tres décimas más que en abril, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se incrementó una décima, hasta el 2%.
La inflación subyacente se mantuvo en mayo por encima de la tasa general del IPC, si bien la diferencia entre ambas se ha reducido a tres décimas. Asimismo, el IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se situó en mayo en el -0,3%, dos puntos por debajo de la tasa general del IPC, mientras que la tasa de variación mensual aumentó un 0,2%. Por rúbricas, los descensos mensuales más pronunciados de precios correspondieron al transporte personal (-0,8%), el pescado fresco y congelado (-0,7%) y los huevos (-0,6%), mientras que en el lado de los ascensos destacaron las frutas frescas (+5,7%), las patatas (+5,5%) y el calzado de mujer (+4%). En términos interanuales, los productos que más incrementaron sus precios fueron los medicamentos y el material terapéutico (+27,4%), las patatas (+24,3%), los aceites y grasas (+23,2%) y la educación universitaria (+22,3%). Por el contrario, los descensos anuales más significativos se registraron en los precios de las comunicaciones (-4%), los objetos recreativos (-3,7%) y la carne de ovino (-3,4%).
Por comunidades autónomas, todas ellas elevaron sus precios respecto a abril. Los mayores repuntes mensuales correspondieron a Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja (+0,3%), seguidas de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Comunidad Valenciana (+0,2%), y de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco (+0,1%). En términos interanuales, todas las regiones incrementaron sus tasas en mayo, destacando los repuntes de Cantabria, Galicia y Castilla y León, con cinco décimas más cada una, lo que situó sus tasas en el 2,8%, el 1,8% y el 1,7%, respectivamente. Por su parte, el menor aumento correspondió a Baleares, que amplió una décima su tasa interanual, hasta el 1,8%.
Las administraciones públicas destruyen más de 5.000 empleos en seis meses
La Administración del Estado, los gobiernos autonómicos, las entidades locales y las universidades destruyeron 5.238 empleos entre enero y julio de 2012 en Galicia, hasta situarse el total de trabajadores en 150.539, de acuerdo con el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que ha difundido el Ministerio de Hacienda.
En el caso de Galicia, la caída registrada en ese semestre alcanza el 3,36% y se debe fundamentalmente a la destrucción de empleo en las administraciones locales, que perdieron 4.400 puestos, el 84% del total de los que se destruyeron. De este modo, son un total de 25.752 personas las que trabajaban al comienzo del julio de 2012 en este ámbito. Además, otras 29.750 personas trabajaban en la administración estatal en Galicia (son 61 menos que en enero de ese año); 87.100 lo hacían en la administración autonómica (614 menos) y 7.937 en las universidades (163 menos).
Por provincias, en A Coruña se destruyeron en ese periodo 2.263 empleos públicos, hasta dejar el total en 65.392; mientras que en Lugo fueron 1.025 y el total quedó en 19.931; en Ourense fueron 429 y el total bajó a 18.688; y en Pontevedra fueron 1.521, hasta los 46.528.
En toda España se han destruido 49.656 empleos en el mismo periodo de tiempo, lo que supone una reducción del -1,8%, con lo que el número de empleados al servicio de estas administraciones bajó hasta los 2.636.181 efectivos, frente a los 2.685.837 con los que contaba a principios de 2012. Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, las administraciones locales fueron las que más efectivos perdieron en estos seis meses también en el conjunto de España, con 29.917 empleados menos (-5%), hasta un total de 567.295 trabajadores.
Le siguen las comunidades autónomas, que recortaron 17.657 puestos de trabajo (-1,3%), hasta sumar 1.334.226 efectivos. Las universidades, por su lado, perdieron 113 empleos en este periodo (un 0,07%), al pasar de 154.881 efectivos en enero de 2012 a un total de 154.768 el 1 de julio de ese mismo ejercicio.
La Administración Pública Estatal, que incluye a la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico, destruyeron 1.969 puestos de trabajo (-0,33%), hasta un total de 579.892 empleados. Concretamente, la AGE redujo su plantilla en 1.683 personas en los seis primeros meses del año pasado (-0,7%), hasta 233.002 trabajadores, mientras que las Fuerzas Armadas perdieron 175 efectivos y las entidades públicas, 444 empleados. Por el contrario, al personal al servicio de la Administración de Justicia creció en 306 efectivos y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 27.
Dentro de la Administración General del Estado, los ministerios y organismos autónomos fueron los que más puestos de trabajo destruyeron en estos seis meses, con 1.845 empleos menos (-1,4%), hasta sumar 123.136 efectivos. Los centros penitenciarios (-92 empleados), la docencia no universitaria (-204), las entidades gestoras de la Seguridad Social (308) y Patrimonio Nacional (-6) también perdieron personal, en contraste con la Agencia Tributaria, que ganó 756 efectivos en la primera mitad del año pasado (+2,7%), hasta sumar 28.283 trabajadores.
Las Agencias Estatales destruyeron 61 puestos de trabajo y las instituciones sanitarias, Seguridad Social y Defensa incrementaron su plantilla en 77 personas. En el caso de los gobiernos autonómicos, las comunidades aplicaron el mayor ajuste entre los docentes no universitarios, que se redujeron en 12.183 puestos de trabajo. Además, eliminaron de las instituciones sanitarias 3.802 plazas y de las consejerías y demás organismos autónomos, otras 1.563. El 40% del personal autonómico trabaja en la educación (no universitaria) y otro 37,6%, en el sistema sanitario.
De esos 1,33 millones de empleados autonómicos, 921.109 eran el año pasado funcionarios; otros 142.490, personal laboral, y el resto, 270.000, empleados de otro tipo. En todos los casos, el número de mujeres casi duplica al de hombres.
Por autonomías, Andalucía suma 250.609 empleados; le siguen Cataluña (168.261), Madrid (155.431), la Comunidad Valenciana (130.097), Galicia (87.100), Castilla y León (86.975), País Vasco (67.261), Castilla-La Mancha (66.019), Canarias (60.649), Murcia (51.457), Extremadura (45.828), Aragón (43.572), Asturias (35.690), Baleares (28.747), Navarra (23.670), Cantabria (19.941) y La Rioja (10.236). Ceuta cuenta con 1.437 empleados y Melilla, con 1.246.
En cuanto a las entidades locales, los ayuntamientos han reducido su personal en 28.049 puestos y las diputaciones, cabildos y consejos insulares, en 1.868. Esta administración sumaban, según estos datos de 2012, un total de 567.295 empleados, con una proporción mucho mayor de hombres que de mujeres (140.000 frente a 80.000), a diferencia de las autonomías. De ese total, casi 500.000 trabajan en los ayuntamientos y de éstos, y a diferencia del resto de administraciones, la mayoría no son funcionarios: 210.000 empleados laborales y de otro tipo frente a 190.000 funcionarios.
En cuanto a las diputaciones, cabildos y consejos insulares, suman casi 70.000 empleados, 30.000 de ellos funcionarios y el resto, personal laboral o de otro tipo. En los municipios, el número de empleados hombres duplica al de mujeres mientras que en las diputaciones y demás entes locales el reparto es casi idéntico. El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas empezó a publicarse en 1990 y su periodicidad es semestral.
El Ministerio precisa que en los datos estadísticos no se incluyen los altos cargos y los cargos electos; el personal al servicio de los órganos constitucionales; el personal de las entidades públicas empresariales de las comunidades y la administración local; el personal de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y sector público no administrativo del conjunto de administraciones; el personal en formación y prácticas y en reserva; el personal laboral con contratos de menos de seis meses de las distintas administraciones, excepto la laboral, y el personal del CNI.
R.