Debate sobre el Estado de la Autonomía: los grupos políticos en el Parlamento de Galicia ponen a prueba su capacidad de pactar

Las propuestas de resolución presentadas al Debate sobre el Estado de la Autonomía ponen a prueba la capacidad para dialogar y llegar a pactos de los cuatro grupos con representación parlamentaria en Galicia. El PPdeG ha registrado 50 propuestas de resolución para en Debate sobre el Estado de la Autonomía con las que busca el acuerdo de la oposición para el impulso de varias rebajas fiscales, como la del tramo autonómico del IRPF, así como para exigir al Gobierno central "una financiación autonómica multilateral" y reducir el número de diputados autonómicos. Según el viceportavoz del grupo Román Román Rodríguez, los populares intentarán pactar cinco leyes también avanzadas en la primera sesión del debate de política general por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo: la de mejora de la estructura agraria, la de economía social, la de finanzas, la del suelo y la de calidad de los servicios públicos.

La creación de empleo, a través de un plan dotado con 250 millones de euros para dar trabajo a 30.000 personas, una subida de impuestos a las rentas más altas y a los depósitos bancarios y la permanencia de Novagalicia Banco en Galicia son los ejes centrales de las propuestas que el PSdeG lleva al Debate sobre el Estado de la Autonomía.

En sus 50 propuestas, el Grupo Parlamentario de AGE ha pretendido presentar una "alternativa" fiscal a la planteada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el debate sobre el estado de la autonomía, que consta, entre otras medidas, de la retirada del conocido como céntimo sanitario. También pide la eliminación de copagos y otras medidas sociales, junto con el rescate de la autopista AP-9 o del hospital Povisa.

Las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario del BNG están centradas en frenar el expolio, la lucha contra el paro y la emigración, contra el empobrecimiento y para defender los servicios públicos. Además, saltándose la restricción puesta en la cincuentena, ha registrado otras tantas que hubiesen inscrito de no haber el límite del medio centenar.

PPdeG

El portavoz y el viceportavoz del grupo del PPdeG, Pedro Puy y Román Rodríguez, han comenzado con el PSdeG los contactos para explorar acuerdos con la oposición en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que terminará el jueves con las votaciones.

Por primera vez, los grupos parlamentarios cuentan con todo un día para negociar sobre las propuestas de resolución -las iniciativas que se presentan después del discurso del presidente de la Xunta en el que se analiza la situación de Galicia-. También como novedad, tienen que comunicar sus posturas antes del debate de las propuestas. Sin embargo, dado que se trata de un sistema nuevo, a lo largo del debate en la jornada del jueves podrían darse alteraciones en el sentido del voto de los grupos, pese a que el reglamento aprobado en esta ocasión para el desarrollo del debate de política general obliga a la referida predefinición de las posturas.

PSdeG

Los socialistas proponen movilizar unos 250 millones de euros de las arcas públicas para la puesta en marcha de un plan de empleo que atienda a 30.000 personas de la comunidad, "preferentemente", de los colectivos con más dificultades de inserción laboral. Los fondos para esta iniciativa, que también prevé ayudas para autónomos, saldrían de un nuevo sistema fiscal "más progresivo", en el que las rentas más altas, los bancos y las grandes superficies comerciales tendrían que hacer frente a nuevos gravámenes.

Es una de las principales propuestas que el PSdeG lleva al Debate sobre el Estado de la Autonomía, entre un total de 50 que ha presentado a los medios de comunicación este miércoles su portavoz parlamentario, José Luis Méndez Romeu. n concreto, la revisión fiscal que defienden los socialistas no tendría "repercusión" para las rentas y patrimonios "medios y bajos" y actuaría sobre el tramo autonómico del IRPF y sobre los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Asimismo, los depósitos bancarios y las grandes superficies comerciales estarían sometidas a gravamen y se crearía un nuevo impuesto para el aprovechamiento medioambiental.

