Un abogado de las víctimas del accidente de tren en Santiago rechaza a los peritos propuestos por la Xunta y pide una actuación independiente

Para este abogado, en este caso no se puede aplicar el Reglamente de Justicia Gratuita vigente en Galicia porque en este caso no se le ha reconocido este beneficio ni a la parte acusadora ni a la defensa, ni consta, señala, la solicitud administrativa para el reconocimiento de este derecho.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago de Compostela, Luis Aláez, había nombrado a los tres profesionales que lo asesorarían como peritos independientes en la investigación del accidente, labor que había recaído en el ingeniero de Telecomunicaciones César Mariñas Dávila; el de Caminos Alfredo José Matesanz Andrés; y el Industrial Hugo Ramos Rodríguez. Estos peritos, sin embargo, presentaron presupuestos que superaban los 1,3 millones de euros en total y la Xunta los rechazó con el argumento de que una norma autonómica obliga desde el año pasado a buscar a los posibles peritos de cualquier causa judicial primero entre los funcionarios de la propia Administración.
La Consellería de Medio Ambiente propuso al ingeniero de Caminos Juan Carlos Carballeira Rifón, funcionario de la Sociedade Pública de Investimentos, y la Consellería de Economía planteó al ingeniero Industrial José Manuel Lamela Rivera, jede del Servicio de Energías Renovables, mientras que de la Axencia de Modernización Tecnolóxica (Amtega) partirá la propuesta de un ingeniero de Telecomunicaciones.
Consultado por Europa Press, Pérez Lema ha argumentado que no duda de la profesionalidad y capacidad de independencia de los ingenieros de la Administración autonómica, pero ha agregado que la misión de la Xunta debe ser proveer los medios materiales necesarios para posibilitar "una prueba pericial independiente" y existen "mecanismos sobrados para que pueda pedir una reducción de honorarios" de los peritos independientes si es que se estima necesario. Así, subraya la necesidad de contar con una prueba pericial independiente de las propias investigaciones oficiales del Ministerio de Fomento, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la operadora Renfe y no "contar con una cuarta investigación elaborada por empleados públicos". "Tenemos que conseguir una prueba pericial independiente porque las víctimas y los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasó y si hay más responsables que el único imputado", ha aseverado a Europa Press.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha pedido al juez Aláez que obtenga un "consenso técnico" para poder establecer su principal línea de investigación, que hasta el momento es que en la curva de A Grandeira eran necesarias más señales que evitasen un despiste del maquinista, ahora mismo el único imputado, después de que se levantasen las imputaciones de los cargos del Adif. Los vagones y las cabezas motrices del S-730 están almacenados en una explanada de una empresa privada en A Escravitude (Padrón).
R.