Vigilancia Aduanera cree que puede haber una financiación ilegal del PPdeG y del PSdeG en Santiago de Compostela

El juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha notificado el auto de apertura del juicio oral contra los siete concejales imputados por un delito de prevaricación, por decidir que el Ayuntamiento costease la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la Operación Pokémon. De ello ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha precisado -en un comunicado remitido a los medios- que los siete ediles populares se enfrentan a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un plazo de nueve años.

La petición de la Fiscalía se dirige contra Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello, los siete que, en la Junta de Gobierno Local del 30 de mayo de 2013, aprobaron que el Consistorio asumiese la defensa de Adrián Varela. La imputación de sus compañeros a raíz de esta decisión -a instancias de la denuncia de un particular- motivó que, en julio, el propio Adrián Varela presentase un escrito en el Consistorio por el que renunciaba a cualquier tipo de compensación por los gastos de su defensa.

El Gobierno de la capital gallega siempre ha defendido que la decisión de pagar los gastos de defensa de Varela llegó a la Junta de Gobierno "avalada por un informe del director de la asesoría jurídica y secretario municipal" y que el vicesecretario municipal dio "su conformidad" en la propia reunión. No obstante, la magistrada Ana López-Suevos, en línea con la petición del Ministerio Fiscal, ha acordado la apertura de juicio oral y, en su auto de este mismo lunes, declara órgano competente para decidir sobre el caso de estos siete concejales del PP al juzgado de lo Penal de Santiago al que corresponda por turno.

El caso sigue adelante pese a que estos siete integrantes de la Junta de Gobierno han decidido recurrir ante la Audiencia Provincial la decisión de la jueza de continuar la tramitación del procedimiento abreviado, que transcurre en paralelo al mencionado recurso. Y es que, para López-Suevos, el acuerdo de pagar la defensa a Adrián Varela se tomó "a sabiendas" de que su imputación "era derivada de un proceso penal por supuesta corrupción", esto es, "por actos cometidos por abuso o exceso de funciones, con claro conflicto de sus intereses particulares con los de la Corporación local". Varela Sarandeses está imputado, en el marco de la Operación Pokémon que instruye la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

La fiscala Aránzazu San José resalta que el informe de la asesoría jurídica municipal "expone claramente" que sólo puede costearse el abogado de un concejal cuando la imputación tenga su origen o causa en el cumplimiento de sus funciones, sin que las actuaciones se hayan llevado a cabo "con abuso" o guarden relación con "intereses particulares propios". Otro supuesto establece que "se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su carácter ilícito".

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía entiende que los siete acusados eran "sabedores" de que en el caso del responsable local de Deportes "no concurrían ninguno de los requisitos antedichos", pues conocían que estaba imputado por "varios delitos de los denominados de corrupción" y de que "se estaba comprometiendo el erario público" para el pago de un letrado designado por el propio Varela. "Con clara intención de favorecer a su compañero", como aprecia el ministerio fiscal, que ve a los siete concejales que ahora se enfrentan a juicio "sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho". Al no hacer referencia expresa a los condicionantes mencionados por la asesoría jurídica ni "examinar en modo alguno" si concurrían los mismos, la Fiscalía censura que se hayan comprometido "fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado -el exjuez Javier Míguez Poza- en cuya designación no había intervenido la corporación local". Concluye que los acusados adoptaron el citado acuerdo "de forma arbitraria y en base únicamente a su propia voluntad", apartándose de "los principios de objetividad y de los de servicio de los intereses generales". La fiscala resalta que la Junta de Gobierno local de Santiago decidió "tratar como urgente" la solicitud de Adrián Varela -registrada ese mismo día- de que el ayuntamiento costease sus gastos de representación y defensa, "sin que existiera motivo justificado" para que se resolviese de inmediato ese asunto.

Un informe de Vigilancia Aduanera atribuye "posible financiación ilegal" al PP y al PSOE en Santiago de Compostela e implica a la principal competidora del Grupo Vendex en los concursos de la ORA y la grúa, Setex Aparki. El referido informe concluye que esta empresa al final se hizo con un concurso en la capital gallega porque "ya disponía de una plataforma más favorable en el seno del órgano de contratación a través del partido político que sustenta la acción municipal (ya gobernaba el PP) al haber entregado presuntamente dinero en el curso de la campaña electoral de noviembre de 2011". Ese año se celebraron elecciones municipales (en mayo) y generales (en noviembre).