Méndez se ha mostrado crítico con la subida del precio de los carburantes en Galicia, el denominado 'céntimo sanitario', toda vez que constituye "una discriminación relativa". "Todas las personas que consuman carburante pagarán exactamente igual, con independencia de su renta familiar o sus condiciones socioeconómicas". En cuanto al plan de empleo, ha concretado que el objetivo es lograr "una disminución neta de, al menos, 30.000 personas desempleadas" a través de medidas enfocadas hacia la juventud, las mujeres, los parados de larga duración y las personas de "más difícil inserción". Igualmente, plantea ayudas para autónomos en "dificultades económicas" sin concretar su cuantía.

Se trata de una medida similar a la que el PSdeG llevó al anterior debate de política general, en marzo de 2012, todavía con Pachi Vázquez al frente del partido. Entonces, propuso estas mismas medidas fiscales para obtener "unos 500 millones de euros" que permitirían habilitar 25.000 becas-contrato para estudiantes e investigadores -dotadas de 500 euros mensuales durante un año-, promover 20.000 contratos laborales de jóvenes y que el Igape actuase como una agencia pública de crédito para pymes y emprendedores.

Otro de los aspectos en los que hacen hincapié los socialistas es en la importancia de promover la continuidad de Novagalicia Banco como "entidad financiera independiente". Para ello, piden que "se posponga su precipitado proceso de venta", algo a lo que la Xunta ya se opuso en distintas ocasiones. Sin salir de la órbita del sistema financiero, también demandan la devolución "total" del dinero de los afectados por la comercialización indebida de preferentes y subordinadas, así como la "continuación" de la obra social de las extintas cajas de ahorro gallegas.

El PSdeG demanda a la Xunta que "defienda la urgente puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica" que refuerce el peso de factores como el envejecimiento y la dispersión poblacional. Asimismo, le insta a reclamar un "sustancial aumento" del Fondo de Compensación Interterritorial y que las transferencias corrientes del Estado aumenten "un 30 por ciento" en 2014. Además, los socialistas solicitan a la Xunta que, en un plazo máximo de un mes, presente una revisión del sistema de financiación para buscar "consenso" con el resto de fuerzas. A juicio de Méndez, "sería bueno" que Galicia tomase posición "antes de que otras comunidades fijen un marco de negociación" que pueda ser "lesivo" para los intereses de esta autonomía.

El PSdeG plantea pedir una reforma constitucional que "clarifique" la distribución competencial entre el Estado y las comunidades, "con un reconocimiento al hecho diferencial gallego" dentro de un marco de "lealtad federal". Se trata, como ha explicado el portavoz, de que "las posiciones minoritarias tengan encaje" y así evitar eventuales "problemas" como el que se está viviendo en Cataluña.

Lleva al debate una propuesta para que la Cámara respalde las demandas que la Fegamp aprobó de forma prácticamente unánime contra la reforma local que propugna el Gobierno central. El texto de los socialistas incorpora que se lleve al Tribunal Constitucional esta normativa. Del ámbito de los servicios públicos, Méndez ha destacado su propuesta para "acabar con los mecanismos de pago por dispensación" de medicamentos. "Creemos que hay que revelarse y decir que no", ha defendido, y ha indicado que también requerirá que la tarjeta sanitaria en Galicia "no establezca códigos diferentes en función de los recursos económicos". En materia de educación, el PSdeG pide aumentar "progresivamente" las aportaciones a las universidades hasta alcanzar el 1% del PIB, derogar el decreto de comedores que introduce "un copago injusto", recuperar el anterior sistema de préstamo de libros de texto y "restablecer las condiciones laborales y profesionales perdidas" por el profesorado. También solicita la retirada del decreto "del plurilingüismo".

Solicita "equiparar" las plazas públicas en centros de día, escuelas infantiles, residencias para mayores y centros de inclusión a la ratio media de la UE, así como "remover todos los obstáculos legales y económicos que impiden el efectivo cumplimiento" de la Ley de Dependencia. Además, requiere un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión dotado anualmente, "como mínimo", con el 0,1% del PIB; y un plan de vivienda social. Defiende rechazar la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno central, pedir que no haya más sanciones a los emigrantes retornados y aumentar el complemento autonómico de las pensiones, al menos, un 10%.

