La Xunta y el Ayuntamiento de Vigo buscan una salida a la crisis urbanística por la anulación del PGOM por el Tribunal Supremo

La conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, destacó en Santiago que “es el momento trabajar conjuntamente con el ayuntamiento para dar una respuesta seria, ágil y rigurosa” a la situación urbanística de Vigo. Así se lo trasladó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, con el que mantuvo una reunión para abordar la situación urbanística del ayuntamiento, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad del Plan de Ordenación Urbanística aprobado en el año 2008
Mato Otero destacó que ella misma solicitó al alcalde este encuentro, una vez conocida la relevancia y alcance de esta sentencia para la ciudad olívica. Así, tras analizarlo con el delegado de la Xunta en Vigo, “consideramos que es imprescindible actuar con diálogo y responsabilidad”; para resolver la situación que se ha generado y es necesario “hacerlo de manera rigurosa, tal y como demanda toda la sociedad viguesa”.
Así, señaló que es responsabilidad de la Xunta poner a disposición de la Administración local todos los instrumentos disponibles para que desde el ayuntamiento de Vigo se pueda resolver esta situación. Beatriz Mato incidió en la importancia de la decisión del Supremo porque anula todo el Plan General de Ordenación, lo que exige iniciar la redacción de una nueva planificación, por lo que le reiteró el apoyo y asesoramiento técnico de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para que el Ayuntamiento inicie en el plazo más breve posible la tramitación necesaria para la redacción del Plan General de Ordenación Municipal. Añadió que cuanto antes se inicie la tramitación del nuevo PGOM, antes quedará solventada esta situación, y recordó que, en paralelo, también se pueden emplear otros instrumentos de ordenación urbanística, como son los planes parciales o sectoriales.
La conselleira de Medio Ambiente explicó que la sentencia del Tribunal Supremo “no anula una parte del plan, sino la totalidad del documento aprobado en 2008”, por lo que Vigo pasa a regirse por unas normas de ordenación de 1993, es decir, de hace 22 años.
Esta situación implica consecuencias negativas para la ciudad, unos efectos que aún están por dimensionar, ya que la Xunta no cuenta con información detallada de los proyectos urbanísticos o industriales previstos en Vigo al amparo del PGOM de 2008; sino que es el ayuntamiento el conocedor de los proyectos que se tenían que desarrollar en el futuro y por lo tanto puede calcular los efectos de la sentencia conocida esta misma semana.
En este sentido, destacó que la reunión celebrada esta mañana es un buen punto de partida para sentar las bases de la colaboración entre administraciones, para actuar con agilidad y diálogo para superar el escenario urbanístico que hoy hay en Vigo.
Así, desde la Xunta se solicitó un catálogo de prioridades sobre los proyectos más destacados para el ayuntamiento, con el fin de analizar entre todos qué instrumentos de ordenación se pueden establecer para garantizar su viabilidad urbanística.
Fotografía: Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia
R.