Debate del Estado de la Autonomía: las fuerzas políticas buscan apoyos para crear un dondo para fusiones municipales, para un pacto por la integridad y para el derecho a decidir

El PPdeG intenta concitar el apoyo de la oposición para que el Parlamento gallego traslade su respaldo al Gobierno en los pasos conducentes a "garantizar el respeto a la Constitución" frente a la consulta catalana y en otras medidas contra la corrupción ya avanzadas por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, así como en la creación de un fondo para financiar fusiones municipales. Entre las propuestas de resolución presentadas por la viceportavoz Marta Rodríguez Arias para negociar con el resto de grupos, los populares incluyen una encaminada a "impulsar los procedimientos" de fusión municipal y solicitan que en la nueva Ley de Administración Local de Galicia se cree un fondo especial para la "fusión voluntaria" de ayuntamientos.

En la línea del discurso pronunciado por Feijóo en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía, el PPdeG pretende negociar con el resto de grupo medidas para avanzar en el "impulso democrático" en la Xunta, en el Parlamento, así como en los partidos, toda vez que propone limitar las donaciones a las fuerzas políticas y recortar las campañas. La ampliación del plan de empleo juvenil, con una nueva dotación de 48 millones de euros, y la creación de un programa específico para desempleados de más de 45 años se incorporan también en la batería de medidas populares con las que, en palabras de Marta Rodríguez Arias, el grupo de Feijóo aspira a "consolidar la senda de recuperación".

La viceportavoz popular ha incidido en la voluntad de acuerdo con la que el PPdeG participará en las negociaciones, tras estudiar las iniciativas registradas por el resto de grupos. "Hoy es un día de diálogo; el PP está predispuesto a hablar, sobre todo en cuestiones fundamentales como la regeneración democrática, el empleo, la sanidad, la educación y los servicios sociales".

El Grupo Parlamentario Socialista promueve un "pacto institucional por la integridad" orientado a impregnar de "valores y conductas éticas" todos los aspectos de la vida pública a fin de "acabar de una vez con la lacra" de la corrupción y de "prevenir que se produzca en el futuro". Su portavoz, José Luis Méndez Romeu, en una breve comparecencia ante los medios, ha explicado que su plan incluye "obligaciones para todos", es decir, para el Parlamento, la Xunta, los partidos y "toda la sociedad".

El Grupo Parlamentario del BNG defiende, a través de sus propuestas de resolución presentadas tras la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que "la nación gallega debe tener derecho a decidir libremente su futuro, desde el respeto a la voluntad soberana del pueblo gallego y a la relación en pie de igualdad con otras naciones de la península, de Europa y del mundo". Esta resolución figura como primera en las 40 presentadas, aunque según ha avanzado la viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, esta formación volverá a registrar 100 a modo de "protesta". Además del "derecho a decidir", los nacionalistas gallegos han presentado un iniciativa para la reforma del Parlamento, con el fin de aumentar la "democracia" y defender la "participación ciudadana".

Se recogen distintos aspectos, como "agilizar los debates", "garantizar que los miembros del Gobierno respondan y cumplan con la función de control", se establezcan "penalizaciones a la ocultación de información" y que se "reduzcan y limite el uso de los vehículos oficiales". También propone una comisión de participación ciudadana, la modificación de la ley electoral y una ley de consultas populares. En el ámbito de la lucha contra la "corrupción", el BNG pretende instar a la Xunta a "arbitrar medidas efectivas", como "evitar la práctica conocida como 'puerta giratoria'", establecer mecanismos que garanticen la publicidad en los contratos públicos, que el Consello de Contas "fiscalice las remuneraciones" de los cargos públicos, y el inicio del proceso de rescate de los servicios "privatizados" para la gestión pública.

