El Supremo investigará a Barreiro y se suspende el juicio de la Operación Muralla por la hospitalización de Francisco Cacharro

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, señala que hay "indicios suficientes" y "existen motivos" para interrogar al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, e indagar si cometió un delito de cohecho y recibió 5.000 euros de la empresa Vendex -eje de la Operación Pokémon-. En auto judicial con fecha del 15 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada apunta que existen "indicios suficientes" sobre que el también presidente provincial del PP en Lugo "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al margen de otras supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho".

La instructora se basa en los informes elaborados por Vigilancia Aduanera, la documentación existente, los registros en la sede de la empresa, las intervenciones telefónicas y en las "contradicciones" en las que habrían incurrido algunos de los imputados. Explica que "según los indicios obtenidos" en las diligencias de investigación, Barreiro "se reunió" con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el 20 de mayo de 2011 "siendo objeto de dicha reunión la presunta entrega, por parte del delegado de Vendex en Galicia al (ahora) senador de 5.000 euros". Además, se apoya en que "tal y como advierte el Ministerio Fiscal", existen "motivos bastantes" para que Barreiro "sea interrogado sobre los encuentros, llamadas y conversaciones que tuvo Tutor en los años 2011 y 2012", así como "sobre la presunta recepción de dinero", algo que, añade, "habrá de serle hecho en calidad de imputado y por el órgano competente", que es el Tribunal Supremo al ser aforado.

La jueza ha ordenado que se forme una pieza separada y que se envíen a la Sala de lo Penal del Supremo la documentación relativa a Barreiro, junto con el informe del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo. La jueza emitió con anterioridad una providencia en la que pedía que se remitiesen en formato digital todas las conversaciones relativas a Barreiro y las diligencias practicadas para su remisión al Supremo.

El Servicio de Vigilancia Aduanera emitió un informe, según el cual, el portavoz del PP en el Senado habría recibido 5.000 euros de Vendex -principal empresa investigada en la Pokémon- el 20 de mayo de 2011, un supuesto hecho que el propio Barreiro ya ha desmentido. En ese momento, el ahora senador era concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Lugo.
Además, en otro escrito, Vigilancia Aduanera concluye que el PP de Lugo dejó de criticar la concesión de la ORA tras reunirse con Barreiro el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. Este informe, que constata al menos dos encuentros entre "el Chino" -como los investigados se referían a Barreiro- y Tutor en función de pinchazos telefónicos y operativos de vigilancia, concluye que el PP dejó "no volvió a manifestar públicamente sus dudas de la validez" de la concesión de la ORA en Lugo después de la segunda reunión, que tuvo lugar en el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, el 13 de julio de 2012.

Las primeras referencias a Barreiro en el informe que Aduanas centra en el portavoz del PP en el Senado se sitúan en mayo de 2011 cuando Tutor le dice a Javier Reguera, el responsable de Doal, filial encargada de gestionar la ORA en la capital lucense, que tiene que "ver al Chino". Posteriormente, en noviembre del mismo año, Aduanas confirma que "se programa" una reunión entre ambos y en diciembre, según refleja el informe, Tutor envía un mensaje de texto a Barreiro felicitándole por su designación como portavoz del PP en el Senado. "Enhorabuena, el esfuerzo de los años se ha visto recompensado", recoge el texto. Barreiro ha admitido que conoce al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y que éste fue a verle "en alguna ocasión" para expresarle quejas, pero insistió en que ni esta empresa ni ninguna otra "jamás" le ha ofrecido "absolutamente nada".

Al margen de las diligencias de Barreiro, la jueza ya ordenó conformar y remitir otra pieza separada, en este caso al respecto de la exportavoz del PP gallego y diputada autonómica, Paula Prado. Paula Prado acudió el 10 de julio de 2013 al juzgado instructor de la Pokémon a prestar declaración -la cual permanece bajo secreto de sumario- en calidad de testigo, tras lo que había abandonado la sede judicial sin imputación alguna tras cuatro horas y media de comparecencia ante De Lara. Además, según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo investiga a su marido por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).

También se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest. Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".

Operación Muralla

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha acordado la suspensión del juicio previsto por la Operación Muralla, dado que uno de los imputados se encuentra hospitalizado, en concreto el expresidente de la Diputación provincial Francisco Cacharro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha indicado que la Audiencia Provincial de Lugo ha suspendido el juicio fijado para los días 17, 18 y 19 de septiembre "tras recibir el correspondiente certificado médico". Además, ha añadido que, por el momento, no hay señalada nueva fecha.

El expresidente de la Diputación de Lugo Francisco Cacharro Pardo y otros dos acusados habían sido citados para los días 17, 18 y 19 de septiembre para la celebración en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial luguesa del juicio por la denominada Operación Muralla por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de fraude a la administración.

