Juicio sobre el Prestige: el fiscal pide que el capitán del barco no vaya a prisión y culpa al negocio fraudulento del transporte de este siniestro

"Pedimos que Mangouras no pase un solo día más de su vida privado de libertad", ha dicho en referencia a su edad, 78 años; a los 10 años transcurridos desde la catástrofe; los tres meses que pasó en prisión preventiva o los 21 meses que permaneció en libertad vigilada en Barcelona.

El fiscal cree que "no es sensato, ni razonable" y ha instado a la Sala a rebajar "en todo lo que quiera" su solicitud de condena. Mientras, ha justificado su petición de penas por "los hechos" y por cuestiones "jurídicas". De la catástrofe, que ha tildado como "un crimen, no un accidente", ha culpado al "gran negocio del transporte fraudulento". Así, ha lamentado la ausencia en el banquillo de los acusados de representantes del "entramado" de un barco "que no debía navegar". "Quizás debía haber más gente", ha admitido. Sin eximir de la responsabilidad que, en su opinión, ha tenido Mangouras, ha argumentado que "es, de ese entorno profesional, el único que se manchó las manos".

Del exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, -al que el Ministerio Público no acusa- ha considerado que no tiene "responsabilidad penal". En particular, ha remarcado que "la tragedia que tiene" es la de tomar "una decisión dramática". "Equivocada o no, puede ser". Antes, ha destacado la "dignidad" con la que han comparecido los tres acusados en el juicio -el capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors-, así como su comportamiento "impecable" en un juicio "penal, no mediático ni político".

En sus conclusiones, ha calificado también el siniestro como un "delito económico", más que ambiental, citando la empresa armadora, pero también a unas inspecciones de las que ha puesto en cuestión su "rigor".
Además, la Fiscalía ha vinculado el origen de la catástrofe con la rotura de un mamparo, pero ha remarcado también el hecho de que el 'Prestige' tuviese 26 años y "la extrema fragilidad de los tanques de carga de lastre" en un buque que ha tildado como "un animal salvaje". "No era un león con un collar, era un animal suelto que sigue vertiendo", ha dicho sobre la mancha de fuel que salía del barco el 13 de noviembre de 2002.

También ha incidido en la existencia de "una avería estructural en los tanques" que, a su juicio, debió ser "advertida por el capitán", ha añadido en alusión a la responsabilidad de Mangouras. Así, ha insistido en que el barco estaba "en mal estado" y que este "lo sabía". En la misma línea, ha cuestionado su actuación el día del siniestro, alegando que "no colaboró nada" en el remolque, mientras que se ha preguntado si su actuación "incrementó o aligeró el riesgo" tras el lastrado de los tanques con agua. El fiscal ha descartado, por otra parte, que una ola gigante golpease al buque, una teoría que ha definido únicamente como "un modelo teórico perfecto".

Respecto al papel del exdirector general de la Marina Mercante, ha dicho que su "tragedia" está que "entre sus competencias" estaba "decidir si el barco se aleja o no". "Diez años después, todavía hay personas que no lo ven como una cuestión tan segura", ha insistido el fiscal, para quien Sors asumió "un riesgo". Por otra parte, ha descartado que tuviese "capacidad" para decidir qué puerto refugio debía acoger al buque, en caso de optar por esta solución. "No es una decisión técnica, es una decisión política", ha insistido el fiscal, quien ha defendido que actuó dentro de la "legalidad". "Podemos entender las críticas a la gestión, el descontento popular y somos solidarios y simpatizamos con Nunca Máis, pero no hay responsabilidad penal".

En cuanto a la responsabilidad civil de la armadora, Universe Maritime, y de la aseguradora, London Steam-Ship Ownners, -de cara al cobro de indemnizaciones por los daños que ocasionó la catástrofe y para lo que es necesario que exista una condena de Mangouras-, ha abogado por que se aplique el Código Penal para reclamar los 1.000 millones de dólares fijados en la póliza de seguro. Hasta ahora, la aseguradora solo depositó en el Juzgado de Corcubión 22 millones de euros en concepto de fianza.