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El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, ha instado a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, a "que utilice su influencia para acelerar el proceso de aprobación por parte de la Unión Europea" del Reglamento Comunitario que establece la homologación de los contratos en el sector lácteo. Samuel Juárez considera "urgente" que la UE apruebe el reglamento que homologa las relaciones entre productores e industrias. -
El Gobierno autoriza licitar los primeros contratos del megaproyecto de construcción y posterior mantenimiento de la conexión por ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) entre el centro de la Península y Galicia que, en conjunto, está presupuestado en alrededor de 6.000 millones de euros y contará con financiación privada. El ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, reafirman la vigencia del Pacto del Obradoiro entre congratulaciones por esta licitación. -
La CEG cree que el rescate pedido por Portugal provocará un descenso de la inversión y el consumo que afectarán a los intercambios con Galicia, que tiene "importantes intereses" en el país luso. Cree que esta salida "se vislumbraba como la única opción posible" y pide "una reforma en profundidad" al nuevo Gobierno luso. La CEG dice que Portugal es el segundo socio comercial de Galicia, tanto en importaciones como en exportaciones. -
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha indicado que el astillero Barreras recibirá el aval de su Ejecutivo para finalizar un barco que tiene en la grada y ha mostrado su confianza en que el Gobierno, a través de Pymar, hará lo mismo. Feijóo dice que los astilleros que tienen pedidos y barcos en las gradas no se pueden ver imposibilitados para cumplir sus contratos por la ausencia de créditos, por lo que insistió en que la Xunta de Galicia cumplirá y avalará a Barreras. -
La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, ha recibido de su homóloga de Navarra, Elena Torres, el liderazgo de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, que asume con la "doble apuesta" de "reivindicar" el papel de las cámaras legislativas y potenciar su "presencia internacional" en distintos foros. -
El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, ha criticado el Real Decreto 460/2011, de 1 de abril, que regula aspectos como la contratación entre productores e industrias y la constitución de organizaciones de productores en el sector lácteo, puesto que, ha afirmado, se trata de "una norma realmente extraña que establece un futurible". Cuestiona el texto, "ultra restrictivo", porque supedita su vigencia a la aprobación de la normativa europea -
Las tres fuerzas con representación en el arco parlamentario gallego -PP, PSdeG y BNG- han suscrito, con el respaldo de la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, el Pacto Gallego por la Infancia con Unicef, por el cual se pacta la creación de "ciudades amigas" de los niños y se acuerda "promover su participación" en la familia. -
El total de residentes en Galicia a 1 de enero de 2011 asciende a 2.794.516 habitantes, según el avance del padrón municipal que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un descenso del 0,1% y una pérdida de 3.137 empadronados. Aumentan un 0,3% los extranjeros, que suponen el 3,9% de la ciudadanía gallega. -
El sector servicios y las mujeres son los más castigados por el desempleo en Galicia en el mes de marzo. La Xunta dice que se contiene la destrucción de empleo, comparativamente con el resto de España, y confía en un "tímido" descenso del paro en abril. El PSde G dice que es la cifra más alta de la historia de Galicia y el BNG pide un cambio de políticas ante este fracaso. -
El Gobierno gallego ha dado luz verde al proyecto de Ley de disciplina presupuestaria que aspira a "blindar" la solvencia financiera de la comunidad y los servicios públicos "a medio, corto y largo plazo", con medidas como "aumentar" las exigencias a las entidades del sector público cuyo endeudamiento "consolida déficit público" y limitar la deuda en periodos de bonanza económica. La nueva norma autonómica establecerá mecanismos de control y exigencia de responsabilidades ante posibles incumplimientos.