Para Cacharro Pardo la Fiscalía pide por un delito continuado de prevaricación la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de fraude a la administración, según consta en el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press. Además, la Fiscalía considera que Cacharro deberá ser condenado al pago de un tercio de las costas procesales que sean declaradas de abono. Añade que "alternativamente para el segundo delito", debe ser condenado por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario a 24 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para el que fue jefe de servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo entre 1982 y 2005, José Manuel Romay López, la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y por delito continuado de fraude a la Administración tres años de cárcel y diez de inhabilitación. En su caso, como en el de Cacharro, el Ministerio Público alternativamente pide 24 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros y cuatro años de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario. Para el tercer acusado, el ingeniero de caminos José Enrique Cacicedo Herrero, la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y tres de prisión y diez de inhabilitación por delito continuado de fraude a la administración. Y Alternativamente al segundo delito pide la misma pena que para los dos anteriores por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario.

La Fiscalía expone en su escrito que de un delito continuado de prevaricación son autores Francisco Cacharro y José Manuel Romay, siendo José Enrique Cacicedo cooperador necesario. Alternativamente considera a Romay cooperador necesario. Del delito continuado de fraude a la administración, el Ministerio Público considera autores a Cacharro y Romay, siendo Cacicedo cooperador necesario. Alternativamente al segundo delito, la Fiscalía señala a José Manuel Romay autor de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario, siendo Cacicedo y Cacharro cooperadores necesarios.

Según el relato fiscal, el acusado José Manuel Romay López "ideó la constitución" de la sociedad mercantil Senén Prieto Ingeniería S.L. "con el propósito de obtener un beneficio económico derivado de la externalización de trabajos de ingeniería de redacción de proyectos y de dirección de obras que ejecutaba el citado ente local", para "la adjudicación de esos trabajos a técnicos relacionados con la mercantil en connivencia con el órgano de contratación". Añade que el entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, "era perfecto sabedor de las relaciones entre José Manuel Romay López y la mercantil Senén Prieto S.L.". "Para ello redactó, en fecha 15 de junio de 1983, meses antes de la constitución de la sociedad, un escrito que dirigió al presidente en el que ponía de manifiesto la insuficiencia de medios personales en el Servicio de Vías y Obras para afrontar tales trabajos", señala en relación a Romay López.

En su relato, la Fiscalía indica que la Diputación Provincial de Lugo adjudicó durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006 un total de 102 contratos de consultoría y asistencia para redacción de proyectos de obras y de asistencia técnica para la supervisión y control de ejecución de obras, siendo en todos ellos adjudicatario el también acusado José Enrique Cacicedo, ingeniero de caminos, quien trabajaba para la mercantil desde el 1 de octubre de 1987. "Con el fin de lograr burlar la legislación sobre incompatibilidades y obtener la adjudicación de los contratos, en fraude para la Diputación de Lugo, José Manuel Romay procedió a la transmisión aparente de sus participaciones sociales a su esposa, que carecía de formación específica relacionada con el objeto social mercantil", relata el Ministerio Público.

La segunda parte del fraude, según sostiene la Fiscalía, "consistió en que José Enrique Cacicedo fuese quien optase a los distintos contratos licitados por la Diputación de Lugo de consultoría y asistencia para redacción de proyectos de obras y de asistencia técnica para la supervisión y control de ejecución de obras en nombre propio, cuando el citado acusado carecía de medios humanos y materiales para asumir tales contratos por su mismo".
La Fiscalía considera, asimismo, que Francisco Cacharro, en tanto era presidente de la Diputación de Lugo desde el año 1983, fecha en que se constituyó la mercantil Senén Prieto S.L., "tenía perfecto conocimiento de la relación entre José Manuel Romay y la mercantil".

Precisa en el escrito que Francisco Cacharro era "perfecto conocedor" de la "incompatible relación de su jefe de Vías y Obras con la mercantil Senén Prieto S.L." y "de la maniobra fraudulenta urdida por José Manuel Romay para lograr beneficiarse de los dividendos que generaba la contratación pública a través de la mercantil que dirigía y de cuyos fondos disponía". Añade que las adjudicaciones fueron efectuadas por los cauces del proceso negociado sin publicidad, que fue "escogido por Francisco Cacharro para dotar de una apariencia de legalidad a las adjudicaciones, simulando la existencia de libre concurrencia a la contratación con la Administración cuando, en realidad, el acusado y presidente de la Diputación era quien decidía a quien invitar y decidía a quien contratar, dictando los decretos correspondientes y asegurándose el resultado mediante la presencia del también acusado José Manuel Romay".