Entre las propuestas de resolución, el Bloque también solicita la "reactivación" de la comisión de las cajas, con el fin de evaluar la nueva documentación aportada y que trasladó la CIG a la Cámara. En ella, se encontrarían operaciones supuestamente irregulares vinculadas con el exdirector de Caixa Galicia, José Luis Méndez, con la menta de inmuebles de la entidad a su mujer. El BNG también insta a elaborar un plan de empleo y a la constitución de una comisión de estudio sobre el sistema de financiación autonómica, en el marco del cual defender también un "nuevo modelo " que asegure la "suficiencia, autonomía financiera y la plena responsabilidad fiscal" de Galicia". Sin salir de la materia económica, el Bloque defiende una política fiscal "justa", que pase por revertir la subida del impuesto de carburantes y que no se eleven los impuestos. Asimismo, pide una reforma impositiva que exija "más esfuerzo a las rentas más altas".

Los nacionalistas gallegos piden una solución "justa" para los emigrantes retornados y que reciban un "trato justo e igualitario" y "no se les trate como defraudadores fiscales", así como piden que se "devuelva la totalidad del dinero a los estafados por las preferentes". En esta línea, reclaman una banca pública gallega para "evitar la emigración del ahorro" y con el fin de contar un instrumento financiero público que garantice crédito al tejido empresarial gallego. El BNG pide un plan de empleo para los sectores más vulnerables, como son la juventud, las mujeres y los parados de larga duración. En este sentido, reclaman un salario público de inserción laboral para mayores de 18 años desempleados y sin recursos y pedir la transferencia de los 300 millones de euros que el Estado "se va a ahorrar en Galicia en 2015 por la extinción de la prestación de desempleo" para destinarlos a políticas activas.

El Bloque exige que el Gobierno central tenga un "compromiso" de que a partir de enero de 2015 los astilleros de Ferrol desarrollen actividades de construcción naval "sin ninguna limitación". A este respecto, reclama que Navantia no forme parte del Ministerio de Defensa y exige la construcción del dique flotante. Pontón también ha especificado que entre las propuestas presentadas se encuentra la reclamación de una tarifa eléctrica gallega, la defensa de los sectores productivos de Galicia, una estrategia para la "revitalización demográfica"; y el desarrollo de los trenes de cercanías, junto con el rescate de la AP-9 y una rebaja de los peajes.

En el área sanitaria, además de "acabar con la política de recortes", los nacionalistas demandan un rescate generalizado de las infraestructuras construidas por el sistema público-privado, a lo que añaden la necesidad de que se "reviertan todas las privatizaciones y externalizaciones de servicios realizados por el Gobierno gallego". En defensa de la enseñanza pública, el BNG pide una "ley de educación que garantice la calidad de la enseñanza pública, en función de las necesidad es y el interés de acuerdo con la realidad social, cultural, económica y lingüística". Otra propuesta pide "retomar el consenso" del Plan de Normalización da Lingua Galega y una más, apoyar los sectores culturales propios. También reclama un plan de emergencia social contra la pobreza, desarrollar las políticas de igualdad, "luchar" contra los desahucios, una ley del suelo que "pare la destrucción del territorio", un nuevo modelo de gestión de residuos y la depuración y saneamiento de las rías.

El Grupo de Alternativa de Esquerda ha incluido, entre sus 40 propuestas de resolución elevadas al Debate sobre el Estado de la Autonomía, medidas que buscan la "regeneración democrática", la defensa del "derecho a decidir" y una "reprobación" al Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo a modo de enmienda a la totalidad de su gestión. En rueda de prensa, en la que han participado todos los miembros del grupo, la viceportavoz, Yolanda Díaz, ha explicado que la reprobación al presidente se sostiene en la "destrucción de empleo, en los peores salarios del Estado, en las pensiones más bajas, en los niveles de pobreza infantil, en la privatización masiva y en la corrupción insoportable". "Exigen que la Cámara se posicione reprobando a Feijóo".

Alternativa Galega de Esquerda pide, en sus iniciativas, la "derogación" del artículo 135 de la Constitución y la aprobación de un "tipo penal" que permita "visibilizar a los corruptores". "Hay que ponerles rostro e identidad a esos corruptores que necesitan el negocio de la pública", según Yolanda Díaz.