Sobre los incendios, los socialistas demandan un plan de restauración ambiental de las zonas afectadas dentro de Red Natura dotado con 30 millones de euros. Para el naval, piden a la Xunta que antes de un mes "haga público un calendario de inicio y finalización" de la construcción de sendos floteles en los astilleros de Navantia y Barreras, mientras vuelven a reclamar la construcción del dique flotante en la ría de Ferrol.

El PSdeG demandará que no se apruebe ninguna modificación del sistema electoral sin contar con un respaldo de "al menos, dos tercios" de los diputados, misma proporción que solicitan para la reforma de la Ley del Suelo. También propondrá que el Parlamento rechace "cualquier declaración o acto" de un cargo público que "defienda, legitime o ampare regímenes totalitarios" y "todo apoyo a cualquier clase de violencia terrorista". Y a la Xunta le pide "medidas" para que todas las administraciones públicas gallegas "retiren los símbolos de la dictadura franquista presentes en edificios públicos y callejeros". Al margen del repaso a las principales propuestas, Méndez ha dicho a los periodistas que acude "expectante" y "con la voluntad más amplia para dialogar" a las negociaciones. Se ha mostrado partidario de "mantener la esperanza y una saludable receptividad", aun consciente de que a Feijóo "le gusta la retórica del diálogo más que el diálogo". Ha sustentado esta afirmación en que el presidente "nunca" buscó acuerdos en sus cinco años de gobierno y ha interpretado que el "interés en el diálogo" mostrado ahora puede responder a que "empieza a notar la soledad".

AGE

El Grupo Parlamentario de AGE ha presentado, en sus 50 propuestas de resolución, una "alternativa" fiscal a la planteada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el debate sobre el estado de la autonomía, entre las que consta la retirada del conocido como céntimo sanitario. También pide la eliminación de copagos y otras medidas sociales, junto con el rescate de la autopista AP-9 o del hospital Povisa.

Para el portavoz parlamentario, Xosé Manuel Beiras, "el único acuerdo provechoso" que se podría alcanzar en el marco de este debate es que el presidente gallego "corroborase que tiene mayoría absoluta con la convocatoria de elecciones". "Pero después de la soberbia y desprecio hacia los ciudadanos, nos parece difícil, inverosímil", ha señalado, antes de asegurar que, aunque AGE, "no va a faltar", este grupo no se "embarcará" en un consenso de "firme aquí".

En la rueda de prensa, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha dado a conocer las 50 propuestas de resolución presentadas, que también abarcan cuestiones como la recuperación de la memoria histórica y, en este sentido, que se reconozca en el Código Penal la apología del franquismo como delito.
"Tenemos una alternativa política", ha reivindicado, por su parte, el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien ha significado el contenido de sus propuestas, de las que espera que "a ver si se enteran los analfabetos".

Para Yolanda Díaz, son "una tamaña irresponsabilidad" las propuestas fiscales que ha propuesto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mientras se "recortan los servicios públicos y se ataca a la gente de lo común". "Es una indecencia y una medida de maquillaje", ha señalado, en referencia a la rebaja del IRPF, que, según ha dicho, supondrá "unos siete euros al mes". En cuanto a la "tropelía" y la "consumación de la estafa tras haber perdido las cajas", AGE pide que se paralice la venta de NCG y convertirla en "banco público"; mientras que reclama la defensa de los sectores estratégicos como el naval, con la "garantía" de construir los floteles y el dique flotante.

Alternativa solicita que se lleve a cabo una "auditoría" de la deuda de Comunidad gallega, para saber "en qué se gastó" Feijóo el dinero público y para qué servicios sociales. Además de un cambio en el modelo de las relaciones laborales y el fomento del empleo verde, AGE también exige "que se les pague lo que se les robó" a los preferentistas, y medidas para parar las sanciones a los pensionistas de los emigrantes retornados, "ahora perseguidos por la Hacienda como delincuentes". Ante el "drama social de los desahucios", Yolanda Díaz ha indicado que "no basta" con un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que son precisas otras medidas como una nueva regulación en consonancia con medidas como el decreto de Andalucía -donde el PSOE gobierna en coalición con IU-, en el que se plantea la expropiación de viviendas vacías para realojar a personas desahuciadas o, como ha dicho Díaz, caminar hacia las "expropiaciones del uso de las viviendas".

