Crisis política en Santiago: condenados por prevaricación 7 concejales del PPdeG

El juez, que ocupa plaza de sustituto en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, les ha impuesto una condena a los siete concejales de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, la misma petición que mantuvo la Fiscalía al término del juicio celebrado el 19 de mayo. Los ediles condenados disponen de un plazo de diez días desde la notificación para interponer recurso de apelación contra esta sentencia. Los concejales condenados son María Pardo, teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, edil de Hacienda; Francisco Noya, de Participación Ciudadana y Fiestas; Amelia González, de Régimen Interior y Personal; Juan de la Fuente, de Vías y Obras; María Castelao, de Servicios Sociales; y Luis García Bello, de Seguridad y Movilidad.

La sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública". Para el juez, los acusados "plenamente fueron conscientes" y "sabedores" de que las circunstancias de su compañero de corporación no cumplían los requisitos informados por la Asesoría Jurídica, "pues conocían perfectamente que Adrián Varela estaba llamado a declarar en calidad de imputado por varios delitos denominados de corrupción". Agrega que sabían que, con su decisión, "se estaba comprometiendo el erario público municipal al pago de los honorarios de un letrado" que había designado el entonces concejal, el exjuez decano Javier Míguez Poza. "Todo ello en contra de los intereses públicos y con clara intención de favorecer a su compañero de la corporación municipal", apunta el juez, para quien los ediles condenados "fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho".

Acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados, "sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos". "Se comprometieron fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado en cuya designación no había intervenido la corporación local", argumenta la sentencia. El fallo rechaza "que cualquier miembro de la Corporación de Santiago no supiese el día 30 de mayo de 2013 absolutamente nada acerca de las imputaciones del concejal de Deportes y la famosa y divulgativa Operación Pokémon, tan socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la política". Al respecto, apunta que son "fácilmente refutables y poco creíbles" los testimonios de algunos concejales que alegaron desconocer los delitos que se le imputaban a Adrián Varela.

El juez afirma que "sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo".

En opinión del magistrado, la decisión de sufragar con fondos públicos la defensa de Varela "se efectuó de manera claramente atropellada" y se trata de un acuerdo "resuelto de forma totalmente precipitada y extemporánea". La decisión de pagarle el abogado a Adrián Varela fue denunciada por una particular y tras el revuelo que se montó por el acuerdo, el entonces edil renunció posteriormente a que se le sufragasen los costes de su defensa. El juez desmonta los argumentos de la defensa de los ediles y sostiene que se estableció "una atadura obligacional comprometiendo al erario municipal sin que se diesen los condicionantes", apunta que "queda acreditado el carácter incondicionado del acuerdo", señala que el redactar o no directamente el acuerdo es una "tesis insostenible" y no admite la justificación de que se había colocado la coletilla "sin perjuicio de las posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes". "Adoptar un acuerdo donde con carácter previo y en su origen se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral".

En su sentencia, el juez Jesús Leal alude al "laborioso interrogatorio" de la fiscal Arancha San José y avala que la pena que solicitó "se ajusta a un criterio justo, equitativo y proporcional" y también elogia el "ejercicio riguroso de la jueza de instrucción", Ana López Suevos, cuya actuación fue cuestionada por miembros del Ayuntamiento de Santiago. En cualquier caso, la Audiencia Provincial de A Coruña ya había avalado que se sentasen en el banquillo los siete ediles, al rechazar el recurso que plantearon.

Esta condena agrava la difícil situación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde tras la dimisión de Adrián Varela, permanecen imputados en alguna causa nueve de los 13 ediles con los que cuenta el PP en la corporación compostelana. Así, en la Operación Pokémon están también imputados la edil de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, y el propio alcalde, Ángel Currás, sobre quien también pesa otra imputación en el caso de un policía que denunció acoso. Juan de la Fuente se vio envuelto en un caso de facturas falsas para justificar subvenciones. De esta forma, del grupo municipal del PP en Santiago de Compostela sólo permanecen sin ninguna imputación la primera teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo, Reyes Leis, así como Luís Meijide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de Participación Ciudadana.

El alcalde de Santiago ya ha avanzado que están "analizando en profundidad el contenido de la sentencia" para tomar decisiones. Como la sentencia no es firme, podrían optar por presentar un recurso de apelación y bloquear la inmediata aplicación de la inhabilitación, pero en su momento en una entrevista televisiva el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado que si había sentencia condenatoria se aplicarían los estatutos y los ediles deberían abandonar el partido. En cualquier caso, en este proceso, los concejales juzgados contaron con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, quien se encuentra en Japón de viaje oficial. También contaron con el respaldo público del regidor compostelano, quien acudió a respaldar a los concejales el día del juicio. Su teniente de alcalde, Reyes Leis, llegó a reconocer públicamente que el Ayuntamiento compostelano ya tenía un "plan B" por si se producía una sentencia condenatoria de los ediles, una circunstancia que fue negada por otros compañeros de corporación, por lo que la edil tuvo que aclarar que "el plan B se llama Ley Electoral". Buscar los recambios a los ediles condenados en la lista que presentó en PP en las elecciones de 2011 y completarla con el fichaje de personas de fuera como concejales no electos o decidir una eventual intervención del Ayuntamiento son dos de las opciones previstas por ley.