En el informe del 13 de febrero de 2013 incluido entre los nuevos tomos abiertos por la jueza Pilar de Lara, a los que ha tenido acceso Europa Press, Vigilancia Aduanera "presume la posible financiación ilegal del Partido Popular en Santiago de Compostela" en la que habrían participado el concejal Adrián Varela Sarandeses, Ángel Espadas (el exasesor del alcalde Gerardo Conde Roa) y José Antonio Barona Couselo (responsable de Setex Aparki en Santiago de Compostela). Preguntado por esta cuestión en su declaración ante la jueza (en junio de 2013), el concejal de Deportes, Adrián Varela, reconoció que "Antonio Ramos", al que identifica como "constructor", puso "dinero" para la campaña del PP, aunque matiza que él en ningún momento ha visto recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido.

Sin embargo, en una conversación intervenida a este concejal y a Ángel Espadas -que era el jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa-, Adrián Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Ángel Currás, tuviese intención de "prescindir" de él (por Espadas), le iba a "recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros... gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú (a Espadas) sigas ahí, para empezar...". La jueza insistió en sus preguntas al concejal de Deportes si existían otras personas que pudiesen aportar dinero, pero el concejal únicamente se refirió a esa persona.

Sobre la "posible financiación ilegal" del PSOE en Santiago, Vigilancia Aduanera señala que habrían participado Antonio Murcia, el propietario de la imprenta con el nombre comercial 'La Ibérica', José Antonio Sánchez Bugallo (actual diputado y entonces alcalde de la localidad), Bernardino Rama (concejal con Bugallo y en la actualidad e imputado en la Pokémon), Alfonso Luaces (Aquagest), José Luis Míguez (Aquagest), Henry Laíño (exdelegado de Aquagest en Galicia). En este punto, señala que "serían conocedores de este hecho", según el mismo informe de Vigilancia Aduanera, el exalcalde Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, José María Tutor Lemos (Vendex Santiago), y Alberto Quintana (exgerente de Sermasa).

Según consta en el sumario, Conde Roa y quien era su jefe de gabinete alentaron al empresario Antonio Murcia a ir "a saco a por ellos en el juzgado" con su demanda contra el anterior gobierno municipal del PSOE, puesto que detectaban "un tema de un calado de la leche". "Un tema de financiación irregular", sostiene Espadas en una conversación telefónica intervenida en febrero de 2012.

Un oficio del Servicio de Vigilancia Aduanera constata que durante el registro efectuado en la vivienda habitual del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP), el 14 de febrero de 2013, fueron intervenidos cuatro lingotes de oro y "un número indeterminado" de monedas del mismo metal, cuya devolución fue posteriormente demandada por el exregidor con el argumento de que dichos "objetos de oro" eran una donación del abuelo materno de sus hijas. Según consta en el documento de Aduanas, que figura en la nueva entrega del sumario de la Operación Pokémon, a la que ha tenido acceso Europa Press, se hace constar que, tras el registro en la vivienda de Conde Roa, se procedió a depositar en el interior de la caja fuerte situada "en el despacho del delegado especial" de la Agencia Tributaria en Galicia cuatro lingotes de oro. Al margen de los lingotes, cuyo peso conjunto asciende a un kilo y 400 gramos, se depositó en el interior de la caja fuerte "un número indeterminado de monedas de oro", que quedaron precintadas "en el interior de una bolsa de evidencias con anagrama de la Agencia Tributaria". En relación a la intervención de estos objetos, se hace llegar a la jueza instructora dos documentos manuscritos en alemán que, según consta en la traducción que figura en el sumario, corresponderían a dos cartas -de 2008 y 2010, respectivamente- remitidas por los abuelos maternos de dos hijas de Conde Roa, en las que ratifican su voluntad de obsequiar con "oro" a sus nietos.

En la primera misiva, los remitentes enumeran hasta a diez nietos y manifiestan su intención de contribuir a que se puedan "desarrollar en paz, en libertad e independencia", por lo que afirman que a cada uno de ellos les asignan "un regalo de 50.000 euros". Añade la carta que los "padres" de los destinatarios les han pedido que se les dé "este oro" para que lo administren "al cumplir los 18 años". Posteriormente, en el escrito de personación del exregidor, que figura también en el sumario, su abogado pide la devolución de los "objetos de oro" intervenidos en el registro por ser "una donación" del abuelo materno de sus hijas. En dicho documento también se demanda la devolución de "cantidades de dinero (4.000 euros) del pecunio de la esposa" de Conde Roa igualmente intervenidos durante el registro y que "habían sido retirados" de su cuenta. Para avalar este argumento se alude a documentos también "aprehendidos" y de los que adjunta copia.