AGE quiere que se legisle en "defensa de la función social de la vivienda, garantizando la supresión de los desahucios y modificando la Ley de Vivienda en el sentido de fijar un mínimo del 30 por ciento de vivienda protegida". Además, la coalición pretende la "retirada del copago hospitalario", que es una "tropelía", y porque los medicamentos "ya se están pagando con los impuestos". También demanda la revisión de la ley que permite "la privatización" de centros y la derogación del decreto que vincula la sanidad con el seguro social. AGE aboga por la modificación de la tarificación eléctrica, que "está pensada para favorecer a los grandes productores", y pide "impulsar políticas de democratización de la energía y de lucha contra el oligopolio".

AGE, que demanda la apuesta por el ferrocarril de cercanías más allá del AVE, vuelve a instar a que se cree en el Parlamento una comisión de investigación para conocer las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 24 de julio en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 79 personas. Además, Yolanda Díaz ha defendido la creación de un órgano de prevención de la corrupción. "Pobres, enfermos y personas con alguna toxicomanía llenan las cárceles mientras la corrupción pudre las instituciones del Estado en contacto espurio con los poderes económicos del país", señala una de las propuestas de resolución, en la que critica la "justicia dual" que, como dijo Yolanda Díaz, "nos acaba convirtiendo a todos en terroristas".

Alternativa requiere el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la legislación internacional y las conclusiones recogidas en el preinforme de la ONU, de manera que el Gobierno central "presente denuncia ante los tribunales de justicia por los delitos del genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo". En este sentido, reclama "los fondos necesarios" para que la referida ley se pueda aplicar "eficazmente" en el territorio gallego, "impidiendo la proliferación de calles, espacios y dependencias dedicadas a personalidades destacadas del franquismo", así como la "persistencia de actos, declaraciones, símbolos y comportamientos públicos que hacen apología de la violencia y del fascismo". Alternativa Galega de Esquerda demanda, en sus propuestas de resolución, la supresión del decreto de comedores y "la retirada" de los 28 millones de euros destinados a la docencia de la religión católica. En este ámbito, también pide volver a contratar a los 1.200 docentes que se perdieron desde la llegada de Feijóo a la Xunta.

BNG

El Grupo Parlamentario del BNG ha presentado sus 50 propuestas de resolución en el marco del debate sobre el estado de la autonomía centradas en frenar el expolio, la lucha contra el paro y la emigración, contra el empobrecimiento y para defender los servicios públicos. Además, saltándose la restricción puesta en la cincuentena, ha registrado otras tantas que hubiesen inscrito en el primero de los balances de no existir el límite del medio centenar.

Los nacionalistas proponen una reforma fiscal más progresiva, puesto que, como ha dicho la viceportavoz, Ana Pontón, la bajada del IRPF apenas oscilará, según sus cálculos, entre 25 y 63 euros. Además, "quiere tapar la medida regresiva" de la subida de los carburantes, ha manifestado la diputada, quien ha evidenciado que "pagará lo mismo una persona en paro que Amancio Ortega". En cuanto a la "reforma fiscal justa", Pontón ha dado a conocer propuestas vinculadas a gravar las rentas más altas o a imponer impuestos a las grandes empresa y grandes superficies comerciales.

El BNG también pide una tarifa eléctrica gallega, que tenga en cuenta "el carácter excedentario de Galicia" y que, por lo tanto, recoja una reducción en los peajes de acceso del orden del 30 por ciento. Los nacionalistas también reclaman una reforma de la financiación autonómica en la que Galicia recaude el impuesto de sociedades, lo que le supondría a la Comunidad, según sus cálculos, una recaudación de "mil millones de euros para las arcas públicas". Como medida para "frenar el expolio", ha enmarcado Ana Pontón, el Bloque exige la "paralización de la venta de Novagalicia Banco", con el fin, asimismo, de lograr impulsar los sectores productivos y combatir el desempleo.