Valoración remitida por el Gabinete de Comunicación del PPdeG:

Na rolda de prensa convocada logo da xuntanza do Grupo Popular para preparar os temas que levarán á Xunta de Portavoces para a súa inclusión da sesión plenaria da vindeira semana, Pedro Puy respondeu a preguntas dos xornalistas sobre a sentenza condenatoria dos concelleiros de Santiago coñecida o luns 2 de xuño.

Neste sentido, avanzou que “os órganos competentes, como xa se ten manifestado desde o partido, van estudar inmediatamente esa sentenza para adoptar as decisións políticas que se estimen oportunas”. “Hai que respectar sempre á Xustiza e o seu funcionamento e confiar en que ao final a Xustiza se impoña sobre calquera outra valoración que se poida ter”, indicou.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de AGE:

O goberno municipal de Compostela, ocupado polo Partido Popular, continúa a súa viaxe cara ao, en palabras de Xosé Manuel Beiras, “esperpento”. A condena por prevaricación de sete edís –inhabilitados nove anos-, engadiu Beiras no Parlamento de Galicia, é un acto de “xustiza”. “Agora o señor Núñez”, afirmou en referencia ao presidente da Xunta, “debe considerar se teñen que dimitir ou van agardar a un recurso”. “Pero non é máis ca un esperpento”, concluíu, “que a capital de Galiza, a sede das institucións do seu goberno, estean nesta situación”.

O portavoz de Alternativa Galega de Esquerda relacionou os acontecementos na corporación municipal compostelá coa “podremia xeralizada” do réxime político actual. “É un caso máis que explica perfectamente o que dicimos do rei”, explicou, “o problema é que, con algúns pequenos oasis na xudicatura ou na política, o réxime político está completamente podre”.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación del BNG:

O portavoz nacional, Xavier Vence, considera que a sentenza que condena a sete edís populares do Goberno municipal de Santiago é o reflexo “do mar de corrupción” no que está inmerso que “debería terse limpado a iniciativa do propio de Feijóo como presidente do PP”.

“Non o fixeron e agora esta sentenza xudicial pon as cousas no seu sitio”, subliñou Vence, quen confía en que sexa o “comezo dun proceso de limpeza no Concello Santiago, que esperamos sexa completo tanto para que a cidadanía recupere confianza da cidadanía nas institucións como para devolverlle a dignidade a esas institucións”.

“Esta sentenza obriga máis ca nunca a Feijóo a mover ficha, quen non pode xa mirar para outro lado diante dos numerosos casos de corrupción que lle afectan a edís e cargos políticos do PP. Esperamos que sexa o comezo dun proceso de limpeza das institucións que o BNG reclama desde fai moito tempo”, concluíu.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de EU:

Os sete concelleiros do goberno popular de Santiago que aprobaron que o Concello pagase ao avogado doutro concelleiro compañeiro de goberno imputado pola Pokémon foron condenados polo Xulgado do Penal número 1 de Santiago a nove anos de inhabilitación por prevaricación.

Esquerda Unida acusa a Negreira de ter a mesma conduta irresponsable coa Pokémon que os populares en Compostela por respaldar aos imputados apesares das indiscutibles probas que demostran as irregularidades e falta de ética en algúns membros do goberno e persoal de confianza. O alcalde continua negándose a recoñecer que as responsabilidades políticas van moito máis alá que as xudiciais e, xa que logo, danando a imaxe do concello e da Coruña coa imaxe de inmoralidade manifesta e por retrasar ata o absurdo a toma de decisións alegando que esperaran a ver como transcorre o xuízo.

O voceiro de EU-V, César Santiso, afirma “cando se manteñen gobernos propios dun banquillo de acusados faise un dano irreparable á democracia”. Vai agardar o alcalde a que os imputados sexan condenados ostentando un cargo público como en Santiago ou avogará dunha vez pola expulsión dos cargos manchados para atenuar este despropósito? As probas das gravacións das persoas involucradas na trama de corrupción son inaceptables. Non merecen estes feitos unha actuación? O segundo de Negreira, Julio Flores, sendo portavoz do goberno mentiu reiteradamente á xuíza e á cidadanía para agachar os seus enchufes e posible amañando concursos. A tenente de alcalde de cultura, Ana Fernández, promociona a cultura da corrupción cando, segundo súas verbas, a solicitude de pagos en diñeiro negro a Vendex, o amaño de pregos de contratación, a emisión de facturas falsas ou o tráfico de influencias para conseguir emprego constitúen tan só exemplos de "mala praxis". O concelleiro de Servizo Sociais, Miguel Lorenzo, considera que os “enchufes” son como “accións sociais”, semella que o concelleiro de Deportes, Francisco Mourelo mancha o deporte con facturas feitas a medida como ten denunciado o exfuncionairo Aceña, presidente de Padre Rubinos...

O grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes chama a Negreira a cesar aos cargos púlicos e persoal de confianza salpicados pola corrupción antes de que as condenas xudiciais repitan na Coruña a lamentable foto de Santiago. O vergonzosa escapismo do alcalde na xestión dos casos de corrupción dentro do seu goberno, non é máis que unha calcomanía da exercida polo Partido Popular nos casos que deron ao Estado fama internacional de país da corrupción e o pelotazo. O Sr. Negreira foi elixido alcalde para tomar decisións e coordinar un equipo pero lonxe de liderar esta cidade na procura do ben común mira unicamente polos intereses dos seus amigos e ao ditado de Rajoy e Feijóo.