La jueza instructora de la Operación Pokémon investiga si el PPdeG y el PSdeG de Santiago de Compostela se financiaron de forma irregular

Pilar de Lara argumenta que del conjunto de análisis de intervenciones telefónicas judicialmente acordadas, así como del examen de las diligencias de registro practicadas, y manifestaciones prestadas por testigos e imputados, "se han revelado conductas de apariencia ilícito-penal de lo más variada que hacen referencia, en la mayor parte de los casos, a hechos que se encuentran casi siempre relacionados entre sí, y que se tipifican como delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales que, a su vez, traen causa en delitos contra la administración pública". La instructora aclara, asimismo, que el secreto sumarial "no impide la formación de las piezas". Además, puntualiza la jueza que la formación de las mismas "no tiene la consideración de numerus clausus", sino que "se podrá ir ampliando en función del análisis detenido de la causa en cuanto lo permita la tramitación procesal o en función de las diligencias de investigación que se realicen para averiguar las conductas descritas en atestados, que si bien se tornan en este momento como irregulares, no tiene todavía entidad penal como para formar una pieza autónoma".
También precisa la jueza que la enumeración que se hace de los imputados, más de 80, "no tiene carácter cerrado", por cuanto "que de la investigación podrán aparecer otros encartados". Añade que la relación que se realiza de los hechos delictivos investigados en cada pieza o su clasificación jurídica "no tiene carácter exhaustivo", sino "un carácter meramente enunciativo para facilitar a cada parte, con las limitaciones del secreto sumarial, la labor de identificación de las piezas, sin que obviamente tenga carácter vinculante".
La jueza instructora señala como "pieza principal" la que investiga los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública en la que están imputados el exconcejal de Lugo y exresponsable de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, su esposa y otros empresarios hasta sumar 17 imputados también por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros. Pilar de Lara investiga en esta pieza, en la que entre los imputados se incluye el alcalde de Lugo, José López Orozco, supuestas irregularidades cometidas en relación con el Ayuntamiento de Lugo, entre las que se encuentra "la adjudicación del servicio de grúa a la empresa Cechalva, así como otras serie de actividades supuestamente delictivas cometidas por esta empresa y sus administradores", recoge en el auto.
La segunda pieza alude a la investigación de las actividades "presuntamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en la comunidad de Galicia", que pueden ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación y otros. Ésta es la pieza con mayor número de imputados, casi medio centenar. La tercera pieza se refiere a un supuesto delito de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental llevadas a cabo supuestamente por Fernández Liñares, en la realización de supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y contratos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. La cuarta pieza se refiere a una supuesta trama que gira alrededor de la empresa Aquagest en diversos términos municipales de Galicia; la sexta aborda delitos de tráfico de influencias y adjudicaciones ilícitas cometidos en el seno del Consell Comarcal de la Selva; y la séptima pieza separada abarca las supuestas irregularidades cometidas en Asturias por Francisco Joaquín Fernández Díaz y Juan Carlos Guerrero Arias.
Para agilizar el proceso de formación de las piezas la jueza explica que, "dado el volumen de la causa", así como el número de partes, "la imposibilidad de almacenar en sede judicial el elevado número de tomos" que la conforman, "las piezas se formarán digitalmente" en disco duros, pen drives o DVDs. Finalmente, puntualiza que el auto de prórroga de secreto del 11 de noviembre "se extiende a cada una de las piezas que se hayan de formar antes de la fecha del vencimiento de esta última prórroga".
En concreto, en la quinta pieza separada se investigan supuestas irregularidades cometidas en diversas concejalías del Ayuntamiento de Santiago y por diversos concejales y funcionarios "que se habrían concertado con diversos grupos empresariales para adjudicarles de forma irregular concursos convocados" por el Consistorio, influyendo para ello "en los técnicos encargados de la contratación". A cambio de tales favores, según sostiene la jueza, los grupos empresariales supuestamente realizarán sobornos. Asimismo, en esta pieza se investigaría "las irregularidades consistentes en supuesta financiación ilícita del PP, a cambio de contratos".
Pilar de Lara alude a la ilícita adjudicación de un contrato de servicios de gestión de los expedientes sancionadores por infracción contra la normativa de tráfico vial urbano; la supuesta adjudicación ilícita de un contrato de suministro de autobuses financiados con fondos Feder del Ayuntamiento de Santiago; contratación de "enchufados" por empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento, además de retirada de multas y otras. En esta pieza incluye supuestas irregularidades urbanísticas alrededor de la Finca do Espiño, aceptación de regalos por razón del cargo y "favorecimiento de determinadas empresas a las que se da información privilegiada manipulando los concursos para darles determinadas adjudicaciones".
La jueza también señala que se investigan "posibles irregularidades en la financiación del Partido Popular mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios" en el Consistorio compostelano y "pagos de dinero para sufragar actos del Ayuntamiento y actos ajenos completamente a la actividad municipal pero que responden a compromisos electorales o de algún cargo político". En esta pieza hay 11 personas imputadas, entre ellas el exacalde popular Gerardo Conde Roa, los ediles Adrián Varela (PP) y Bernardino Rama (PSOE), y el exasesor municipal Ángel Luis Espadas y el exedil Albino Vázquez.