Para los nacionalistas, es imprescindible "frenar el repago" en el ámbito sanitario (como los medicamentos), porque es una "medida injusta que va contra el derecho de las personas", y ha puesto como ejemplo que hay alcaldes que se han rebelado contra esta medida del Gobierno central que, por otro lado, el Ejecutivo gallego puede "recurrir". Para erradicar la "pobreza", el BNG reclama una "renta de garantía social como "prestación pública destinada a garantizar recursos económicos a quien carezca de ellos", incorporando una prestación complementaria de vivienda dirigida a cubrir las necesidades relacionadas con el alojamiento.

Sobre la problemática de la vivienda, este grupo también reclama una "quita hipotecaria", así como medidas contra los desahucios, como la "inmediata paralización" de los expedientes en trámite y permitir la dación en pago cuando el deudor actuó de buena fe y es la vivienda habitual.

Los nacionalistas también ha presentado iniciativas vinculadas al idioma gallego, que pretenden, por ejemplo la retirada del conocido como decreto del plurilingüismo, que Pontón ha tildado de "ilegal y antigallego". Sobre la cultura, una de las propuestas que lleva el BNG es reducir el 50 por ciento de los gastos de mantenimiento de la Cidade da Cultura y destinarlos al apoyo de otros sectores en los presupuestos de 2014. Este grupo también pide la retirada de la Lomce, las transferencias de aeropuertos, el saneamiento integral de las rías, derogar el decreto de comedores escolares, un nuevo plan de financiación universitaria, la oposición de la Xunta a los recortes de las pensiones, y un trato "justo e igualitario" para los pensionistas emigrantes retornados.

Sobre el sector naval gallego, el BNG reclama adoptar medidas "urgentes" de financiación a los astilleros para poder construir barcos y ser "parte activa" en la negociación del levantamiento del veto a Navantia-Ferrol. En materia de infraestructuras, reclama "paralizar la privatización" de carreteras y una "ofensiva institucional" en defensa del ferrocarril interior gallego. En el ámbito de la "regeneración democrática", Ana Pontón ha advertido que todavía falta que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, envíe "toda la documentación" sobre los contratos con empresas vinculadas a Marcial Dorado y sobre "la trama Gürtel", para lo cual han elevado iniciativas.

El BNG ha presentado una propuesta de "rechazo del terrorismo y de cualquier forma de violencia para conseguir objetivos políticos", que hace "extensiva" tanto aquellos que lo apoyan, como "a los que pretenden sacar réditos políticos mediante la creación de una alarma social innecesaria y la criminalización de movimientos políticos y sociales democráticos". El Bloque también pide una "condena explícita del régimen franquista", así como de "todas las manifestaciones y actitudes de defensa y exaltación" de la dictadura y la "justificación de los crímenes cometidos".

Los nacionalistas señalan que este acuerdo supondrá "pedir la dimisión" de las personas que ostenten cargos públicos que justifiquen el franquismo y la "anulación de los juicios sumarísimos", así como apoyar la investigación de los crímenes del franquismo. Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos, Ana Pontón ha señalado que "si se presentan (las propuestas) es para que se aprueben y se lleven adelante", pero ha advertido que el PP "no escucha a la oposición ni a los gallegos". Para la diputada del Bloque, es necesario "mudar el rumbo" o saber si su oferta de diálogo es "un eslogan".

Pontón ha señalado que lo que ofreció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la primera sesión del debate sobre el estado de la autonomía ha sido "un pacto de silencio", y ha avisado de que "para eso no cuente con el BNG". "No vamos a callar ante las injusticias del país", ha señalado la parlamentaria nacionalista, quien ha incidido en que si el Bloque está en el Parlamento "es porque hubo ciudadanos que lo votaron". A este respecto, ha instado a "escuchar sus propuestas" y ha señalado que "la obligación" de su grupo es "estar con los que peor lo están pasando".