La diputada del Grupo Mixto, Carmen Iglesias, ha demandado impulsar una reforma del reglamento del Parlamento para incrementar la participación ciudadana y revisar los "privilegios" de los diputados, eliminando sus aforamientos, así como promover la "ilegalización" de los toros, y la condena del golpe de estado de Franco y la de cualquier cargo público que "justifique" los crímenes del franquismo. En su batería de 40 propuestas de resolución y después de que todos los partidos hayan incidido en la necesidad de emprender medidas de regeneración, Iglesias también ha profundizado en esta cuestión con varias peticiones como la elaboración de un proyecto legislativo de Responsabilidad y Ética Política.

Mejorar la "relación informativa entre el Parlamento y la Xunta" es otra de las prioridades para el Grupo Mixto, que apuesta por que el Gobierno gallego implemente una base de datos, "pública y accesible a los ciudadanos", en la que se cree un expediente con cada iniciativa aprobada en la Cámara que permita hacer un seguimiento de la misma. En la misma línea, insta a la Xunta a que aplique un criterio único de "transparencia y publicidad para todas las listas de contratación temporal" en toda la administración pública gallega y en los organismos dependientes de la misma.

Propone realizar las reformas pertinentes para prohibir el envío de papeletas electorales por correo a la ciudadanía". Partidaria de "acabar con la representación institucional", la parlamentaria solicita la retirada del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y que la Xunta condene "de forma clara y contundente" a los cargos públicos que justifiquen los crímenes del franquismo, el golpe de estado de Franco y su régimen fascista, y a los que no cumplan la ley de memoria histórica. Un paso más allá, la diputada aspira a que el Parlamento manifieste su condena al golpe de estado perpetrado por Franco, al régimen dictatorial consecuencia del mismo y a las represiones ejercidas sobre las personas vencidas. Además, reclama que se realicen los trámites oportunos para "no permitir" la asistencia de cargos públicos en cualquier tipo de actos religiosos, de cualquier índole, en el ejercicio de sus funciones, por "vulnerar" el principio de aconfesionalidad del Estado.

Solicita que la Xunta cese de inmediato a cualquier cargo público que haga declaraciones con contenidos machistas, así como comentarios homófobos o xenófobos. Entre las medidas del Grupo Mixto se incluye también el compromiso con el desarrollo del termalismo, la búsqueda de un acuerdo para instar a la Xunta a "evitar el continuo incremento" de los precios de los carburantes y la demanda de negociar con Adif su política de precios en Galicia, con el fin de lograr "una racionalización de los precios de los viajes y de los bonos ofertados". También pretende que la Xunta exija al Gobierno estatal la derogación de la Ley de Amnistía por ser "incompatible" con el derecho internacional y que el Parlamento reconozca el Estado Palestino, así como su integridad territorial según los acuerdos de Naciones Unidas del año 1967, al tiempo que insta al Gobierno gallego a realizar el mismo reconocimiento y a demandar igual declaración por parte del Ejecutivo central.

Aspira a impulsar la implicación de las distintas administraciones en la consecución de "ciudades saludables, humanizándolas y adaptando la ciudad para priorizar los desplazamientos en bicicleta o andando", aboga por prohibir el 'fracking' y la minería a cielo abierto, demanda una reforma fiscal progresiva y solicita la aplicación de un "criterio único" para los emigrantes retornados en el tratamiento tributario de sus pensiones. Tras registrarse en España el primer caso europeo de un contagio del virus del ébola, Carmen Iglesias también ha incluido entre sus propuestas la petición de "exigir responsabilidades" al Ejecutivo de Rajoy por la "gestión en la pandemia" que derivó en el contagio de la auxiliar gallega y ha manifestado su reprobación a los organismos internacionalidades "por su pasividad e ineficacia" ante esta enfermedad en África Occidental.

La diputada demanda, asimismo, el impulso de otra política para "controlar el oligopolio energético" y apuesta por elaborar una guía contra el acoso escolar que permita al personal educativo a la detección precoz del problema y les dé las herramientas para atajarlo. También pide controlar las subvenciones y becas otorgadas para evitar posibles fraudes. Iglesias llama a incrementar los presupuestos para la dependencia y la sanidad, además de instar a la Xunta a revisar "la liberalización de horarios comerciales" al entender que va en detrimento del pequeño comercio y prohibiendo la apertura en domingos y festivos, incluyendo el caso específico de los bazares chinos.