En la pieza número 8 la jueza investiga la supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago "utilizando para ello la empresa Imprenta Ibérica que, en connivencia con otras, entre ellas Aguagest, habría elaborado facturas falsas por un elevado importe de dinero" lo que, a juicio de la magistrada, "podría constituir un delito de falsedad documental y delito electoral". En esta pieza hay cuatro imputados: el edil socialista Bernardino Rama y exresponsables de Aquagest en Galicia, José Luis Míguez y Henry Gómez Layño, así como Antonio Luis M.P. de Imprenta Ibérica. La pieza número 9 se refiere a un supuesto tráfico de influencias cometidas en el Ayuntamiento de O Carballiño (Ourense) por parte de su alcalde, Argimiro Marnotes, a favor de la empresa Forestación Curro "mediante la presunta manipulación de un concurso negociado".
El alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), se ha declarado "absolutamente tranquilo" después de trascender que la jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, investiga si hubo financiación irregular en el PP y en el PSOE de Santiago. "Tranquilo en el sentido de que entiendo que no hay nada", ha remarcado, antes de recordar, en todo caso, que se mantiene el secreto de sumario. A preguntas de los medios, tras visitar con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, el taller de empleo 'Santiago Impulsa II', el alcalde se ha declarado "absolutamente tranquilo" en relación a las sospechas de la jueza Pilar de Lara y ha asegurado no tener "nada más que decir" puesto que hay -ha subrayado- secreto de sumario.
Acerca de si se plantea emprender una investigación interna para aclarar estas sospechas, ha insistido en que "no se conoce en absoluto el sumario", para añadir que "cuando se abra" será "el momento" de analizar este tipo de cuestiones. Por su parte, se ha reafirmado en que, en que siente una "total tranquilidad". Sobre la "transparencia" de su gobierno, ha replicado que ésta es "máxima". "Desde que estamos gobernando lo hacemos con la máxima transparencia informativa, más no podemos hacer", ha remarcado, antes de manifestar también "tranquilidad" en referencia a las actuaciones realizadas por los populares en relación a la Finca do Espiño. "En la Finca do Espiño hemos actuado como había que actuar, que era primero ejecutando un aval a la promotora por 2,3 millones y automáticamente licitando la primera parte de la misma y próximamente la reconstrucción del palacete modernista por 1,2 millones", ha repasado el regidor popular.
Preguntado sobre si está tranquilo también por sus compañeros, ha replicado que está "tranquilo en el sentido" de que entiende que "no hay nada". "Pero eso es lo que yo sé; no puedo decir nada más porque hay secreto de sumario. Yo no conozco el sumario, cuando lo conozcamos, podremos hablar".
La portavoz del Ayuntamiento de Santiago, María Pardo, también ha dado por hecho que "no hay nada" relativo a una posible estrategia de su partido, el PP compostelano, para financiarse ilícitamente. "Ahí no hay nada". En paralelo, ha vuelto a reivindicar que el actual es "el gobierno más transparente de la historia" de la capital gallega, pero, preguntada directamente, ha avalado únicamente las actuaciones que conoce. "Yo defiendo en lo que yo he estado". Sobre las "irregularidades urbanísticas" en la Finca do Espiño que menciona el sumario, se ha mostrado "totalmente convencida" de que corresponden a la anterior etapa, cuando PSOE y BNG gobernaban Santiago de Compostela. Y es que, ha insistido, éste es "el gobierno más transparente que ha existido" en la capital gallega y seguirá avanzando en este sentido, a través, por ejemplo, de la implantación de la "e-administración" en "el año y poco que queda" de mandato.
La concejala popular ha manifestado su "respeto" a la Justicia, a la que ha pedido que "sea ágil" y finalice "pronto" sus indagaciones. "Y que investigue bien; es importante que la gente sepa que las cosas hay que hacerlas bien".
Orozco y Besteiro
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado "rapidez y agilidad" a la justicia para resolver la investigación sobre la operación Pokémon, que indaga sobre una supuesta trama para el amaño de concesiones públicas y que también ha puesto el foco sobre una supuesta financiación ilegal del PP y del PSOE en Santiago de Compostela.
Después de que el auto de la jueza Pilar de Lara que divide el caso en nueve piezas también apunte indicios de financiación ilegal en el PP y el PSOE en Santiago, Gómez Besteiro ha trasladado su "respeto" por las decisiones judiciales, pero también ha reclamado "esa rapidez y agilidad para que la gente perciba socialmente que la justicia es rápida, eficaz y justa".
El líder de los socialistas gallegos ha apelado a que "esa investigación todavía está sometida al secreto sumarial y no procede decir nada nuevo". "Nunca me oirán transgredir ese código que afecta tanto al PP, al PSOE o a otros partidos. Por tanto, mi posición de respeto a las decisiones judiciales sigue siendo la misma".
El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, ha indicado que "se trata de una cuestión de tipo técnico" el auto de la jueza instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, que separa en nueve piezas la investigación y ha reiterado su solicitud de que se levante el secreto de sumario tras más de un año de investigación. "Se trata de una cuestión de tipo técnico, y digo lo que dije siempre, y a esperar que se abra el secreto de sumario que es lo más importante", ha señalado López Orozco, sobre quien pesan diversas imputaciones en dos de las piezas en que ha desmenuzado Pilar de Lara el sumario. "Yo no soy especialista y no puedo referirme a eso. Yo creo que está igual que estaba antes, incluso algo leí que esto no significaba una imputación sino que hay que buscar en el momento. No puedo decir más, porque no soy entendido en la materia y plena confianza en los abogados para resolver esto".
R.